Cuarto de Huéspedes

Por EVENCIO FLORES GUTIÉRREZ

La injusticia más peligrosa es la que se disfraza de ley”

— Aristófanes

México podría pasar a la historia como ejemplo de una «ley deformada», aplicada a modo y conveniencia, y que en múltiples ocasiones nos provoca repulsión al recordarla:

• “Jueces liberan a 72 líderes del crimen organizado” (El Universal, 03-03-2025)
• “Ordenan liberar a ‘El Chuy’, presunto líder del CJNG” (Infobae, 05-03-2025)
• “Entra uno y sale otro; liberan a ‘El Gordo de Zempoala’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima” (16-02-2025)
• “Cámara de Diputados mantiene el fuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de abuso sexual: 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones” (ADN40, 26-03-2025)
• “Monreal califica de ‘Heroínas Temporales’ a diputadas que votaron contra Cuauhtémoc Blanco; PAN llama ‘farsa’ a su comparecencia” (El Universal, 27-03-2025)

En este país, con fuero o sin fuero, nadie parece temerle a la justicia. MORENA, PRI, Partido Verde y PT han sellado su destino ante la historia, y esta no olvida.

El galimatías deportivo

Dos casos en el deporte ilustran cómo la política y la ley, cuando se entreveran, pueden convertirse en un caos institucional:

Primero, el atletismo. Antonio Lozano Pineda, quien se aferra al cargo con el respaldo de World Athletics y del Comité Olímpico Mexicano (COM), enfrenta a Israel Benítez, que cuenta con el respaldo de la ley mexicana y busca, por todos los medios, legitimarse y tomar control de una federación histórica que ha dado glorias olímpicas al país.

Luego, la natación. Kiril Todorov, presidente suspendido por World Aquatics hasta octubre de 2026, ha sido sostenido en el cargo durante cuatro procesos electorales con el respaldo de la CONADE, tanto con Alfredo Castillo como con Ana Guevara. Esta última alcanzó niveles históricos de desprestigio tras espetar a las nadadoras de nado sincronizado: “por mí que vendan calzones o Avon; son mentirosas y deudoras”.

En este caso, el COM se alineó con un Comité de Reconocimiento constituido por World Aquatics el 22 de noviembre de 2024, fecha en que se expulsó oficialmente a la FMN encabezada por Todorov. En esa misma sesión se nombró a Marijose Alcalá como cabeza de dicho comité, acompañada por Guillermo Cortés, Alejandra Orozco, Jorge Iga y Maureen Croes. El objetivo: fundar una nueva federación y asegurar los derechos de los deportistas acuáticos ante instancias internacionales.

Posteriormente se incorporaron dos medallistas olímpicos: Jesús Mena y Fernando Platas, este último mencionado ya como posible presidente fundador de la nueva Federación Mexicana de Deportes Acuáticos.

Los deportistas pagan los platos rotos

En medio de este embrollo, los más afectados son los atletas. Muchos resultados obtenidos en Campeonatos Nacionales CONADE no fueron registrados por World Athletics debido a la falta de reconocimiento de autoridades legítimas.

Y la situación es aún más grave. Algunos patrocinadores de la FMAA podrían estar bajo la lupa de Hacienda si se comprueba que pagaron a alguien que usurpa funciones y no ha declarado esos ingresos.

Por otro lado, los clavadistas mexicanos —doce en total— que participarán en el Mundial de Guadalajara (3 al 6 de abril) están inscritos como Competidores Neutrales (NAC): sin bandera, sin himno. Las autoridades trabajan a marchas forzadas para evitar este agravio nacional, que además pone en riesgo una millonaria inversión pública. Rommel Pacheco, titular de la CONADE, ya vivió algo similar en la Copa Mundial de Río 2016, donde tuvo que subir al podio con una camiseta de Popeye tras cancelarse la sede original en Guadalajara y no pagar la multa correspondiente.

¿Dónde está la justicia?

Volvemos a Aristófanes: la injusticia disfrazada de legalidad. Aquí, jueces y burócratas sostienen a dirigentes sin reconocimiento internacional, mientras despojan a los atletas del derecho más elemental: representar a su patria con el nombre de México al pecho y el himno en la garganta.

