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- Nelly García
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En los últimos días, dos noticias en México encendieron señales de alerta que no deberíamos ignorar: por un lado, la intervención de tres instituciones financieras mexicanas tras una acusación grave del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por otro, la aprobación de una ley que amplía de forma preocupante las capacidades de vigilancia del Estado mexicano sobre su propia población.
En el primer caso, la señal vino desde fuera. El gobierno estadounidense colocó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en la lista de entidades con “preocupación principal en materia de lavado de dinero” por su presunta relación con el tráfico de opioides. Aunque las instituciones negaron categóricamente los señalamientos, las consecuencias no se hicieron esperar. Visa canceló sus operaciones con CIBanco, Fibra Inn y Terrafina lo desvincularon como fiduciario, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino para intentar contener el daño.
La reacción del gobierno federal, y en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue minimizar el asunto. Pero para miles de cuentahabientes, empresas y actores del sector turístico e inmobiliario que operan con estos intermediarios, la incertidumbre es real. El impacto reputacional es profundo, y revela la fragilidad del sistema financiero ante señales internacionales de desconfianza.
El segundo caso, más silencioso pero igual de inquietante, ocurrió en el Congreso. Se aprobó una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que permite al Estado mexicano acceder, sin autorización judicial, a datos personales de la población: desde biométricos y bancarios hasta de salud, ubicación y hábitos de consumo. Una arquitectura de vigilancia masiva que, combinada con otras reformas recientes, fortalece el poder de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sin controles claros ni contrapesos efectivos.
Especialistas han alertado que se trata de un modelo sin garantías, sin supervisión ciudadana ni institucional. El uso que pueda darse a esa información —en un contexto de polarización política y creciente militarización— debería preocuparnos a todos.
Los dos temas tienen un hilo común: la erosión de la confianza. Ya sea en el sistema financiero o en las instituciones democráticas, sin transparencia, sin controles independientes, y sin rendición de cuentas, no hay certeza posible. Y sin certeza, no hay inversión ni desarrollo sostenible, ni turismo confiable, ni ciudadanía libre.