En las últimas semanas ha habido un estire y afloje mediático relacionado con el nuevo Impuesto al Saneamiento Ambiental que se quiere implementar en el municipio de Benito Juárez, casa de Cancún, el destino turístico más importante de México.
Twitter: @ sustentur @vicenteferreyra
Declaraciones del sector privado han dado la vuelta, promesas del municipio de aplazar su puesta en vigor también se han escuchado, y finalmente parece que será una realidad, como lo es ya en el municipio de Solidaridad.
El tema de los impuestos a temas ambientales no es nuevo; muchos destinos europeos implementan desde hace años la llamada Ecotasa, que ha tenido sus detractores también pero que ha funcionado; y en temas como cambio climático, desde 1990 se han puesto en vigor impuestos al carbono, bajo diversas formas, en al menos 17 países y en varios gobiernos subnacionales.
Entonces, ¿por qué genera tanto ruido la implementación de este impuesto al saneamiento ambiental? Después de hacer un análisis del tema, creo que hay tres motivos:
El primero, una decisión unilateral: por supuesto que el implementar nuevos impuestos no es el tema más popular del planeta, y menos si no se le pregunta al afectado. Creo que la idea hubiera tenido una mejor aceptación si se hace en conjunto con el sector empresarial, que bien informado de los beneficios hubiera podido arropar esta iniciativa. Porque imaginen, ¿a quién no le gustaría que el turista se hiciera cargo de participar en la conservación de la naturaleza o en la resolución de la problemática ambiental? No imagino a nadie en su sano juicio estando en contra de ello.
Segundo, la desconfianza en las instituciones: seamos sinceros, en este país y en muchos de Latinoamérica priva la desconfianza ante cualquier decisión gubernamental, en especial si trae aparejado el uso de recursos financieros. Pero, ¿qué tan difícil es ser transparente? Si sabemos dónde se genera el recurso, en qué se usa, y vemos resultados y los damos a conocer, el nivel de incertidumbre se reduce.
Y la tercera, una adecuada estrategia de comunicación (sí, otra vez vuelve a salir el mismo tema): por un lado, el municipio no habla nunca de las ventajas de este impuesto, en un destino que es líder en turismo pero que también, hay que reconocer, requiere desde hace años acciones de saneamiento y restauración. No hemos sabido “vender” la necesidad, que al menos para mí es clara.
Tampoco hemos visto los beneficios, que son varios y que en lo personal no he visto comunicados en ningún lado: el destino aumenta su competitividad porque reduce sus problemas ambientales, los hoteleros innovan y tienen una herramienta poderosa para mostrar liderazgo en sustentabilidad, el municipio trabaja en alianzas público–privadas para resolver los grandes retos que genera ser uno de los destinos más importantes del mundo, el turista hace conciencia de su impacto, y a través de una aportación se compromete a minimizarlo.
En lo personal, no considero que el tema de pérdida de competitividad por el aumento de precios sea tan relevante como se ha dicho, aunque me queda claro que los grandes operadores presionan con los acuerdos y convenios de tarifa que ya están establecidos. Pero, ¿qué no también los grandes operadores salen beneficiados si tienen un destino sano? ¿No ayuda este proceso a generar buenas noticias que disminuyen el ruido que producen otros temas?
Yo sé que me dirán que es fácil ver al toro desde la barrera, y puede que sea verdad, pero a veces creo que nos hace falta alejarnos de nuestra perspectiva, dejar de tomar un rol preestablecido y ser más estratégicos en la toma de decisiones. Y siempre es útil, yo creo, tener a alguien que ayude a ver al toro desde otro ángulo.
Este es uno de esos claros ejemplos donde la ausencia de consenso, de trabajo coordinado, de empatía y (tengo que decirlo) de visión hacen que lo que pudo ser una iniciativa de beneficio para todos, quede en un caso más de enfrentamiento entre actores, que desde mi particular visión es lo último que necesitan nuestros destinos.