El basquetbol nacional lo sabe bien. Aún no se repone de dos décadas de manipulación legal, donde un abogado apadrinó a un dirigente que luego lo echó sin el pago prometido. Durante ese tiempo, niños y jóvenes no pudieron vestir el jersey tricolor porque la FMB estuvo secuestrada. Hasta que desde la CODEME se aplicó una medicina radical: fundar una nueva federación “supuesta” que hoy sigue exigiendo reconocimiento… y dinero.

¿Será necesario repetir la receta con la FMN?

Olegario Vázquez Raña: El vacío que deja el poder

En medio de esta crisis institucional, el deporte mexicano ha perdido a uno de sus grandes constructores. El pasado 28 de marzo falleció Olegario Vázquez Raña a los 89 años. Empresario visionario, representante olímpico en cuatro justas, presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo por casi 40 años y pieza clave en la política deportiva internacional. Fundador de Grupo Ángeles, Vázquez Raña fue más que un dirigente: fue poder.

¿Quién ocupará su silla en el Comité Olímpico Internacional? ¿Quién, desde México, será ahora capaz de levantar la voz en las grandes decisiones del olimpismo?

Una luz: el regreso de la Olimpiada Nacional

En medio de tanta descomposición, hay razones para creer. Regresa la Olimpiada Nacional, aquella que Ivar Sisniega impulsó desde Guadalajara en 1996. Allí nació la primera Gaceta Oficial que firmamos junto a nuestro querido maestro Jorge Bermejo —a quien felicito por su cumpleaños del 27 de marzo—. Y fue en esa primera edición donde una joven velocista llamada Ana Guevara brilló como reina del evento.

Qué ironía que esa misma mujer, desde una visión visceral, estuvo a punto de desaparecerla. Pero gracias a que Rommel Pacheco y Marijose Alcalá dejaron a un lado sus diferencias, la Olimpiada Nacional 2025 es ya una realidad. Y gracias al gesto del clavadista yucateco, Ivar Sisniega —hoy presidente de la FMF— fue invitado al anuncio oficial celebrado en el CNAR.

Honor a quien honor merece.

Que hablen los estados

Los gobernadores de todo el país han vuelto a ver en la Olimpiada Nacional el eje central de sus políticas deportivas. Y los resultados se verán pronto, porque el talento está ahí, en todos los rincones. Solo falta detectarlo (necesitamos maestros de educación física), formarlo (entrenadores certificados) y ponerlo a competir en condiciones justas y dignas.

Por lo pronto, tómese nota de los gobernadores de Yucatán y Puebla —Joaquín “Huacho” Díaz Mena y Alejandro Armenta Mier—, quienes no solo alzaron la mano, sino que posaron para la foto haciendo corazones con las manos. Que se les dé más disciplinas como sede para la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Por Rafael Martínez Cristo

rafaelmcristo@gmail.com

En la última semana de febrero, la gobernadora Mara Lezama firmó un acuerdo de vinculación de estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas con el sector productivo de la entidad, un convenio que no sólo debe permanecer, sino fortalecerlo y aumentarlo para que cada vez más egresados de los institutos de educación superior cuenten con oportunidades dignas de empleo y remuneración.

El asunto no es menor, por el contrario, se trata de una apuesta de “ganar-ganar”, toda vez que las empresas del estado darán entrada a gente comprometida con su entidad y, en muchos casos, con la tierra que los vio nacer.

Sin caer en posturas “chovinistas”, siempre será plausible el hecho de que el sector productivo local privilegie a la gente preparada del estado, en lugar de importar talento, al brindar oportunidades a los egresados de las universidades locales, lo que genera confianza, compromiso y abate problemas como el desempleo.

En un principio, este convenio beneficiará de manera directa a más de 5 mil 500 alumnos de seis universidades, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Paul Carrillo, y las instituciones educativas.

Con este convenio los estudiantes universitarios tecnológicos podrán participar en acciones como Capacitación Empresarial, que contempla cursos, talleres y programas dirigidos a estudiantes y docentes para el fortalecimiento de las competencias empresariales; Articulación Productiva, para facilitar la vinculación de estudiantes con sectores productivos mediante prácticas profesionales y proyectos de impacto.

Además, Fomento Artesanal y Atracción de Inversiones, a fin de apoyar la mejora de procesos en la producción artesanal e impulsar cadenas de valor; y el Financiamiento y Comercio Exterior, para proveer asesoría sobre acceso a programas de financiamiento para emprendedores universitarios.

