Nelly García

• Carta de la Editora
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México vive un panorama económico mixto: por un lado, hay avances en la reducción de la pobreza; por otro, millones de mexicanos siguen al filo de la vulnerabilidad. Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza disminuyó de 46.8 a 38.5 millones de personas, y la tasa nacional cayó de 35.9% a 29.6%, el nivel más bajo desde que se registra este indicador. Factores como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral en materia de subcontratación, los programas sociales y las remesas han contribuido a este logro.

Sin embargo, la otra cara de la realidad es implacable: el 67% de la población enfrenta adversidades críticas, desde pobreza extrema hasta carencias en educación, salud y servicios básicos. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos –32 millones de personas– laboran en la informalidad, sin prestaciones ni contrato. Incluso con un salario mínimo histórico de 6,245 pesos mensuales, un hogar de cuatro personas apenas alcanza el 40% de las necesidades básicas por integrante.

El sector privado reconoce estos avances, pero subraya que el mejor programa social sigue siendo la generación de empleos formales. Integrar a millones de trabajadores y empresas de la economía informal a la formalidad garantiza seguridad social y fortalece la inversión, la productividad y la recaudación fiscal. Para 2026, el reto será elevar la inversión al menos al 30% del PIB, consolidando proyectos productivos con certeza jurídica y fomentando la prosperidad compartida.

Mientras tanto, factores externos complican el panorama. Las remesas, un apoyo clave para millones de familias, registraron su peor nivel desde 2009, con 5,330 millones de dólares en julio, y se anticipa que Estados Unidos cobrará un impuesto a estos envíos a partir de 2026. Banxico revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico para 2025, de 0.1 a 0.6%, pero advierte que la economía seguirá débil en la segunda mitad del año, con bajo dinamismo en inversión y consumo. Los aranceles e impuestos también impactan la competitividad de México y la capacidad de las empresas para generar empleos formales de calidad.

En suma, México ha avanzado, pero aún camina sobre terreno inestable. La reducción de la pobreza es un logro relevante, pero consolidarla requiere inversiones que fomenten empleos formales, salarios dignos y seguridad social para todos. Mientras el gobierno y el sector privado logren colaborar en este camino, el país podrá aspirar a una economía más sólida, justa y resiliente, capaz de proteger a quienes hoy siguen en la cuerda floja.  

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En días recientes, México logró una prórroga de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles comerciales por parte de Estados Unidos, gracias a las negociaciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque a primera vista la noticia pueda sonar positiva, lo cierto es que no se trata de una solución definitiva, sino de una tregua que mantiene en vilo a los mercados y a los inversionistas. La incertidumbre pesa, y en economía, la incertidumbre cuesta.

Las tensiones arancelarias son una advertencia clara: la estabilidad económica de México está estrechamente ligada a la relación con nuestro principal socio comercial. Cada decisión de Washington se refleja casi de inmediato en los flujos de inversión, en la confianza de los empresarios y, por supuesto, en el bolsillo de la gente.

Mientras tanto, el Banco de México continúa con su política de recorte en las tasas de interés. La intención es incentivar el consumo y la inversión, pero el escenario global, marcado por riesgos comerciales y por la volatilidad de los mercados financieros, limita el margen de maniobra. La reducción de tasas alivia a las empresas que buscan financiamiento, pero también presiona al peso y eleva la cautela de quienes deciden dónde colocar su capital.

En el caso de Quintana Roo, el impacto es tangible. Nuestro motor económico es el turismo, una actividad profundamente sensible a la percepción de estabilidad y a la capacidad de gasto de los visitantes. Si la economía mexicana se resiente por tensiones externas o por dudas internas, los efectos se sienten directamente en hoteles, restaurantes, tours y comercios locales. Menor poder adquisitivo de los turistas significa menos consumo y, por ende, menores ingresos para toda la cadena de valor del sector.

Además, los inversionistas que evalúan proyectos en Cancún o la Riviera Maya observan con lupa estos movimientos. La pregunta que se hacen es sencilla: ¿conviene arriesgar capital en un entorno donde el crecimiento se ve condicionado por decisiones externas y la recuperación se enfrenta a obstáculos recurrentes?

No se trata de ver el panorama en tonos oscuros, sino de asumir que los próximos meses serán decisivos. La prórroga de los aranceles da oxígeno, pero no resuelve el problema de fondo: la necesidad de México de diversificar mercados, fortalecer su competitividad interna y ofrecer certezas jurídicas y financieras a quienes mueven la economía.

En lo local, urge que el sector turístico redoble esfuerzos para mantener su atractivo, apostando por innovación, calidad y diversificación de la oferta. Porque aunque el escenario macroeconómico no dependa de nosotros, la capacidad de adaptarnos y seguir siendo un destino de clase mundial sí está en nuestras manos.

