Con la reciente aprobación en el Senado de la desaparición de siete órganos autónomos, México enfrenta un golpe severo a los contrapesos que durante años costaron construir. Estas reformas no solo representan un retroceso en la vida democrática del país, sino que consolidan un modelo centralista que concentra poder en el gobierno en turno, alejándonos de los equilibrios esenciales para una nación plural y moderna.
La desaparición de instituciones como el INAI, Cofece, IFT y Coneval, entre otras, es un atentado directo contra la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad que estos organismos garantizaban. Estas instancias fueron diseñadas para proteger derechos fundamentales, supervisar sectores clave y actuar como vigilantes de la actuación gubernamental. Ahora, sus funciones estarán bajo el control directo de secretarías de Estado, eliminando el carácter independiente que era crucial para evitar abusos y discrecionalidades.
La justificación de que estos cambios generarán ahorros para destinarlos a fondos sociales es, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, engañosa. Los recursos asignados a los órganos autónomos eran una inversión en la democracia, no un gasto superfluo. Además, debilitar estas instituciones no asegura un uso eficiente de los recursos públicos, sino que fomenta opacidad al eliminar las herramientas diseñadas precisamente para garantizar el buen manejo de los mismos.
Es irónico que, en pleno siglo XXI, estemos desmantelando los avances que nos colocaban en la ruta hacia una democracia más sólida, donde las decisiones no dependieran del capricho de un gobierno en turno.
Lo aprobado no es austeridad ni eficiencia; es una decisión que debilita al Estado, minimiza los contrapesos y concentra poder en detrimento de los derechos de la ciudadanía. En lugar de fortalecer a los órganos autónomos, dotándolos de recursos y herramientas para mejorar su funcionamiento, se optó por eliminarlos, sacrificando la transparencia y la rendición de cuentas.
Como ciudadanos, sólo nos queda seguir señalando lo que está mal y exigiendo por vías legales y pacíficas la protección de nuestras instituciones. Tenemos la responsabilidad de actuar y reclamar un México más justo, equilibrado y transparente.
Este cierre de año nos deja una profunda reflexión: la democracia no se construye en automático ni se conserva por inercia. Requiere de la participación activa y constante de todos. Que este sea un llamado para mantenernos vigilantes, para no claudicar en la defensa de los principios democráticos que nos definen como nación.
El 2025 traerá nuevos retos, pero también oportunidades para rectificar. Que la esperanza, el compromiso y la acción nos guíen hacia un mejor futuro para México.
- Carta de la Editora
- ngarcia@latitud21.com.mx