La presidenta del Colegio de Mediadores y Conciliadores por una Cultura de la Paz del Estado de Quintana Roo, exhorta a aprovechar los beneficios de los mecanismos de la justicia alternativa
Dirimir conflictos no es tarea fácil; sobre todo en tiempos en que, particularmente en México, las diversas posturas ideológicas parecen agrandar las diferencias entre sectores, entre autoridades con los gobernados, entre patrones y colaboradores, entre vecinos e incluso entre familias. Por eso, la figura de mediadores privados, recientemente contemplada en la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo, adquieren gran relevancia para avanzar hacia una cultura de la paz.
Platicamos con Lizzie Villanueva Acevedo, quien nos explica a detalle de qué se tratan estos instrumentos y sus beneficios.
¿Cuál es tu cargo y qué vigencia tiene?
Soy la presidenta del Colegio de Mediadores y Conciliadores por una Cultura de la Paz del Estado de Quintana Roo, por una vigencia de tres años; somos el primer colegio en su tipo en la entidad. Es un colegio joven, se creó en 2020 y reúne a 41 colegiados; la mayor parte somos profesionistas licenciados en Derecho y algunos contadores públicos, pero con capacitación o formación de mediador o conciliador; tenemos mediadores públicos y privados.
Quizá mucha gente no sabe qué es un mediador, ¿cuál es su función y por qué es importante?
Es una tercera persona, neutral, ajena al conflicto o a las personas que están en conflicto; ayuda a resolver sus controversias de una forma pacífica a través del diálogo; es un puente de comunicación, porque muchas veces las personas no pueden llevar una plática sin que se genere una discusión; el mediador, ajena al conflicto, tiene la capacitación y la formación para ayudarlos a través de las herramientas con las que cuenta, a que se dé este diálogo.
¿Desde cuándo existe esta profesión?
En Quintana Roo somos pioneros en la mediación; fue el primer estado en la República Mexicana que tuvo la primera Ley de Justicia Alternativa, en el año 1997; pero hasta el 2021 la diputada Kira Iris hizo la propuesta para considerar dentro de esa ley a los mediadores privados; era un proyecto que se venía planeando desde hace años, tanto por parte del Poder Judicial como de algunos diputados y la Unidad de Certificación del Poder Judicial; por fortuna, en agosto de 2021 se aprueba y se publica y ya tenemos la figura de mediador privado en esa ley.
En otros estados del país ya existía esa figura, como en Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México, pero en nuestra entidad no la teníamos.
En diciembre pasado, hace unos meses apenas, el magistrado presidente del TSJ llevó a cabo el primer proceso de selección; hizo la convocatoria pública y las personas que quisieron entrar a este proceso cumplieron los requisitos marcados por la ley, presentaron exámenes en cuatro etapas; de estos eligieron a 10 personas que quedamos como mediadores privados en todo Q. Roo.
Somos ahorita como 43 personas en total; porque se integraron dos personas más recientemente. Tenemos públicos, privados, con capacitación o formación en los mecanismos de solución de controversias, además de conciliadores laborales.
¿Dónde ejercen y dónde los encuentran?
Tenemos una página en Facebook, que está como Colegio de Conciliadores y de Mediadores del Estado de Quintana Roo.
En cuanto a los mediadores públicos, hay Centros de Justicia Alternativa del Poder Judicial en Cozumel, en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal y en Felipe Carrillo Puerto, donde se lleva a cabo la mediación pública.
Y los mediadores privados, los que somos 10 certificados, se publicarán en breve dentro de la página del Poder Judicial, con nombres, domicilios y teléfonos.
¿Es un servicio con costo?
Cuando es mediación pública es sin costo alguno; y en el caso de los privados realmente resulta muy económico, tomando en cuenta que un juicio puede durar seis meses cuando menos, o hasta 12 meses, algo que resulta costoso y te hace invertir mucho tiempo para acudir a las audiencias.
Con la mediación privada tiene más flexibilidad, tiene un costo pero es muy económico, entre 8 mil a 12 mil pesos, 20 mil pesos cuando mucho, pero puedes resolver tu conflicto en un plazo máximo de un mes.
En la mediación pública es mucho más rápido, porque hay mucha demanda, la gente está interesada en utilizar este beneficio, incluso el personal no se da abasto, así que tienen que hacer los procedimientos mucho más rápido, agilizarlo más por la gran demanda que tienen. Hablando de una mediación pública pueden resolver un conflicto hasta en una sola sesión, siempre y cuando ambas partes involucradas tengan la voluntad, se hace el acuerdo, se adquieren compromisos y se plasma la voluntad de las personas en un convenio, así que en dos sesiones, de máximo dos horas cada una, puede quedar resuelto. Hacerla más largo ya no es sano ni para las partes ni para el mediador.
¿Cuáles son los tipos de conflictos más buscados y óptimos para tratarlos con esta justicia alternativa?
Mediación familiar, civil y mercantil; la que más demanda tiene es la familiar, porque ahí puedes abordar conflictos de custodia, pensión alimenticia, de convivencia paterna o materna filial y convivencia con los hijos menores.
También se pueden abordar conflictos de adeudos, con o sin pagaré; Este procedimiento tiene tres principios rectores: la voluntariedad de las partes, imparcialidad y la neutralidad. Entonces mientras haya voluntad de acudir a la invitación y llegar a un acuerdo con la persona que lo invita, pueden hacer un acuerdo de pago mediante el cual se comprometen al pago en las parcialidades que decidan. También abordamos conflictos en materia vecinal o comunitaria, pero lo que más demandan es en cuestión familiar.
¿Qué documento avala estos acuerdos?
Todos los acuerdos de manera voluntaria se establecen mediante un convenio, al que se le da la categoría de sentencia; si lo haces a través de mediadores privados, tenemos que presentar ese convenio ante la Dirección de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado y junto con la Unidad de Certificación lo elevan a categoría de sentencia, le dan la validez legal, homologan ese convenio y se registra; en caso de incumplimiento se ejecutaría ese convenio, por eso es importante que se cumplan todos los lineamientos y formalidades que la Ley de Justicia Alternativa marca para que se le dé seguimiento y en dado caso la ejecución del convenio. Es algo muy formal, legal.
¿Qué tanto interés hay por este beneficio?
Le hace falta difusión; necesitamos recorrer un gran camino como mediadores privados, tenemos un compromiso de hacer llegar esta información, difundirla a toda la comunidad.
Hasta en el mismo gremio de abogados muchas veces se desconoce la Ley de Justicia Alternativa, saben que existe pero a veces no se toman la curiosidad de leerla y conocerla, sus parámetros y lineamientos para resolver un conflicto o controversia.
Sí hay mucho éxito en la mediación pública, hay mucha demanda, creo que quisieran hacer más, pero están saturados, entonces los mediadores privados tenemos un gran compromiso con la sociedad.
¿Tus ejes principales al frente del gremio en estos tres años?
Hacer llegar la mediación hasta donde podamos aquí en el estado, difundirla y sobre todo crear redes de apoyo tanto en los mediadores, en la sociedad y entre el propio gremio de abogados; un sueño sería que trabajemos de la mano mediadores y abogados, porque somos profesionistas del derecho; sería una gran fortuna poder hacer llegar toda esta cultura de la paz, tanto a las autoridades jurisdiccionales como al gremio de los abogados, que no nos vean como bichos raros a los mediadores.