La economía, al final, se vive en la cotidianidad: en la tarifa del hotel, en el precio del menú, en el costo de los traslados y en la posibilidad de que un visitante regrese y recomiende el destino. Por eso, aunque los titulares hablen de aranceles, tasas y negociaciones, lo que está en juego en Cancún y en Quintana Roo es el bienestar de miles de familias que dependen de que el turismo no pierda fuerza.   

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En los últimos días, dos noticias en México encendieron señales de alerta que no deberíamos ignorar: por un lado, la intervención de tres instituciones financieras mexicanas tras una acusación grave del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por otro, la aprobación de una ley que amplía de forma preocupante las capacidades de vigilancia del Estado mexicano sobre su propia población.

En el primer caso, la señal vino desde fuera. El gobierno estadounidense colocó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en la lista de entidades con “preocupación principal en materia de lavado de dinero” por su presunta relación con el tráfico de opioides. Aunque las instituciones negaron categóricamente los señalamientos, las consecuencias no se hicieron esperar. Visa canceló sus operaciones con CIBanco, Fibra Inn y Terrafina lo desvincularon como fiduciario, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino para intentar contener el daño.

La reacción del gobierno federal, y en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue minimizar el asunto. Pero para miles de cuentahabientes, empresas y actores del sector turístico e inmobiliario que operan con estos intermediarios, la incertidumbre es real. El impacto reputacional es profundo, y revela la fragilidad del sistema financiero ante señales internacionales de desconfianza.

El segundo caso, más silencioso pero igual de inquietante, ocurrió en el Congreso. Se aprobó una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que permite al Estado mexicano acceder, sin autorización judicial, a datos personales de la población: desde biométricos y bancarios hasta de salud, ubicación y hábitos de consumo. Una arquitectura de vigilancia masiva que, combinada con otras reformas recientes, fortalece el poder de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sin controles claros ni contrapesos efectivos.

Especialistas han alertado que se trata de un modelo sin garantías, sin supervisión ciudadana ni institucional. El uso que pueda darse a esa información —en un contexto de polarización política y creciente militarización— debería preocuparnos a todos.

Los dos temas tienen un hilo común: la erosión de la confianza. Ya sea en el sistema financiero o en las instituciones democráticas, sin transparencia, sin controles independientes, y sin rendición de cuentas, no hay certeza posible. Y sin certeza, no hay inversión ni desarrollo sostenible, ni turismo confiable, ni ciudadanía libre.  

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En las últimas semanas vivimos dos escenarios críticos que, aunque distantes en origen, tienen algo en común: están causando afectaciones económicas severas sin que las autoridades actúen con la contundencia necesaria.

Por un lado, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paralizado calles, bloqueado accesos al aeropuerto capitalino y tomado oficinas públicas. Si bien el derecho a la manifestación es legítimo, la tibieza de las autoridades para poner orden frente a las afectaciones a terceros manda un pésimo mensaje: en México cualquiera puede frenar la vida de millones sin consecuencia alguna.

Las pérdidas son cuantiosas. Empresas que no pueden mover mercancías, consumidores que no reciben productos, usuarios que pierden vuelos, inversionistas que ven con preocupación un país que no garantiza gobernabilidad mínima. Y todo para que, tarde o temprano, el gobierno reciba a los líderes magisteriales, les dé audiencia y acabe cediendo a buena parte de sus reclamos, como cada sexenio.

Pero el daño ya está hecho. Lo que queda es el enojo social hacia un gremio que en vez de dar clases, hace plantones. Que exige más sin mostrar resultados. Que mientras el país acumula rezagos educativos graves, opta por presionar al gobierno con tácticas que desvirtúan su vocación. Miles de niñas, niños y jóvenes siguen sin clases, mientras se profundiza una brecha educativa que ya era alarmante tras la pandemia.

El desprestigio que hoy sufre el magisterio disidente no es producto de una campaña mediática, sino del hartazgo ciudadano ante una estrategia de presión que no respeta a los demás. La protesta es válida, pero no a costa del desarrollo de otros sectores ni del bienestar común. Al gobierno federal le toca encontrar el punto de equilibrio entre garantizar derechos y aplicar la ley. No se trata de reprimir, sino de ordenar.

Por otro lado, en Quintana Roo estamos iniciando la temporada de sargazo y aún estamos a tiempo de hacer bien las cosas. No se trata de esperar a que las playas estén cubiertas para entonces correr con soluciones improvisadas. Se requiere una acción articulada entre los tres niveles de gobierno, el sector privado —principalmente los hoteleros— y la sociedad civil organizada. Prevenir siempre saldrá más barato que remediar.

El turismo es un motor económico que no admite pausas. Cada recale masivo de sargazo que no se atiende de forma oportuna repercute en la imagen del destino, en la experiencia del visitante y en la decisión del siguiente turista. Si no hay playas limpias, muchos optarán por otros lugares. Lo que está en juego no es una semana de vacaciones, es el sustento de miles de familias y la estabilidad de una industria clave para el país.

