Por: Sergio Anguiano Soto
El Poder Legislativo, federal y local, tiene diversas funciones, atribuciones y facultades, derivadas del marco legal que nos rige. Entre otras, está la de ser el encargado de emitir leyes, aprobar presupuestos, autorizar algunos actos de los otros poderes, entre otras, así como, tratándose de los diputados, en virtud de la imposibilidad práctica de tomar el parecer a cada ciudadano en cada asunto importante que ataña al país, ser su representante.
Está representación de los ciudadanos, según recogen algunos medios, se encuentra en crisis, ya que la ciudadanía percibe que no está siendo llevada correctamente.
Uno de esos medios fue la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 realizada por el INEGI y el INE (INEGI/INE, 2021) cuyo trabajo arrojó cifras como estas:
– El 79.4% de los mexicanos considera que los diputados no representan los intereses de la mayoría de la población.
– El 76.4% de los mexicanos opina que los diputados no cumplen con sus promesas de campaña.
– El 71.4% de los mexicanos expresa poca o ninguna confianza en el Congreso de la Unión.
– El 65.4% de los mexicanos manifiesta poca o ninguna confianza en los partidos políticos.
– El 67.2% de los mexicanos cree que la democracia no funciona bien en el país.
Cuando se cuestiona los porqués de esta percepción, las respuestas son:
Los legisladores se han limitado a ser aliados de los Ejecutivos, locales y nacionales, cuando pertenecen a un mismo partido político; o un obstáculo insalvable, cuando han sido mayoritariamente oposición.
Que la labor legislativa se ha convertido en una competencia para ver cuál legislatura emite más leyes, haciendo muy intrincado al sistema jurídico, complicado de dominar y comprender, abigarrado, propiciatorio de lagunas, contradicciones e incongruencias entre los distintos ordenamientos y la de inclinar la labor legislativa hacia la gestoría, tarea que ha sido también espacio propiciatorio de corrupción.
Que el legislador debiera concentrarse en la función legislativa, y representar a ese pueblo ávido y necesitado de avances en todos los rubros y al que, mayoritariamente, poco le importan los vaivenes políticos; una labor que responda y gestione para el pueblo que le eligió. Y ser, como lo plantean los principios democráticos, contrapeso de los otros poderes constituidos.
Estos y otros argumentos han venido haciendo que expertos hayan empezado a delinear una figura que haga que el ciudadano común tenga una mayor participación en las decisiones que impactan en el entorno social de sus comunidades, y que puedan vigilar que éstos órganos lleven a cabo sus funciones y atribuciones cumpliendo con lo que la Ley les ordena y que no se limitan a ostentarse como representantes populares, sino también garantes de que sus decisiones se respeten, asignar recursos y asegurarse que lo aprobado efectivamente alcance el propósito para el que fue asignado; todo esto dentro de un marco de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, utilización de las tecnologías de la comunicación, oportunidad y participación ciudadana.
Esta figura es la del Parlamento Abierto, figura que conviene tener presente debido a que pronto podría ser parte de nuestra realidad política y social. La ciudadanía demanda un cambio.