Revista Latitud 21

Piden ejercer la seguridad pública en caso de presunto despojo de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá

 

A tres años del caso del presunto despojo e invasión ilegal de los hoteles Mayaland y The Lodge, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el asunto sigue sin resolverse, pero cada vez son más los espacios donde se destapa la presunta corrupción entre funcionarios, autoridades y jueces de Yucatán, quienes favorecieron a Inmobiliaria R4 y Rodolfo Rosas Moya, en detrimento de Fernando Barbachano, legítimo propietario de los hoteles.

Ahora, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la mañana”, el abogado Gerardo Ostos Rincón Gallardo, representante del legítimo propietario de los predios e inmuebles, que es Fernando Barbachano, dijo que los tribunales del Poder Judicial de la Federación han reconocido el derecho que tiene el señor Fernando Barbachano.

 

 

Dijo que “actualmente es más bien una cuestión de seguridad pública. Lo que se requiere es que las autoridades de seguridad pública del estado de Yucatán, con el auxilio de ser necesario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, apoyen al señor Barbachano a desalojar a los invasores”.

Recordó que el asunto deriva de un contrato de promesa de compraventa. “Es un contrato previo, preparatorio, que tiene como finalidad otorgar certeza jurídica a las partes que lo celebran. Si se cumplen ciertos requisitos y condiciones en tiempo, se firma el contrato definitivo de compraventa. En este caso no se cumplieron los requisitos, específicamente los requisitos de pago, en un plazo determinado. Y con eso se cancela no solo la operación, sino el compromiso. Se notificó oportunamente a través de notario público por el señor Fernando Barbachano”.

 

Relató que esto fue en octubre de 2020. Durante todo el 2021 los hoteles operaron de manera regular, pero en febrero de 2022, “un grupo de aproximadamente 50 hombres armados irrumpieron en la madrugada para tomar de manera violenta la posesión de los hoteles”.

Dijo que esto ocurrió por un aseguramiento que previamente había decretado sobre los inmuebles la Fiscalía de Quintana Roo. “Desde ahí empiezan las irregularidades porque estos hoteles están ubicados en Yucatán. La Fiscalía de Quintana Roo no tiene competencia legal para actuar al respecto. Y a partir de ese momento han ocurrido una serie de irregularidades en diversos procesos judiciales que hay en torno a este asunto”.

Aclaró que ya se resolvió por tribunales federales que la contraparte no tiene ningún derecho sobre los inmuebles, pero no se ejecuta.

Explicó que la Fiscalía de Quintana Roo en septiembre de 2023 cancela el aseguramiento y le ordena a la de Yucatán la entrega material de los inmuebles en favor de su dueño. “Ya van 16 meses de desacato por parte de la Fiscalía de Yucatán”.

Por eso, dijo que ya enviaron documentos tanto al secretario de Seguridad Pública del Estado como al propio gobernador, con copia para la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, solicitando el auxilio de la fuerza pública para sacar a los invasores de los inmuebles.

Reiteró que no hay por propiedad o por posesión. “Es un litigio penal por el delito de despojo en contra de las personas que se metieron sin autorización a los inmuebles”.

El abogado insistió, como en otros espacios, en señalar una presunta implicación del exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila. “Tenemos nosotros la presunción de que el gobernador Vila en su momento, cuando ocupaba el cargo, estuvo implicado en este asunto. Se dice que Rodolfo Rosas Moya, que es el que estuvo atrás del despojo, es su prestanombres.

Justificó ese argumento porque “el día en que se cometió el despojo arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso de la Guardia Nacional, pero no para restituir el orden, sino para custodiar a las personas invasoras”.

Por eso, añadió que ya hay una carpeta de investigación con datos de prueba contundentes por hechos de corrupción. Hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que ejerza su facultad de atracción, porque actualmente está en la Fiscalía Especializada de Yucatán, que lamentablemente tampoco ha actuado con debida diligencia en esa investigación.

 

Malos manejos financieros

Dijo que los hoteles están operando a través de una empresa que no tiene autorización para operar los hoteles y por lo tanto hay incluso una operación de lavado de dinero.

Pidió a todos los medios de comunicación que le den seguimiento al asunto que se ha tornado más escandaloso a raíz de que el asunto salió en la conferencia Mañanera.

“Les pediría que le dieran seguimiento también con el gobernador del Estado de Yucatán. A fin de cuentas es un gobernador distinto al que aparentemente estuvo implicado. Es inaudito que dos hoteles emblemáticos que están ubicados en el corazón de Chichen Itzá, una de las siete maravillas del mundo moderno, estén operados por un grupo de bandoleros que no tienen derecho”.

 

A nivel internacional y a oídos de Sheinbaum

 Este arrebato ha ido escalando al nivel en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya intervino, a causa de la complicidad entre malhechores, resalta el nombre de Rodolfo Rosas Moya quien fungiera como «comprador» y Mauricio Vila Dosal, exgobernador y actual senador.

El tema ya llegó a oídos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su Mañanera dijo que ya instruyó que se investigue el caso para darle solución.

 

El tema del despojo del hotel Mayaland Chichén Itzá fue planteado en la conferencia de prensa “La Mañanera” que encabeza la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la negligencia de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán en el cumplimiento de la ley, así como de una serie de irregularidades en este caso.

El abogado y representante legal del Mayaland Chichén Itzá, Gerardo Ostos Rincón Gallardo destacó que al ser tema de “La Mañanera” el caso de despojo al empresario Fernando Barbachano Herrero refleja el impacto de las acusaciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del exgobernador, actualmente Senador del PAN, Mauricio Vila Dosal, por complicidad y violaciones de la ley para favorecer a Rodolfo Rosas Moya.

Puntualizó sobre el comentario de la presidenta de la República de que Yucatán es uno de los estados más seguros del país, por lo cual se espera que intervenga la Federación debido a que desde hace más de dos años el hotel Mayaland fue secuestrado por un grupo armado contratado por Rodolfo Rosas Moya, quien incumplió una promesa de compra con el empresario Fernando Barbachano Herrero.

“Con este segundo llamado de intervención a la presidenta Claudia Sheinbaum se hace notorio la desastrosa negligencia de las autoridades de Yucatán”, asentó.

El abogado reiteró la inactividad de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que se encuentra en desacato y omite cumplir la orden de un juez federal de entregar el Mayaland a su legítimo dueño, el empresario Fernando Barbachano Herrero.

Ostos Rincón Gallardo afirmó que con este segundo planteamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, se espera que el Gobernador Joaquín Díaz Mena atienda y dé respuesta al plebiscito constitucional que se le solicitó.

“No debemos olvidar que las denuncias por corrupción y otras quejas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están siendo analizadas por lo cual este caso pasó de ser local y nacional al plano internacional”, subrayó.

Por ello, la urgencia de que las autoridades locales cumplan los mandatos judiciales y le devuelvan la posesión física del Mayaland Chichén Itzá al empresario Fernando Barbachano.

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