Tanto en el centro como en el Caribe mexicano, se impone una misma exigencia: gobernar con visión, anticipación y responsabilidad. Ya no alcanza con reaccionar. El costo de no actuar, en ambos casos, es demasiado alto.   

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La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Gobierno federal en México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas en diversos sectores: desde organismos empresariales y actores internacionales hasta defensores de derechos humanos y libertad de expresión. Las razones son tan evidentes como preocupantes: se pretende desmantelar la autonomía regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita al Poder Ejecutivo. Esto, además de contradecir lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), compromete la certeza jurídica para inversiones presentes y futuras.

Recordemos que el ecosistema de telecomunicaciones ha sido, en años recientes, uno de los pilares de crecimiento y competitividad en México. Este entorno, basado en reglas claras y un árbitro independiente, ha permitido la expansión de infraestructura, la mejora de servicios y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Diluir esa autonomía regulatoria abre la puerta a decisiones discrecionales, concentración de poder y, lo más grave, censura.

Entre los elementos más polémicos de la propuesta destaca el artículo 109, que faculta al gobierno para bloquear plataformas digitales. Manifestantes lo han llamado, con razón, “Ley Mordaza”. Otros artículos limitan la difusión de contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros, imponiendo filtros que deben pasar por la Secretaría de Gobernación. Aun cuando se argumenta que se trata de evitar mensajes discriminatorios o con fines injerencistas, el mecanismo propuesto es excesivo y poco transparente.

Para el sector privado, este tipo de medidas son un retroceso a épocas donde el poder presidencial decidía qué se podía decir, transmitir o publicar. Recordemos que los negocios en telecomunicaciones requieren planeación a largo plazo, fuertes inversiones de capital y estabilidad regulatoria. Sin esto, el mensaje a inversionistas es claro: México ya no ofrece condiciones seguras ni confiables para operar.

Lo paradójico es que la propia administración ha pausado el proceso legislativo ante la presión social y mediática. Del 8 al 26 de mayo se realizarán conversatorios públicos con académicos, organizaciones civiles y expertos. Este espacio de diálogo es una oportunidad que no puede desperdiciarse: revisar a fondo el dictamen, replantear el papel del Estado y reconstruir consensos que garanticen libertad de expresión, acceso a la información, competencia económica y soberanía tecnológica, sin sacrificar derechos ni autonomía.

Las telecomunicaciones son más que infraestructura; son el canal por el cual fluye la democracia. Su regulación debe proteger los principios de neutralidad, acceso universal y pluralidad. No es momento de imponer visiones centralistas, sino de construir marcos institucionales sólidos, transparentes y modernos. México no puede —ni debe— volver a los años 80.   

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El 1 de junio de 2024 será una fecha histórica para el país. No sólo porque México vivirá una jornada electoral masiva, sino porque, por primera vez, los ciudadanos tendrán en sus manos la elección de jueces, magistrados y ministros. Un giro radical en la impartición de justicia que, en teoría, pone el poder en manos del pueblo. Pero, en la práctica, ¿estamos preparados para ello?

La reforma judicial que llevó a este momento fue un campo de batalla. Entre críticas, debates y resistencia de diversos sectores, el proceso avanzó hasta concretarse, dejando en su camino dudas y escepticismo. Ahora, la maquinaria electoral está en marcha, con 881 cargos en disputa y más de 3,400 candidatos intentando ganar la confianza ciudadana. Desde el 30 de marzo, las campañas han comenzado y los aspirantes tienen 60 días para darse a conocer y convencer a los votantes. Sin embargo, el mayor reto no es para los candidatos ni para el Instituto Nacional Electoral (INE), sino para nosotros, los ciudadanos.

El mayor desafío será la participación. Las encuestas anticipan un desinterés alarmante: la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral. Un número irrisorio si consideramos que lo que está en juego es la justicia misma. Pero, ¿cómo pedir mayor interés cuando los ciudadanos no conocen a los candidatos? Sin partidos políticos que los respalden, sin financiamiento para publicidad y sin la maquinaria de las campañas tradicionales, la mayoría de los aspirantes luchará por hacerse visible en un mar de desconocimiento.

El reto es mayúsculo. Para los votantes, informarse y conocer los perfiles de quienes aspiran a impartir justicia. Para los candidatos, darse a conocer con herramientas limitadas. Para el INE, organizar una elección inédita con menos recursos, menos casillas y un modelo sin precedentes. Y, sin embargo, más allá de las dificultades logísticas y políticas, lo realmente crucial es comprender lo que esta elección significa: el futuro de la justicia en México estará definido por quienes lleguen a esos cargos.

Nos guste o no, el 1 de junio elegiremos a quienes tendrán en sus manos la impartición de justicia en el país. La oportunidad es histórica, pero también el riesgo. Porque si no participamos, si no nos informamos, si votamos sin criterio, el resultado será una justicia débil, ineficiente y quizás más politizada de lo que pretendía evitarse. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad?