Uber, Airbnb, FlightCar o NowiStar son algunos ejemplos de empresas que valen miles de millones de dólares, sin tener prácticamente ningún activo más allá de la plataforma que utilizan sus usuarios. Rentar una habitación de la casa a través de Airbnb u ocuparse unas horas como chofer de Uber un día cualquiera, o rentar el auto mientras salen de viaje, vía FlightCar, o promover sus servicios personales a través de NowiStar permiten a millones de personas generar ingresos adicionales importantes, ‘compartiendo’ sus activos, habilidades o talento.
Todos estos esquemas o modalidades de trabajo o ingreso tienden a ocupar un espacio proporcionalmente cada vez más importante en la economía formal e informal, dado que reducen costos de transacción, permiten la mayor rentabilidad de activos poco utilizados, fomentan esquemas de confianza basados en la reputación y propician las relaciones humanas, en grandes escalas. No se trata de esquemas como el tradicional Bed and Breakfast en donde solo unas cuantas propiedades participan, sino un esquema disponible para cientos de miles o millones de propietarios.
Esquemas de comercialización que han empezado a causar mucho más que escozor entre empresas establecidas o autoridades regulatorias (y recaudadoras), al distorsionar mercados y generar lo que para algunos es claramente una competencia desleal y cierta evasión en el pago de impuestos por la generación de ingresos.
En el caso de Airbnb somos testigos de las protestas que encabezan los hoteleros en varios países, quejándose de dicha competencia desleal, al no estar sometida a las regulaciones que sí deben cumplir los hoteles registrados como tales. Rentar un departamento en Nueva York puede resultar más barato (y probablemente más cómodo y confortable) que una habitación en la Gran Manzana, y generar a su dueño ingresos significativos sobre los cuales quizás no participa el fisco municipal, estatal o federal.
A tal grado llegaron las cosas en ese estado de la Unión Americana, que el 21 de octubre pasado el gobernador Andrew Cuomo firmó la Ley S6340A que establece que “se prohíbe anunciar el uso de unidades habitacionales en edificios de habitaciones múltiples clase A para otros fines que no sean residencia permanente”. Es decir, se vuelve ilegal rentar departamentos ocupados por menos de 30 días mediante plataformas de economía compartida como Airbnb. Quienes violen esta medida enfrentan una multa de mil dólares por una primera ofensa y de cinco mil a siete mil 500 por las siguientes.
La empresa Airbnb obviamente se opuso a esta medida, invirtiendo 10 mdd en una campaña para evitar su votación y posteriormente para promover el veto del gobernador Andrew Cuomo. Sin embargo, el Congreso estatal votó con una mayoría de 56 a 6 su aprobación. Airbnb señala que pugnará en tribunales la constitucionalidad de esta ley.
Nueva York es uno de los mercados más importantes para Airbnb; en agosto de 2016, antes de que se generara todo este debate, había hasta 45 mil ofertas en la plataforma.
La Ley resulta controversial, no solo por ser un límite a las economías compartidas, que parecían augurar una nueva etapa de prosperidad para gente que accede a nuevas oportunidades, sino porque Nueva York posee un mercado de vivienda relativamente rígido con altos precios. Airbnb se convirtió en una fuente alternativa de ingresos para las clases medias en esta ciudad donde el hospedaje tiene precios elevados.
Las preguntas son: ¿Cómo debemos avanzar para conciliar puntos de vista y lograr que la economía compartida sea lo que originalmente pareció ser y no una suma de prácticas disruptivas y propiciatorias de economía informal y elusión fiscal? ¿Cómo poner a la economía colaborativa en la mira, pero para enriquecer las oportunidades y no restringirlas? Deberemos dedicar mucho más análisis al tema.