Adrián López Sánchez, presidente de Coparme Cancún
Comunicado de la Coparmex Cancún:
La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dio a conocer su primer “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas”, la que por primera vez nos permite contar con información referente a las experiencias y sensibilidades del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos; así como la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales operan las empresas establecidas y aquellas que pretenden situarse en México.
Los datos son reveladores: las empresas pequeñas, así como las del sector industrial observaron al marco regulatorio como un obstáculo creciente; poco más la mitad de los consultados, el 50.9%, aseguraron que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores que en el pasado, o bien, siguieron igual de pesadas y complejas.
Otro dato refleja la gravedad del problema: El 64.6%, es decir casi 7 de cada 10 empresas, considera que los actos de corrupción frecuentemente tienen por objeto realizar trámites gubernamentales, reconociendo el 5.6% haber sido víctimas de un acto de corrupción en su realización.
Comparando los datos del estudio “Doing Business México 2016” y la reciente encuesta del INEGI, se aprecia una correlación directa entre la baja calidad de la regulación, y los altos niveles de corrupción existentes en algunas entidades federativas.
Por otro lado, los índices del Instituto Mundial de Competitividad y del Foro Económico Mundial, demuestran cómo aquellos países con mayor calidad regulatoria, tienen mejores índices de desarrollo y de productividad.
Hablamos de una circunstancia en la que las entidades generadoras de empleo y detonantes del desarrollo económico, que son las empresas, deben realizar trámites deliberadamente complejos y engorrosos, advertencias de retrasos injustificados, y sugerencias implícitas de no emitir las autorizaciones para la apertura de negocios; es decir, enfrentan amenazas sutiles y en ocasiones explícitas de ser objeto de prácticas de corrupción y de extorsión.
Estos han sido temas que en Coparmex hemos señalado puntualmente ante instancias de gobierno como lo son la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía, teniendo una buena recepción para trabajar coordinadamente en la búsqueda de soluciones, y poder replicar en México las mejores prácticas regulatorias del ámbito internacional.
El propio Presidente de la República emitió el pasado 8 de marzo de 2017 un Acuerdo para la desregulación administrativa, conocido como “2×1”, con la intención de que al menos en el Gobierno Federal, cada nueva regulación traiga como consecuencia un mejora y represente ahorros tangibles en tiempo y en dinero a los ciudadanos y empresas al ser precedida de la desactivación de otras normas que impliquen costos de cumplimiento mayores. Estamos en espera de los primeros frutos de esta disposición.
Por ello, exhortamos a los Gobernadores de los Estados a replicar sin demora, en el ámbito de su competencia, un acuerdo de desregulación similar al emitido en el orden federal. Esto no requiere de trámite legislativo local.
Por otra parte hay que Recordar, que el pasado 5 de Febrero, en el marco del centenario de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia de Mejora Regulatoria, misma que señala un término perentorio de 180 días, para que el Congreso de la Unión, emita la Ley General de Mejora Regulatoria. Este plazo vence el próximo 7 de agosto.
Es el momento de que los actores políticos entiendan la urgente necesidad de una mejora regulatoria integral que permita mejorar la competitividad, incrementar la productividad, fomentar la inversión y disminuir las prácticas de corrupción.
Por ello, ante el próximo vencimiento del plazo establecido para la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria y el inminente incumplimiento del Congreso de la Unión de sus deberes constitucionales, desde la Coparmex solicitamos al Presidente de la República, que haciendo uso de su facultad constitucional envíe al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con el carácter de Iniciativa Preferente, la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, de tal forma que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la Reforma Constitucional.
Dicha Ley General de Mejora Regulatoria deberá de contener, cuando menos, elementos tales como:
Primero un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
Segundo la creación de un Observatorio Ciudadano de la Mejora Regulatoria;
Tercero la implementación de un mecanismo de atención eficaz y expedito a la queja ciudadana;
Cuarto un Padrón nacional de verificadores;
Quinto la homologación de criterios de verificación;
Sexto un informe previo de regulaciones a modificar; y
Séptimo un expediente único en todo el país para la realización de trámites, entre otros.
Se requiere de voluntad política y visión de Estado para hacer que la reforma constitucional en materia regulatoria y su ley general, sea una de las herramientas fundamentales para detonar el desarrollo y el bienestar del país.
Lo decimos claramente: A nuestro país le urge un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que impulse más y mejores empresas para México. El Presidente y el Congreso de la Unión, tienen la palabra.