La gobernadora Mara Lezama expresó su satisfacción, pues dijo que mediante este convenio se potenciará el papel de las universidades tecnológicas y politécnicas en áreas estratégicas como la innovación, el turismo, las energías renovables y la sostenibilidad, que impulsen el desarrollo económico y social del estado, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“A través de este importante instrumento se podrán vincular mejor los contenidos educativos con la demanda de los sectores productivos, e instrumentar programas formativos que sean innovadores y que generen empleo y desarrollo en áreas aún no exploradas”, dijo la gobernadora.

Con acciones como ésta, el gobierno humanista da un enorme paso hacia la prosperidad compartida de la que el sector estudiantil no puede quedar atrás.

La comunicación gubernamental en Solidaridad enfrenta un desafío crítico: transformar la percepción de una administración desconectada en una gestión auténtica y comprometida con las necesidades de la gente. En un contexto donde la transparencia y la confianza en las autoridades han sido erosionadas, progreso, credibilidad y cercanía deben ser algo más que términos para adornar comunicados; deben traducirse en acciones concretas y sostenidas que demuestren respeto y empatía hacia la ciudadanía.

Progreso sin excusas: Aunque se anuncian proyectos con bombo y platillo, la realidad en las calles rara vez coincide con las promesas oficiales. El verdadero progreso no se mide solo en obras o eventos públicos, sino en su impacto duradero en la calidad de vida de las personas. Solidaridad, enfrenta desafíos urgentes —seguridad, escasez de agua y falta de servicios básicos— que requieren proyectos alineados con un plan integral, no iniciativas aisladas para mejorar la imagen pública. Cada obra debe explicarse con claridad: sus plazos, costos y resultados concretos. Solo así el gobierno puede ganarse la confianza de una población cansada de discursos vacíos.

Credibilidad como principio rector: La credibilidad de un gobierno está en sus acciones, no en su retórica. Un gobierno que rinde cuentas claras, muestra coherencia y no rehúye los temas difíciles es un gobierno que respeta a su gente. Sin embargo, se sigue observando decisiones políticas sin transparencia, las cuales generan más dudas que confianza. Una administración que se limita a anunciar “logros” sin incluir datos verificables, sin evaluar sus impactos y sin reconocer sus errores, es una administración que se aleja de la verdad y pierde el respeto del público. Para recuperar la credibilidad, el gobierno debe abandonar la opacidad, explicar cada paso y enfrentar los errores con humildad y claridad.

Cercanía que involucre a la ciudadanía: La cercanía no puede limitarse a una presencia física o digital; debe incluir la voz de la gente en las decisiones. La ciudadanía de Solidaridad quiere ser escuchada y formar parte del cambio, no solo ser receptora de información. Crear foros de consulta pública, abrir espacios de participación real y garantizar la inclusión de los sectores más afectados por las políticas es esencial para una cercanía genuina. En lugar de responder con promesas, el gobierno debe comprometerse a trabajar junto a la comunidad y atender sus necesidades urgentes. La cercanía debe reflejarse en un diálogo continuo y auténtico, no en interacciones calculadas para mantener una imagen.

El llamado a un cambio estructural en la comunicación: La transformación de Solidaridad solo será posible cuando la administración deje de ver la comunicación como un accesorio de relaciones públicas y la convierta en un mecanismo de empoderamiento ciudadano. La comunidad no necesita más mensajes adornados o cifras manipuladas; necesita claridad, consistencia y compromiso. Solo una comunicación verdaderamente abierta y participativa permitirá avanzar con una administración responsable, honesta y realmente cercana a su gente.

En resumen, la comunicación debe ser un pilar activo y auténtico de gobernanza, no un recurso de autopromoción; alentar al gobierno a adoptar prácticas más transparentes y participativas para ganar la confianza de la ciudadanía.

@LOTECL777

Por Rafael Colonia Lizama

Creo sinceramente que en este caso es necesario elogiar la labor de la Ejecutivo estatal por sus aciertos en enviar al Congreso leyes como las que nos darán certeza jurídica en materia inmobiliaria, pues ha tenido el atino de ponerles candados a comercialización de proyectos inmobiliarios que acaban con la preventa de saliva, es decir, a partir de ahora nadie podrá vender o prometer vender predios o desarrollos inmobiliarios, condominios, fraccionamientos o terrenos en subdivisiones que no se hayan autorizado y acabar con la especulación y que además no cuenten con los permisos previos.

