La procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) sancionó a cuatro representantes de la comunidad menonita y a las autoridades de los ejidos de “El paraíso” y “El Bajío”, ubicados en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, por un monto total de $10,266,640.00 (diez millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n), por violaciones a la normatividad federal en materia forestal.
Cabe recordar que a través de su delegación en el estado de Quintana Roo, la Profepa ejerció en el año 2017 sus atribuciones en materia de protección a los recursos naturales e instauró procedimientos administrativos a los ejidos denominados “El paraíso” y “El bajío”, y a cuatro representantes de asentamientos menonitas ubicados en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
Es preciso señalar que en ambos casos se registró afectación en una extensión total de 1,316 hectáreas, de las cuales 637.5 hectáreas corresponden al ejido “El paraíso”; en tanto que en el ejido “El bajío” fueron 678.5 hectáreas, con motivo del cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Una vez sustanciados ambos procedimientos administrativos y otorgando el derecho de audiencia a las partes involucradas, se determinó la responsabilidad directa de las autoridades ejidales, en ambas casos, quienes intervinieron en la venta de terrenos para su explotación a la comunidad menonita.
Al respecto, y derivado de las actuaciones de la delegación de esta procuraduría en Quintana Roo, se constató que menonitas asentados en el ejido “El paraíso” tuvieron la intencionalidad de remover vegetación para la realización de cambio de uso de suelo en una superficie de 637.5 hectáreas, donde se afectó un ecosistema de vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia y de selva baja espinosa subcaducifolia, con especies tropicales.
En el caso del ejido “El bajío”, se observó que en una superficie de 678.5 hectáreas se removió vegetación para la realización de cambio de uso de suelo, con afectación de un ecosistema de selva mediana subperennifolia y selva espinosa subperennifolia (astornium graveolens) con presencia de especies de palma chit (thrinax radiata), jobillo (astronium graveolens) y el loro (aratinga nana), estas especies tanto de flora como de fauna se encuentran enlistadas en la norma oficial mexicana nom-059-semarnat-2010.
Las sanciones impuestas se sustentan en la ley general de desarrollo forestal sustentable (lgsfs), y artículo 37 ter de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (lgeepa), al no tener autorización federal en materia forestal para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, en una superficie total de 637.5 hectáreas, con afectación de especies de flora y fauna enlistadas en la norma oficial mexicana nom-059-semarnat-2010 sobre protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestre- categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.
La multa para el ejido “El paraíso” asciende a $5,057,830.00 (cinco millones cincuenta y siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.); en tanto que la multa aplicada al ejido “El bajío” es por un total de $5,208,810.00 (cinco millones doscientos ocho mil ochocientos diez pesos (00/100 m.n.), mismas que deberán ser cubiertas en forma solidaria por los ejidos y las personas implicadas de las comunidad menonita de la región.
Parte fundamental de la resolución administrativa ordena la reparación del daño ocasionado, debiendo restituir la superficie de 637.5 hectáreas en el caso del ejido “el paraíso”, y de las 678.5 hectáreas en el ejido “el bajío”, afectadas con motivo del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, mediante el cumplimiento de medidas correctivas en ese sentido, lo cual deberán realizar las autoridades ejidales y miembros de las comunidades menonitas ubicados en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Con estas acciones, la Profepa fortalece su compromiso de garantizar la conservación, protección y el cuidado del medio ambiente, mediante las actividades de inspección y vigilancia, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en terrenos forestales, que también son hábitat de especies protegidas.