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- Arturo Medina Galindo
- Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
- Twitter @Arturo_Medina_G
Se siente ofendida la clase “biker” de Quintana Roo; sin embargo, deberían ser empáticos con el problema número uno de nuestro país y nuestro estado: los crímenes de alto impacto. Sabemos que, en este como en muchos casos, “justos pagan por pecadores”, pero habría que poner de nuestra parte para el bien común.
Conozco a no menos de 5 personas que forman parte de clubes de motocicletas, todos ellos con vehículos de primera, Harley Davidson o similares, y que sus rodadas son inofensivas; es decir, son gente de bien pasando un buen rato, pero para aplicar la medida no se puede distinguir; todos deben entrar al aro.
Debemos darle el beneficio de la duda a la autoridad que en la modificación a la ley está contemplando:
Uso obligatorio, para motociclistas y acompañantes, de chaleco reflejante y casco de seguridad que cumplan con las NOM e incluyan una estampa con el número de placa de la unidad.
Como justificación, los números hablan por sí solos: de 408 homicidios dolosos este año en el estado, 326 se han perpetrado utilizando motocicletas; y de 180 personas lesionadas por arma de fuego, 165 casos también involucraron motocicletas. Por cierto, el costo de los chalecos y calcomanías no irá al bolsillo de los conductores, será absorbido por la autoridad.
En su defensa, los “bikers” aseguran que, en Colombia, en donde se usó por años este sistema, ocasionó que secuestros de motociclistas por varios días, usaban los vehículos para delinquir y luego liberaban a los propietarios, que eran detenidos por portar un número buscado por la policía; al final se aclaraba, pero el daño estaba hecho.
Sin embargo, a menos de dos años que dejaron de utilizarla en Bogotá, la alcaldesa está tomando una medida similar, por el aumento de crímenes a bordo de motocicletas.
EL FISCAL, NI SUS LUCES
Un delito más en Zona Hotelera: ahora la víctima fue un niño de 12 años. Independientemente de en qué termine o en qué momento me lea, pasaron días y días y el fiscal no informa, no comenta, no da esbozos de estar siguiendo pistas; simplemente como ha sido su gestión: no ve, no oye.
Independientemente de la cantidad de procesados y sentenciados, en estos casos de alto impacto social, la forma también importa y mucho, quizá serviría de consuelo que al final no haya impunidad, pero el tema es que en la mayoría de estos casos, como recientemente el asesinato en un autobús de transporte público frente a Playa Tortugas (en donde también hubo un “daño colateral”) no hay ninguna resolución, informe o seguimiento.
UBER A LA CARGA
Luego de ganar la batalla para prestar el servicio en Quintana Roo, ahora se la está jugando para entrar al aeropuerto, a pesar de la intervención de los taxistas “pirata” que cada vez juegan más agresivos. Los “pirata” cumplen con la ley al traer placas federales, pero no tienen un permiso de ASUR (el concesionario) como lo marca la ley; por otra parte, Uber y las transportadoras por aplicación no están contemplados en la ley, por lo que el amparo que presentan es su argumento para operar al margen.
Lo que me extraña es que la empresa Uber no aparece a dar posturas ni explicaciones de su manera de operar, manda como carne de cañón a los operadores, que no los representan como empresa y que terminan siendo los afectados, quedando entre la espada y la pared.