- Nelly García
- ngarcia@latitud21.com.mx
- Carta de la Editora
Concluyó la temporada de huracanes y, afortunadamente, en Quintana Roo una vez más se tuvo saldo blanco: ningún ciclón golpeó nuestra geografía estatal. Sin embargo, nos solidarizamos con los hermanos de otros estados que, aunque no fue por huracán, sí fueron azotados por lluvias torrenciales que causaron estragos y encendieron las alarmas sobre la indefensión de la gente ante fenómenos como estos. En entidades como Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, los números son claros: decenas de muertos, personas desaparecidas y miles de viviendas dañadas.
La tragedia tiene dos rostros: el humano y el institucional. En lo humano, más de 80 vidas perdidas por las lluvias y otras tantas en calidad de no localizadas. En lo institucional, enfrentamos un doble problema: protocolos que existen en el papel pero no se ejecutan, y autoridades que, ante la emergencia, muestran omisiones o negligencia.
¿Qué está fallando? Primero, la difusión y la capacitación. ¿Cuántas comunidades recibieron alertas claras y tiempo suficiente para evacuar? En Poza Rica, Veracruz —uno de los municipios con más víctimas mortales— los vecinos declararon que no fueron avisados del desbordamiento del río Cazones. Si la alerta se emite pero llega tarde o no se comprende, la prevención queda en mero formalismo.
Segundo, la revisión de lo que se “debe cumplir” y lo que realmente se hace. No basta con tener un plan de protección civil: hay que verificar cauces limpios, drenajes funcionales, rutas de evacuación y personal preparado.
Y tercero, el papel de la autoridad. ¿Cómo explicar un saldo mortal tan alto cuando existen cuerpos de protección civil, alertas meteorológicas y despliegue estatal y federal?
El costo financiero también es alto. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los siniestros por lluvias e inundaciones ascienden a 4 008 casos con daños por 1 206 millones de pesos —995 millones en viviendas y 211 millones en vehículos. Más allá del monto, los estados más afectados tienen el menor nivel de aseguramiento de hogares (15 % a 35 %), lo que obliga al Estado a asumir la reconstrucción y deja a las familias en la precariedad.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
Fortalecer protocolos: revisar, actualizar y certificar los procedimientos antes, durante y después de los eventos, con participación comunitaria.
Capacitación y difusión: no basta emitir alertas; la población debe entenderlas y saber qué hacer. Se requiere educación preventiva, simulacros y participación de escuelas y organizaciones civiles.
Transparencia y rendición de cuentas: si hay deficiencias —pólizas vencidas, drenajes colapsados, equipos sin mantenimiento— la autoridad debe responder.
México no puede permitir que la “inesperada” intensidad de la lluvia siga cobrando vidas que eran prevenibles. El papel del Estado y de los gobiernos locales va mucho más allá de los comunicados de auxilio: es una obligación moral y política asumir que la tragedia no empieza cuando el agua arrastra casas, sino cuando la alerta, la prevención y la protección no llegan a tiempo. Y cuando eso ocurre, la pérdida no es sólo de unos cuantos: es de toda la comunidad, de todo el país..