Hoy escribo desde una profunda decepción que nace de observar cómo la corrupción y la impunidad son ya un referente en la mayoría de nuestras instituciones reguladoras gubernamentales.
¿Qué sucede con los valores de una sociedad cuando el incumplimiento de las normas, la falta de honestidad y la impunidad se vuelven parte del actuar cotidiano?
Como empresaria, preguntarme esto es sumamente doloroso y muy, pero muy frustrante. La ética no es un concepto abstracto. Se manifiesta tomando decisiones basadas en el respeto, cumplir los compromisos adquiridos, actuar con honestidad, rechazar un beneficio indebido y finalmente asumir las consecuencias de algún error. Las famosas ‘mordidas’, se están haciendo más comunes, ¿o serán más públicas?
En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un experimento que años después serviría de inspiración para una conocida teoría criminológica. Abandonó dos automóviles en condiciones similares: uno en el Bronx, Nueva York, y otro en Palo Alto, California. El primero fue vandalizado inmediatamente, mientras que el segundo permaneció prácticamente intacto durante varios días. Fue hasta que él mismo rompió una ventana que los habitantes participaron en vandalizarlo.
En 1982, los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling basándose en este experimento desarrollaron la teoría de las ventanas rotas, según la cual los signos visibles de abandono, desorden e incumplimiento de las normas pueden transmitir la percepción de que las malas conductas están permitidas y de que nadie responderá por ellas.
Ahora, cuando quienes tienen la responsabilidad de crear las leyes, vigilar su cumplimiento e impartir justicia incurren en prácticas corruptas o permiten que las irregularidades queden sin consecuencias, el daño trasciende del ámbito gubernamental. La impunidad puede transmitir un mensaje profundamente perjudicial: que las normas son negociables, que el poder y las influencias pueden prevalecer sobre la legalidad y que actuar correctamente es hasta un poco tonto. En México diríamos ‘mejor cabrón que pendejo’.
Por si no me creen, dejo aquí algunas cifras… interesantes o alarmantes, ¿quién soy yo para juzgar?
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en 2016 México ocupaba la posición 123 de 176 países evaluados. En la publicación del 2025 ubicó a México en la posición 141 de 182 países.
Bueno, como siempre me cuestionan, les pongo aquí otras valuaciones desde perspectivas diferentes:
El World Justice Project, organismo que evalúa el Estado de derecho mediante indicadores como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el cumplimiento regulatorio y el funcionamiento de la justicia, ubicó a México en la posición 121 de 143 países en su índice global de 2025.
Y para tener algo local, el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 registró una puntuación nacional de apenas 0.36 sobre 1 en el factor de ausencia de corrupción. Este indicador examina conductas como el soborno, las influencias indebidas y la apropiación irregular de recursos públicos.
Y si buscamos información sobre la experiencia directa de la población, el INEGI ofrece otro dato que merece nuestra atención.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2025, aproximadamente ocho de cada 10 adultos residentes en ciudades mexicanas de 100 mil habitantes o más consideraron que la corrupción era frecuente. Además, el costo nacional estimado de los actos de corrupción experimentados por la población en sus interacciones con las autoridades ascendió a 17,707 millones de pesos durante ese año.
Pero me regreso a un ámbito más mundano. Las empresas -esas que generan la economía, dan empleos, desarrollan ideas, proveen servicios o productos-, tienen colaboradores que empiezan a utilizar los recursos de la empresa para beneficio personal, aceptan comisiones indebidas, los responsables de compras favorecen a un tercero por intereses particulares o un directivo manipula información financiera. Se generan pérdidas, no solo a la empresa, a la sociedad. Y los costos, aquí otro dato, sí ya sé, pero los números solo dicen verdades.
La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organización internacional especializada en la investigación y prevención del fraude, publicó en 2026 una nueva edición de su estudio Occupational Fraud: A Report to the Nations.
El informe examinó 2,402 casos reales de fraude ocupacional investigados en 143 países y territorios. Entre sus hallazgos se encuentran los siguientes: Pérdida del 5% de los ingresos anuales de una organización. Monto promedio de pérdida en dólares $104,000.
Pero no todo es dinero, si en una empresa se descubre que un colaborador ha utilizado indebidamente los recursos, el daño también puede afectar la confianza en sus equipos, la relación con los proveedores, los controles internos y el clima laboral. Es decir, ahora se invertirá tiempo y dinero en establecer más controles en lugar de utilizar esos recursos en actividades productivas.
No podemos dejar ventanas rotas en nuestras empresas.
¿Cómo podemos exigir honestidad, responsabilidad y respeto a las normas dentro de nuestras empresas cuando, fuera de ellas, observamos que algunas de las autoridades encargadas de hacer cumplir esas mismas reglas las vulneran o permiten que otros lo hagan sin consecuencias?
No pretendo justificar las conductas indebidas, ni atribuir todos los problemas éticos de nuestras empresas a la corrupción gubernamental. Cada persona es responsable de sus decisiones. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que las instituciones tienen una responsabilidad en la construcción de una cultura de legalidad.
Cuando las conductas negativas se vuelven recurrentes y la justicia no llega, corremos el riesgo de que la impunidad deje de percibirse como una anomalía y comience a asumirse como la normalidad vigente.
Tenemos muchas ventanas rotas a la vista y, en demasiadas ocasiones, parece que nadie se ocupa de repararlas.
