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En \u00e9stos \u00faltimos meses me ha tocado asistir a v\u00edctimas que han sufrido la p\u00e9rdida de un ser querido causada por un menor de edad y aunque tanto la Fiscal\u00eda como los asesores de los familiares de la v\u00edctima intentaron que el juez dictara una sanci\u00f3n ejemplar por la violencia que se ejerci\u00f3 en el homicidio, la pena m\u00e1xima fue de cinco a\u00f1os. Es decir, que el menor infractor s\u00f3lo estar\u00eda dos a\u00f1os ocho meses en reclusi\u00f3n.<\/p>\n
Esto nos hace reflexionar sobre el sistema de justicia penal para adolescentes en M\u00e9xico que tiene como objetivo principal la protecci\u00f3n integral y la reinserci\u00f3n social de adolescentes en conflicto con la ley que establece que los j\u00f3venes mayores de 14 a\u00f1os y menores de 18 deben de estar sujetos a medidas de internamiento m\u00e1s flexibles orientados a su rehabilitaci\u00f3n, ya que la ley los considera en proceso de madurez f\u00edsica, psicol\u00f3gica y social, y por tanto sus conductas requieren un enfoque especializado y diferente al de los mayores infractores.<\/p>\n
El debate en torno a la eficacia de esta ley ha sido motivo de m\u00faltiples controversias, pues mantener como l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os de internamiento cualquiera que sea la gravedad del delito pone a las v\u00edctimas en un estado de injusticia por considerar esta pena insuficiente para satisfacer sus demandas de justicia y prevenir la reincidencia de conductas de alta peligrosidad, creando una sensaci\u00f3n de impunidad que trae aparejada no disuadir suficientemente a potenciales agresores que saben que saldr\u00edan beneficiados de un marco legal que prioriza su condici\u00f3n de menores, lo cual contrasta con los altos niveles de violencia e impacto en las v\u00edctimas.<\/p>\n
Resulta incre\u00edble el criterio de la edad y la diferencia de un d\u00eda y d\u00e9cadas de castigo. Para ilustrar, ponemos un ejemplo: imaginemos que alguien es sentenciado por feminicidio, por secuestro, violaci\u00f3n tumultuaria, habi\u00e9ndolo cometido por un menor de 17 a\u00f1os y 364 d\u00edas, la sanci\u00f3n m\u00e1xima en su condena ser\u00e1 de 5 a\u00f1os de internamiento en un centro para adolescentes; sin embargo, si la misma persona comete el mismo delito tan solo un d\u00eda despu\u00e9s, cuando cumple los 18 a\u00f1os y un d\u00eda y es sentenciado por los mismos delitos, podr\u00eda enfrentar penas de 70, 80, 90 y hasta 100 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esta diferencia incongruente basada en un criterio cronol\u00f3gico suscita serios cuestionamientos sobre la racionalidad y proporcionalidad del sistema penal.<\/p>\n
En delitos de alta gravedad resultar\u00eda esencial tomar en consideraci\u00f3n otros factores como el nivel de violencia empleada, la reincidencia en el delito, as\u00ed como el grado de madurez y desarrollo psicosocial, el contexto familiar y social, su capacidad de reinserci\u00f3n, el impacto en las v\u00edctimas, etc.<\/p>\n
A diferencia de la legislaci\u00f3n mexicana, en Estados Unidos existe la posibilidad de transferir a personas menores de edad al sistema de justicia para adultos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n de cada estado y con base en diferentes procesos legales como la \u201cjudicial Waiver\u201d (renuncia Judicial), la direct file (acusaci\u00f3n directa) y la \u201cprosecutorial waive\u201d (renuncia por parte de la fiscal\u00eda). Para tomar la decisi\u00f3n de llevar al menor a un tribunal de adultos se contemplan diversos factores siendo uno de ellos la naturaleza del delito, si es un crimen violento como homicidio, violaci\u00f3n o secuestro, feminicidio, etc\u00e9tera; tambi\u00e9n se toma en consideraci\u00f3n si es un menor reincidente o ha tenido conductas de extrema violencia basados en estudios psicol\u00f3gicos y psiqui\u00e1tricos presentados por la Fiscal\u00eda como evidencia para evaluar su desarrollo moral y cognitivo; tambi\u00e9n si la Fiscal\u00eda argumenta que el entorno familiar o social del menor no ofrece posibilidades de rehabilitaci\u00f3n se podr\u00e1 justificar el juicio como adulto para proteger a la sociedad.<\/p>\n
La idea de que los adolescentes son seres en desarrollo se fundamenta en m\u00faltiples estudios de neurociencia y psicolog\u00eda, investigaciones realizadas en diversas universidades como Harvard, Stanford y University of Pensilvania, han encontrado que las \u00e1reas del cerebro relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la empat\u00eda siguen madurando hasta los 20 a\u00f1os. En concreto, la corteza prefrontal responsable de las funciones ejecutivas no est\u00e1 completamente desarrollada en la adolescencia, lo que ha llevado a numerosos expertos a respaldar un sistema de justicia penal diferenciado para personas menores de edad. Todo esto puede contribuir a la comisi\u00f3n de delitos, sobre todo en contextos familiares y sociales desestructurados.<\/p>\n
Por \u00faltimo, es vital mantener la protecci\u00f3n de la mayor\u00eda de las personas adolescentes, pero crear un apartado especial que considere la posibilidad de extender las medidas de internamiento o incrementar su severidad cuando se acredite un alto nivel de violencia o reincidencia con apoyo en evaluaciones interdisciplinarias que incluyan peritajes psicol\u00f3gicos y sociales m\u00e1s completos para determinar, entre otros, el grado de peligrosidad y madurez, as\u00ed como la posibilidad de reinserci\u00f3n y establecer un sistema de responsabilidad penal progresiva, para que conforme el menor cumpla la mayor\u00eda de edad, sea sujeto a revisi\u00f3n e identificar si contin\u00faa representando un riesgo para la sociedad.<\/p>\n
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