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- Arturo Medina Galindo
- Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
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Un radioescucha de mi programa “Buenos Días” preguntó con lógica de contribuyente: ‘¿por qué tenemos que pagar de los impuestos la promoción turística? Que la paguen los empresarios’. La pregunta es pertinente, pero la respuesta no es tan simple como parece. La historia de cómo México financió su promoción turística durante décadas muestra un diseño deliberado para no cargar todo el peso sobre un sector empresarial altamente fragmentado y, al mismo tiempo, mantener competitividad frente a destinos que sí invierten de forma sostenida.
En Quintana Roo surge en los ‘90 el Fondo Mixto de promoción, un ente colegiado en donde la IP aportaba un presupuesto y el gobierno del estado una parte igual. Sin embargo, Mario Villanueva propone el Impuesto al Hospedaje (ISH), un gravamen estatal complementario al IVA, de esta forma no afecta el gasto del estado y los empresarios cobrarían un adicional inmerso en la tarifa hotelera. Su lógica original era destinarlo a promoción turística con participación del sector privado en las decisiones. Hoy las tasas varían entre 2 % y 7 % según el estado (en Quintana Roo es del 5 %). En 2026, sólo en los primeros nueve meses, Quintana Roo recaudó más de 3 mil 832 millones de pesos por este concepto. Sin embargo, con el tiempo el destino de esos recursos se ha diluido y ya no es sólo para promoción turística.
El segundo mecanismo, más ambicioso, fue el Derecho de No Inmigrante (luego Derecho de No Residente o DNR). Nació de un acuerdo de Estado entre 1998 y 1999, negociado con todas las fuerzas políticas, incluido el PRD entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y con los empresarios. Se creó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en 1999 y se financió con un derecho que originalmente rondaba los 10 dólares por turista internacional (hoy con lo recién aprobado está en 62 dólares). La distribución histórica era clara: alrededor del 70% al CPTM, 20 % al Instituto Nacional de Migración y 10 % a Fonatur. Los empresarios aceptaron perder algo de competitividad en el precio porque entendían que la promoción beneficiaba a todo el ecosistema, no sólo a la hotelería.
Ese diseño se desmontó. El CPTM desapareció en 2019 y, desde entonces, el DNR dejó de destinarse a promoción. Hoy la cuota es de 983 pesos (2026) y la propuesta para 2027 la eleva a 1,158 pesos (+17.8 %). La distribución prevista es 57 % a Sedena, 15 % al INM y 28 % a la Tesorería de la Federación, sin etiqueta para turismo. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) ha pedido que ese 28 % —unos 7,500 millones de pesos si se toma como referencia la recaudación reciente— se destine a promoción, publicidad, infraestructura y manejo de crisis. En 2018 todavía se etiquetaban más de 5 mil millones de pesos a promoción; actualizado, serían cerca de 8 mil millones.
¿Por qué no “que lo paguen los empresarios”?
Un dato que tomo de nuestro buen amigo Francisco Madrid, del Starc Anáhuac Cancún, es revelador, el sector turístico mexicano está compuesto mayoritariamente por microempresas. Nacionalmente existen más de 900 mil unidades económicas turísticas; alrededor del 93 % tienen menos de diez trabajadores. En Quintana Roo la proporción de microempresas es todavía más alta. Cargarles el presupuesto de promoción de un destino nacional o de un país es inviable. El ISH y el DNR fueron diseñados precisamente para que el turista contribuyera a sostener la maquinaria de atracción, porque el beneficio se distribuye en toda la cadena (comercio, transporte, gastronomía, servicios).
Dominicana 800 México 1
México es el cuarto país del mundo por contribución directa del turismo al PIB (149.4 mil millones de dólares en 2025 según el WTTC) y genera alrededor del 8-9 % del PIB nacional en términos directos, con una contribución total cercana al 15 %. Sostiene millones de empleos. Sin embargo, el presupuesto federal de la Secretaría de Turismo ronda los mil 800 millones de pesos (cerca del 0.02 % del Presupuesto de Egresos de la Federación) y la partida efectiva para promoción internacional es residual: se habla de 25 millones de pesos o cifras en el rango de los 5 millones de dólares anuales.
República Dominicana destina alrededor de 80 millones de dólares a promoción. Con una planta hotelera cercana a las 93 mil habitaciones (más oferta de corta estancia). Su tarjeta de turista cuesta 10 dólares.
Las Vegas (LVCVA) maneja presupuestos anuales en el rango de los 400-460 millones de dólares, financiados en gran medida por impuestos al hospedaje y tarifas relacionadas. Sólo en contratos de marketing recientes se aprobaron montos superiores a 460 millones de dólares plurianuales.
España invierte cerca de 105 millones de euros y Turquía alrededor de 240 millones de euros.
Si se aprueba lo planteado a nivel federal en México, el país pondría alrededor de un dólar por cuarto hotelero al año en promoción institucional, frente a los cientos de dólares de sus competidores directos (Dominicana invierte 800 dólares por cuarto); Quintana Roo, con cerca de 142 mil habitaciones en el Caribe Mexicano, está aumentando su presupuesto de promoción alrededor de 20 % para 2027 (hacia los 947 millones de pesos), en una decisión que contrasta con la austeridad federal. El estado asume una carga desproporcionada de la promoción nacional porque el vacío federal es evidente. (364 dólares por cuarto).
Los acuerdos de los ‘90 no eran perfectos y hubo excesos, pero resolvían un problema real: cómo mantener presencia en mercados internacionales sin depender de recortes presupuestales discrecionales ni cargar el costo solo sobre microempresarios. Hoy el DNR se recauda y se reorienta a otros fines, mientras los competidores del Caribe y de destinos consolidados siguen invirtiendo de forma sostenida. La pregunta de mi radioescucha no se responde con un “que paguen los empresarios”, sino recuperando la lógica original de esos mecanismos: que quien llega contribuya a que sigan llegando, y que esos recursos se etiqueten de forma transparente a la promoción que mantiene competitivo a un sector que genera el 9 % del PIB y sostiene a cientos de miles de microempresas.