Por: Arturo Medina Galindo
La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo —donde sostuvo reuniones de trabajo con el sector empresarial y hotelero, además de recorrer puntos críticos de acopio de sargazo— marca un viraje de postura política respecto al sexenio anterior. El compromiso de una intervención directa de la Federación, reforzado días después con los anuncios detallados durante la conferencia «Mañanera», devuelve al problema la dimensión de asunto nacional que nunca debió perder.
El contraste es inevitable: la administración federal pasada minimizó sistemáticamente la llegada del alga, desestimó calificarla como emergencia y dejó al destino, a las finanzas locales y a la iniciativa privada prácticamente al garete, enfrentando con recursos propios un problema de magnitud geopolítica y ambiental. toca la arena, el daño está hecho.» │
Hay que hablar con pragmatismo: para este año, la temporada está corrida y el impacto económico y de imagen ya se consumó. Las pérdidas en ocupación, la presión sobre la tarifa promedio diario (ADR) y los millonarios presupuestos privados y municipales aplicados a marchas forzadas representan un costo que la industria ya tuvo que asumir.
Sin embargo, el anuncio federal plantea el próximo año como una auténtica coyuntura estratégica. La clave del éxito no residirá en discutir qué hacer con las miles de toneladas de biomasa una vez acumuladas en la costa, ni en la logística de contenedores en tierra. Desde la óptica del sector turistero, la premisa es inflexible: si el sargazo llega a la playa, la batalla está perdida.
Las soluciones de fondo que la Federación debe implementar requieren trasladar el frente de contención al mar abierto, por ejemplo, una malla de contención e intercepción oceánica: Tecnología de barreras de altamar con capacidad para resistir oleaje severo.
Y claro, aumentar la flota sargacera industrial: Embarcaciones de gran calado capaces de recolectar masivamente en aguas profundas antes de que el alga comience su proceso de descomposición cerca del arrecife y la orilla.
La que se perdió
En medio de la urgencia por contener la recolección del alga y definir presupuestos de contención, un compromiso presidencial de enorme relevancia para la competitividad del destino quedó prácticamente relegado a segundo término: la promesa de destinar recursos federales específicos para la promoción turística el próximo año.
Tras años de operar sin el respaldo de un fondo federal de promoción internacional —delegando toda la carga al Fideicomiso de Promoción Turística estatal y a las cadenas hoteleras—, la reactivación de inversión pública en este rubro es una demanda histórica.
Quintana Roo no necesita paliativos ni discursos de consuelo cuando el problema ya está sobre la arena. La intervención de la Federación debe significar el paso de la improvisación a una estrategia de Estado: blindar el mar para proteger la playa y, en paralelo, devolverle al Caribe Mexicano la fuerza de su promoción en el mapa mundial.