El próximo 30 de septiembre vence el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Parece un asunto de aduanas. No lo es. Para Quintana Roo puede convertirse en un problema de precios, competitividad, inversión y turismo.
Quintana Roo tiene casi 59 mil unidades económicas y sus empresas gastan alrededor de 329,693 millones de pesos al año en bienes y servicios; el comercio concentra 225,792 millones. Somos una economía que compra y repone todos los días alimentos, bebidas, textiles, calzado, blancos, vajillas, cristalería, muebles, decoración, equipos y materiales.
No todo se importa ni todo lo importado está amparado por el decreto. Pero parte del abastecimiento viene del extranjero, y cuando llega de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, las 1,284 fracciones arancelarias preferenciales de la Región Fronteriza dejan de ser un tecnicismo: son dinero.
China lo demuestra. En 2025 fue el segundo origen de las compras internacionales atribuidas a Quintana Roo y el primero en Cancún. En Playa del Carmen, la principal mercancía importada fue ropa de cama, mesa, tocador o cocina, por 117 millones de dólares. Estamos hablando de lo que mantiene funcionando una habitación, un restaurante o un comercio.
Con el decreto, determinadas mercancías pueden ingresar con 0% o 5% de Impuesto General de Importación. Sin él regresarían al arancel general correspondiente. Una vajilla actualmente desgravada puede enfrentar 15%; en otros sectores existen tasas de 20%, 25%, 35% o más. México, además, elevó este año aranceles de entre 5% y 35% para 185 fracciones, incluyendo textiles, muebles y material eléctrico.
El impacto no termina en la aduana. Si el importador paga más, tiene tres opciones: perder margen, trasladar el incremento o dejar de comprar. Después el costo recorre la cadena hasta el hotel, restaurante, comercio y consumidor. Quien nunca ha visto un pedimento aduanal también puede terminar pagando la desaparición del decreto en unos zapatos, una comida o una habitación de hotel.
Y aquí comienza el verdadero riesgo.
Quintana Roo es el estado donde el turismo tiene mayor peso en el valor agregado censal del país: 48.5%. Tenemos más de 140 mil habitaciones y en 2024 recibimos casi 21 millones de turistas, con una derrama aproximada de 19,573 millones de dólares. En ningún otro estado aumentar los costos de su principal industria puede tener proporcionalmente un impacto semejante.
Además, no estamos compitiendo solos. En temporada alta una habitación en Riviera Maya ronda actualmente los 8,776 pesos por noche, contra aproximadamente 8,659 en Punta Cana. La diferencia es apenas 1.35%. Si la desaparición del decreto terminara trasladando sólo un punto porcentual adicional a los costos hoteleros, esa brecha prácticamente se duplicaría.
En restaurantes la señal es todavía más delicada: una cena media para dos personas en Cancún ronda los 59 dólares, frente a aproximadamente 43 dólares en Punta Cana. Ya somos cerca de 38% más caros en esa referencia. No necesitamos incrementar nuestros precios 15% para empezar a perder mercado. En turismo internacional, dos o tres puntos pueden decidir dónde termina una reservación.
Punta Cana no necesita hacerse más barata. Le basta con que nosotros nos hagamos más caros.
Y esto ocurre justo cuando Quintana Roo enfrenta menor dinamismo turístico. Durante los primeros meses de 2026 la ocupación hotelera estatal ha mostrado retrocesos, con caídas más pronunciadas en destinos como Playa del Carmen y Tulum. Subir costos mientras nuestros competidores pelean por cada turista sería jugar contra nosotros mismos.
El Gobierno Federal ya midió la utilidad del esquema. En 2018 las importaciones realizadas bajo este régimen en las regiones beneficiadas sumaron 1,325 millones de dólares y generaron 144 millones de ahorro arancelario, cerca de 10.9% del valor importado. Si apenas 10% de las compras empresariales de Quintana Roo estuviera realmente expuesto y utilizáramos ese antecedente únicamente como ejercicio de sensibilidad, hablaríamos de un impacto potencial cercano a 3,600 millones de pesos anuales. No es una pérdida comprobada; sí demuestra el tamaño del riesgo.
Por eso ésta no puede ser una petición aislada de importadores.
Quintana Roo necesita construir un frente común: cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, comerciantes, ciudadanos, los once ayuntamientos, Gobierno del Estado, diputados locales, diputados federales y senadores deben llevar una sola posición ante la Presidencia de la República, su Consejería Jurídica y la Secretaría de Economía: renovar el decreto antes del 30 de septiembre y darle certidumbre de largo plazo.
No estamos pidiendo un privilegio fiscal. Estamos defendiendo precios, empleos, inversión y capacidad para competir.
Porque el 30 de septiembre no vencen solamente 1,284 fracciones arancelarias.
Puede vencerse una parte de la competitividad del Caribe Mexicano.
Y ésta es una batalla que Quintana Roo debe dar unido.
¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos
X: Oigres14 |Email: sergioleon@sergioleon.mx |IG: @sergioleoncervantes