Aunque desde el año 2010, en el Periódico Oficial del Estado salió la publicación de reformas a la Ley Penal, con lo cual se trataba de acabar con los fraudes en materia inmobiliaria en donde se incluyen en el Código Penal del estado el título Décimo Primero, que se refiere a DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO, que establecía que comete este delito el que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad o teniéndolo no respete las indicaciones del mismo, con el objeto de transferir la propiedad en cualquiera de sus modalidades; al que sin contar con dichos permisos de urbanización,  permita asentamientos urbanos integrados por dos o más familias abarcando dicho delito y a quien teniendo conocimiento del hecho no lo denuncie al Ministerio Público, al que diera posesión de predios sin urbanizar y que no cuenten con las autorizaciones; al servidor público que expida licencias, permisos o autorizaciones permitiendo el uso del suelo o construcciones respecto de lotes previamente fraccionados sin los permisos correspondientes, así como al Notario Público que en ejercicio de sus funciones dolosamente intervenga en un asentamiento  irregular o autorice alguna promesa de venta o compraventa sin cerciorarse de que el o los predios cuenten con las autorizaciones respectivas; al que autorice u ordene cualquier tipo de publicidad ofreciendo lotes o predios en venta sin contar con las autorizaciones correspondientes etcétera.

Las licencias y permisos otorgados por la autoridad, a sabiendas de que el proyecto no cuenta con las autorizaciones, estarán afectadas de nulidad absoluta y en su caso, el Ministerio Público, al ejercer acción penal en contra de los responsables asegurará y pondrá en custodia el bien inmueble objeto de la indagatoria ante el organismo encargado de Desarrollo Urbano para su resguardo, y además deberá de girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, ordenando se realice la anotación preventiva a fin de evitar movimientos traslativos de dominio.

Lamentablemente esta ley aparentemente quedó en el tintero, pues algunos desarrollos entraron en preventa y venta sin cumplir con la norma de la autoridad; sin embargo, acaba de salir y es nuevecita la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que cancela la posibilidad de registrar las subdivisiones y actos relacionados con construcciones, porque además nos obligan a adjuntar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) cualesquiera que sea el desarrollo. De esta forma, primero tendrán que tramitar sus autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano para poder acceder a las autorizaciones de la nueva ley.

Por Miguel Ángel González Manjarrez*

En la industria financiera, la figura del actuario juega un papel fundamental en la evaluación y gestión de riesgos. Un actuario es un profesional especializado en el análisis de datos y la modelización matemática para prever y mitigar los riesgos asociados a diferentes aspectos financieros, como seguros, inversiones y temas actuales como la inteligencia artificial.

La labor del actuario es crucial para las empresas y organizaciones que buscan proteger sus activos y garantizar la viabilidad a largo plazo de sus operaciones.

Una de las áreas en las que los actuarios son especialmente importantes es en la inversión de los recursos financieros de una empresa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la institución encargada de regular y supervisar el correcto funcionamiento de las entidades financieras en México. Es vital que las empresas y personas que deseen invertir sus recursos lo hagan a través de instituciones reguladas por la CNBV, ya que esto garantiza que sus inversiones estén protegidas y que se cumplan con todas las normativas y requerimientos legales.

Invertir en instituciones reguladas por la CNBV no sólo proporciona seguridad y respaldo a los inversionistas, sino que también ayuda a fortalecer el sistema financiero del país y contribuye al desarrollo económico. Por otro lado, no hacerlo puede tener graves consecuencias, como exponerse a fraudes o estafas financieras, perder todo el capital invertido e incluso enfrentar sanciones legales por realizar operaciones fuera de la ley.

Por tanto, es fundamental que las empresas y personas que deseen invertir en el mercado financiero se asesoren con un actuario con experiencia y conocimiento en la materia. Los actuarios cuentan con las herramientas y el conocimiento necesario para evaluar los riesgos de las inversiones y recomendar las mejores estrategias para maximizar los rendimientos y proteger los activos.

