Podría vulnerar los derechos constitucionales de los usuarios y poner en riesgo a la ciudadanía
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es preocupante, ya que representa un riesgo para la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio.
De acuerdo con los legisladores que se pronunciaron a favor, el objetivo es contribuir a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión; pero cabe recordar el fracaso que significó una iniciativa similar implementada en gobiernos anteriores, que derivó en la exposición de datos de millones de usuarios y la cancelación del registro.
Para contar con una estrategia que contribuya a reducir el crecimiento de delitos, no es necesario criminalizar a los usuarios, sino establecer un estricto control en los penales, pues el mayor número de llamadas de extorsión, se realizan desde su interior.
Coparmex considera que la aprobación de esta reforma representa un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un retroceso por las siguientes razones:
ν La utilización de datos biométricos convertirá este padrón en una base de datos sensibles con un alto riesgo de tratamiento inadecuado de los mismos y el solo riesgo de vulneración en cualquier sentido derivaría en violaciones graves e irreversibles a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad y seguridad.
ν Existe un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados, incluyendo la probable comisión de delitos como ha sucedido en el pasado, que las roban y venden al mejor postor.
ν Se requieren medidas de seguridad de la mayor categoría de protección para salvaguardar esa información confidencial y el órgano que ha sido designado como responsable (IFT) ha declarado no contar con los recursos presupuestales para ello; podemos suponer que tampoco cuenta con los recursos humanos.
ν Organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de derechos humanos. Además, se pondría en riesgo la presunción de inocencia, al poderse suplantar la identidad de una persona y acusarla de la comisión de algún delito.
ν El requisito de datos biométricos incrementará la brecha digital en nuestro país y limitará el acceso a la comunicación creando mayores barreras para el acceso a la tecnología y la conectividad.
ν Violación al principio de no retroactividad de la ley, al impactar a usuarios con líneas adquiridas con anterioridad a la publicación del decreto.
Es preocupante que para la discusión y aprobación de esta reforma, se haya ignorado la advertencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), sobre el “riesgo potencial al permitir que el manejo de la información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía”.
Hacemos un urgente llamado al Poder Ejecutivo federal para realizar un análisis profundo sobre los impactos de esta medida y ejercer su facultad de observar esta reforma (veto) en beneficio de la ciudadanía.