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En las últimas semanas vivimos dos escenarios críticos que, aunque distantes en origen, tienen algo en común: están causando afectaciones económicas severas sin que las autoridades actúen con la contundencia necesaria.
Por un lado, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paralizado calles, bloqueado accesos al aeropuerto capitalino y tomado oficinas públicas. Si bien el derecho a la manifestación es legítimo, la tibieza de las autoridades para poner orden frente a las afectaciones a terceros manda un pésimo mensaje: en México cualquiera puede frenar la vida de millones sin consecuencia alguna.
Las pérdidas son cuantiosas. Empresas que no pueden mover mercancías, consumidores que no reciben productos, usuarios que pierden vuelos, inversionistas que ven con preocupación un país que no garantiza gobernabilidad mínima. Y todo para que, tarde o temprano, el gobierno reciba a los líderes magisteriales, les dé audiencia y acabe cediendo a buena parte de sus reclamos, como cada sexenio.
Pero el daño ya está hecho. Lo que queda es el enojo social hacia un gremio que en vez de dar clases, hace plantones. Que exige más sin mostrar resultados. Que mientras el país acumula rezagos educativos graves, opta por presionar al gobierno con tácticas que desvirtúan su vocación. Miles de niñas, niños y jóvenes siguen sin clases, mientras se profundiza una brecha educativa que ya era alarmante tras la pandemia.
El desprestigio que hoy sufre el magisterio disidente no es producto de una campaña mediática, sino del hartazgo ciudadano ante una estrategia de presión que no respeta a los demás. La protesta es válida, pero no a costa del desarrollo de otros sectores ni del bienestar común. Al gobierno federal le toca encontrar el punto de equilibrio entre garantizar derechos y aplicar la ley. No se trata de reprimir, sino de ordenar.
Por otro lado, en Quintana Roo estamos iniciando la temporada de sargazo y aún estamos a tiempo de hacer bien las cosas. No se trata de esperar a que las playas estén cubiertas para entonces correr con soluciones improvisadas. Se requiere una acción articulada entre los tres niveles de gobierno, el sector privado —principalmente los hoteleros— y la sociedad civil organizada. Prevenir siempre saldrá más barato que remediar.
El turismo es un motor económico que no admite pausas. Cada recale masivo de sargazo que no se atiende de forma oportuna repercute en la imagen del destino, en la experiencia del visitante y en la decisión del siguiente turista. Si no hay playas limpias, muchos optarán por otros lugares. Lo que está en juego no es una semana de vacaciones, es el sustento de miles de familias y la estabilidad de una industria clave para el país.
Tanto en el centro como en el Caribe mexicano, se impone una misma exigencia: gobernar con visión, anticipación y responsabilidad. Ya no alcanza con reaccionar. El costo de no actuar, en ambos casos, es demasiado alto.