La figura del actuario juega un papel crucial en la industria financiera, especialmente en la evaluación y gestión de riesgos en las inversiones. Invertir en instituciones reguladas por la CNBV es fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de las operaciones financieras, mientras que no hacerlo puede tener consecuencias catastróficas. Por ello, es importante buscar el asesoramiento de profesionales cualificados y mantenerse informado sobre las regulaciones y normativas del mercado para asegurar el buen desarrollo de las inversiones.

• Miguel Ángel González Manjarrez

Actuario por la UNAM

CEO Math-Strategies

Instagram: miguelangelglzm

Por Oscar Jesús Buenfil Rojas*

Cuando una persona o un grupo de personas deciden emprender, tienen frente a sí una tarea difícil que para tener éxito requerirá mucho trabajo y sacrificios. Claro, en este país donde emprender es una aventura de inciertos resultados, quienes logran alcanzar las metas suficientes para que el negocio comience a dar ganancias suelen permanecer concentrados en los temas que lleven a su empresa a ser exitosa. Sin embargo, no es extraño que aun cuando las empresas se encuentren bien establecidas, hayan pasado por alto la pregunta que se ha planteado en un principio.

Pese a que no lo escuchamos con regularidad, la responsabilidad penal de las empresas existe, y a lo largo de los años han aparecido las normas jurídicas que le han dado forma para que evolucionemos de aquella idea, ahora bastante superada, de que las empresas no delinquen, sólo las personas físicas. En marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que sigue vigente y que en sus artículos 421 al 425 establece el procedimiento para personas jurídicas en caso de cometer delitos.

Este se complementa con la legislación sustantiva de cada entidad de la república, que ya deberían tener el marco jurídico necesario para llevar a juicio penal a las empresas. Pero no en todas las entidades del país existen esas disposiciones y, por lo tanto, no en todas se puede llevar con éxito a juicio a las personas jurídicas por cometer delitos. Sin embargo, no es el caso de Quintana Roo. En nuestro estado, el Código Penal contiene, desde el año 2017, no sólo un catálogo de delitos por los que una empresa puede ser llevada a juicio, sino que se construyó un sistema de reglas que constituyen un verdadero sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, y que apunta claramente a los delitos realizados en el ejercicio de actividades referentes al objeto social cometidos por sus empleados por falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada.

Por eso, las empresas quintanarroenses deberían poner más atención en este tema, y aprovechar también que Quintana Roo tiene el sistema de atribución de responsabilidad penal empresarial mejor desarrollado del país y que ha sido incluso el modelo para otras entidades. ¿Cómo aprovecharlo? Haciendo uso de las mismas disposiciones que contiene referentes a las excluyentes de responsabilidad penal de las empresas y que si pudiéramos resumirlas se refieren al llamado Compliance Penal.

El código señala claramente los casos en que el adoptar modelos de organización, gestión y prevención de riesgos penales que incluyan medidas de vigilancia idóneas para prevenir delitos pueden funcionar para excluir de la responsabilidad penal a las empresas e incluso da los requisitos mínimos que los modelos de organización control y prevención deben contener para ser eficaces y lograr la exclusión de responsabilidad penal.

El tema del compliance es sumamente amplio, pero sin duda, es algo que se deben plantear las empresas, si es que quieren prevenir el ser imputadas de un delito. Implementarlo con éxito dependerá mucho de las actividades de cada empresa y la identificación efectiva del tipo de riesgos que pueden enfrentar, pero ¿Cómo saberlos si la mayoría de las empresas no se preocupa por realizar este tipo de actividades de prevención?

Es momento de que las empresas, sean del tamaño que sean, acepten que el riesgo penal siempre está presente, y no confiar a la suerte que esas cosas no les pasarán. La falta de conocimiento sobre el compliance penal a menudo lleva a las empresas a una falsa sensación de seguridad, lo que puede resultar en una reacción tardía y costosa ante incidentes legales de carácter penal. No es lo mismo para una empresa enfrentar acusaciones de fraude, homicidio, hostigamiento sexual, lesiones etc. teniendo un sólido sistema de cumplimiento normativo, que no teniéndolo. Esa puede ser la diferencia entre la continuidad de la empresa o su fin.

* Oscar Jesús Buenfil Rojas

Lic. en Derecho por la Universidad Tecnológica de México

Maestro en Derecho Penal y Amparo

Catedrático de Universidad Modelo, Campus Chetumal.

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