Durante 16 años, el sargazo dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una amenaza permanente para el turismo del Caribe mexicano. Ningún gobierno había anunciado una respuesta de la magnitud presentada esta semana: una Estrategia Nacional respaldada con alrededor de 2 mil 600 millones de pesos y el compromiso de duplicar la capacidad operativa para contener una crisis que cada año golpea con mayor fuerza.
El anuncio llega en el momento más crítico. Quintana Roo está cerca de las 100 mil toneladas recolectadas en una temporada que ya rompió todos los registros. Si al inicio del año se proyectaban entre 120 y 130 mil toneladas, hoy los escenarios más conservadores advierten que esa cifra podría incluso duplicarse.
Detrás de este avance también hay un trabajo político y de gestión que vale la pena reconocer. La gobernadora Mara Lezama apostó por mantener el tema en la agenda nacional y construir una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, la Marina, el sector hotelero y los empresarios turísticos. Esa suma de esfuerzos, más que discursos, permitió que la atención al sargazo dejara de ser una demanda aislada de Quintana Roo para convertirse en una prioridad del Gobierno de México.
No es casual que empresarios como José Chapur de Palace Resorts e Iván Chávez de Grupo Vidanta, calificaran la estrategia como un esfuerzo sin precedentes. La industria turística enfrentó una tormenta perfecta: desaceleración económica internacional, menor conectividad aérea, incremento en los costos operativos y playas cubiertas de sargazo, particularmente en Tulum, donde la ocupación hotelera alcanzó niveles incluso inferiores a los observados durante la pandemia.
Los resultados no serán inmediatos. La nueva embarcación sargacera aún debe cruzar el Canal de Panamá antes de incorporarse a las labores, y buena parte de la infraestructura requerirá semanas para entrar en operación. Sin embargo, por primera vez existe la percepción de que el problema dejó de tratarse como una emergencia estacional para asumirse como una política de Estado.
Después de más de una década de remar contra la corriente, Quintana Roo tiene, al fin, razones para pensar que el combate al sargazo dejará de ser reactivo y comenzará a ser estratégico.