L o vio todo el mundo. De pronto, en un soleado mediodía en el muelle de Playa del Carmen –uno de los principales destinos turísticos del país- una explosión en una embarcación que trasladaba pasajeros entre esa ciudad y la isla de Cozumel dejaba tras de sí más de una veintena de heridos y desataría otra bomba que, de estallar, puede significarle una grave afectación al más importante destino del país, el Caribe mexicano.
De la explosión se ha escrito y hablado mucho. Se sabe ya que en las investigaciones que realizan las autoridades involucradas –Armada, PGR, Fiscalía del estado de Quintana Roo con la asistencia incluso del FBI- se descartó una falla mecánica y se confirmó que fue una bomba la que estalló esa tarde. Un atentado a la embarcación de Barcos Caribe, propiedad del padre del exgobernador Roberto Borge –hoy preso-, que desató de igual manera una serie de especulaciones sobre la autoría del mismo y que apenas hace unos días comenzaron a despejarse.
Se sabe ya, de acuerdo con la PGR, que fue un explosivo de fabricación casera en el que no participó la delincuencia organizada. De acuerdo a indagatorias, todo apunta a que se trató de un autoatentado ordenado por la empresa afectada. Se desconoce aún si esto es real y las razones que lo provocaron.
Lo cierto es que hay un grave daño y que ya está hecho. Durante largos días, la falta de información sobre el o los responsables de ese atentado golpeó en la columna vertebral del turismo en México. Cozumel es el principal destino de cruceros en el mundo. Más de cuatro millones de cruceristas arribaron a la ínsula el año pasado. Una parte de ellos, alrededor del 30%, cruzaron en ferris –como en el que estalló la bomba- hacia Playa del Carmen para visitar parques, cenotes, ruinas en la zona continental. Al menos una de las principales navieras, Princess Cruises, prohibió a sus pasajeros y tripulación utilizar estas embarcaciones. Antes de ello, el gobierno de Canadá pidió lo mismo a sus ciudadanos y la Embajada de Estados Unidos hizo lo propio con su personal, además de cerrar temporalmente su agencia consular en Playa del Carmen, la que reabrió pocos días después. Las navieras, además, están presionando muy fuerte porque se esclarezca el asunto y se encuentran muy nerviosas con lo acontecido. Recientemente en Florida hubo un encuentro de esta industria y se le dejó sentir la presión a los enviados del gobierno de Quintana Roo que fueron a dar la cara con ellos tras este atentado.
Es de destacar de igual manera el silencio que había tenido la autoridad federal. La PGR, encargada de las investigaciones, tardó más de dos semanas en dar información. Se sabe que en el gobierno estadounidense hubo molestia por ese silencio y que la acción de cierre de su agencia consular fue una medida de presión. De igual manera se destaca el silencio que ha tenido la Secretaría de Turismo en este asunto. Extrañamente el secretario Enrique de la Madrid, regularmente activo en las crisis, ha optado por el silencio en este caso. Si bien la investigación judicial le corresponde a otras instancias gubernamentales, en crisis como esta que afectan al principal destino de cruceros y al Caribe mexicano en su conjunto es extraño que no hayan activado comités de crisis –al menos no lo han informado- o activamente estén cabildeando con las navieras. Pareciera que han dejado solo al estado más importante en esta industria en México.
Algo que parece muy extraño.
