Los retos de la transportación turística

 

 

Años, muchos años llevamos en esta lucha por una pretendida liberación del transporte, que permita que cualquier transportista turístico pueda circular libremente por calles, avenidas, vías estatales y carreteras federales, llevando a los turistas a sus destinos, sin ser molestados o interceptados por taxistas, autoridades locales que interpretan la ley a su manera o a conveniencia de los sindicatos de chafiretes y recientemente auspiciados por “creativas” reformas promovidas por los también “creativos” y novedosos institutos de movilidad en diversas partes del país.

La Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, aunque antigua, sigue siendo clara, aunque no para todos. En su articulado establece que los permisionarios federales están facultados para realizar ascensos y descensos en aeropuertos, terminales marítimas, etc., siempre que sean previamente contratados.

Como el texto no dice hoteles, los ilusos taxistas y sus asesores argumentan en algunos destinos turísticos que la placa federal no nos permite llevar a los turistas desde su hotel al aeropuerto; cosa absurda, ilógica y sin sentido, que ha sido solapada por algunas autoridades, lo que nos ha llevado a sinnúmero de diferendos y discusiones.

Otra controversia que suscita el texto es el concepto “previamente contratados”. La ley no establece qué significa previamente, lo que nuevamente da lugar a que los ilustres taxistas, sus asesores y otros iluminados hagan la interpretación que más les convenga. Así, “previamente” en Los Cabos es 72 horas antes; en Cancún es en el lugar de origen de los turistas y en Cozumel simplemente no hay discusión, en esa isla no podemos operar porque a juicio del monopolio taxista allá no hay vías federales, por lo que un transportista con placas federales, en Cozumel simplemente no tiene cabida. ¿Y los turistas, y la calidad?… bien, gracias.

 

En Puerto Vallarta y Nayarit, para transportar a menos de 6 pasajeros se requiere “un permiso especial”, uno que quién sabe quién otorga y que no figura en ninguna ley, pero que los taxistas se encargan de hacer valer; se trata de pagar una “mona” como se llama por esos lares, que no es más que una extorsión por cada camioneta que transporte menos de 6 pasajeros del hotel al aeropuerto, “mona” que puede variar según el humor de los taxistas, la categoría del hotel o la temporada vacacional.

Las autoridades y los gobiernos, para quitarse de encima a los taxistas, o mejor dicho para protegerlos y que también se puedan beneficiar del negocio turístico, se han inventado leyes y reglamentos, que son a todas luces ilegales e inconstitucionales, pues ninguna ley estatal, y menos municipal, puede estar por encima de una ley federal. Y así en Los Cabos llevamos años con un absurdo registro estatal que dificulta la tarea del turismo receptivo, que es absurdo y que nos resta competitividad, una sobrerregulación que pasa por alto a la ley federal. En Cozumel, un presidente municipal de triste memoria se inventó un Registro Municipal para que el transporte turístico pueda circular; ilegal y absurdo.

En Quintana Roo, recientemente se aprobaron modificaciones a un artículo de la Ley Estatal de Movilidad, que nuevamente pretenden una sobrerregulación; inconstitucional también.

El asunto, es que los gobiernos tienen un problema y un reto social con los taxistas, y como no pueden o no quieren enfrentarse a ellos (UBER, para mayor ejemplo), les hacen leyes a modo, les conceden acuerdos y nos hacen la vida difícil a los empresarios turísticos para darles gusto de cuando en cuando.

En unos destinos trabajamos mejor que en otros, en algunos hay mayor flexibilidad y respeto por la ley, como en Cancún; en otros, como en Los Cabos, es un viacrucis permanente; en Vallarta y Nayarit triunfa la extorsión y la ausencia de autoridad; y en Cozumel, simplemente no hay otra ley que el monopolio taxista.

Es por todo ello que llevamos años promoviendo una iniciativa de Ley Federal de Autotransporte Turístico, una ley nueva y moderna, exclusiva de nuestro sector, que de una vez por todas deje bien claro para todos los actores qué es lo que SÍ PODEMOS hacer con las placas federales. Una ley que no limita en absoluto a los taxistas, pero que no tiene lagunas, ni deja conceptos a la discrecionalidad o la interpretación caprichosa.

Si no lo lográramos, esperamos por lo menos reformas sustanciales, claras y contundentes a la actual Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que dé certeza jurídica, que facilite la cosa turística y que permita o privilegie el libre derecho de los turistas a elegir el tipo de transportación que más le convenga.

Competitividad, frente a otros destinos del mundo, modernidad y derribar barreras y obstáculos es lo que se requiere para consolidar al turismo.

A ver si nos escuchan…