Nelly García

• Carta de la Editora
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Se va el 2025 y en el Caribe Mexicano no pasó desapercibido. Fue un año raro: mucho movimiento, sí, pero también señales claras de que el turismo no tuvo la misma fuerza de otros ciclos. En varios meses se sintió una baja en la llegada de visitantes y, con ella, una derrama económica más limitada. Cuando hay menos turistas, hay menos consumo, menos propina, menos ventas… y eso se refleja de inmediato en los bolsillos de miles de familias que dependen del sector. Quien vive aquí lo sabe: si el turismo afloja, toda la economía local lo resiente.

En medio de este panorama, el país cerró el año con un anuncio que levantó conversación: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, un cambio que se aplicará de manera gradual a partir de 2027. La idea es positiva: mejores condiciones, más tiempo en familia y, en teoría, más bienestar. Pero también es cierto que las empresas —sobre todo las pequeñas y medianas— ya cargan con costos altos, trámites complejos y un entorno económico que no siempre juega a favor. Para que esta reforma funcione, debe llegar acompañada de incentivos y apoyos que eviten que el buen propósito termine convirtiéndose en un peso adicional para los negocios.

México sigue enfrentando retos que se sienten a nivel local: la generación de empleo estable, la necesidad de mayor seguridad y la urgencia de mantener una economía que dé certidumbre. Las empresas del sector turístico necesitan respirar, planear y crecer, no sobrevivir al día. Hoy más que nunca se requiere un ambiente que permita invertir, capacitar y competir.

Y si hablamos de Cancún, la conversación es todavía más cercana. La ciudad vivió altibajos: temporadas fuertes, otras más flojas, y una competencia internacional que no espera. Aun así, el destino volvió a demostrar su capacidad de levantarse, de reinventarse y de seguir siendo el corazón turístico del país. Aquí, donde la hospitalidad es oficio y orgullo, la gente mantiene viva la energía que sostiene esta región.

El 2026 llegará con retos, sí, pero también con oportunidades. El Caribe Mexicano ha salido adelante en momentos más complicados, y esta no será la excepción. Si gobierno, iniciativa privada y comunidad jalan parejo, podemos convertir este nuevo año en un punto de recuperación real.

Que 2026 venga con mejores temporadas, más empleo digno, mayor seguridad y un turismo que vuelva a moverse con fuerza. Que sea un año de equilibrio, de alianzas y de construir un futuro más estable para todos.   

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Concluyó la temporada de huracanes y, afortunadamente, en Quintana Roo una vez más se tuvo saldo blanco: ningún ciclón golpeó nuestra geografía estatal. Sin embargo, nos solidarizamos con los hermanos de otros estados que, aunque no fue por huracán, sí fueron azotados por lluvias torrenciales que causaron estragos y encendieron las alarmas sobre la indefensión de la gente ante fenómenos como estos. En entidades como Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, los números son claros: decenas de muertos, personas desaparecidas y miles de viviendas dañadas.

La tragedia tiene dos rostros: el humano y el institucional. En lo humano, más de 80 vidas perdidas por las lluvias y otras tantas en calidad de no localizadas. En lo institucional, enfrentamos un doble problema: protocolos que existen en el papel pero no se ejecutan, y autoridades que, ante la emergencia, muestran omisiones o negligencia.

¿Qué está fallando? Primero, la difusión y la capacitación. ¿Cuántas comunidades recibieron alertas claras y tiempo suficiente para evacuar? En Poza Rica, Veracruz —uno de los municipios con más víctimas mortales— los vecinos declararon que no fueron avisados del desbordamiento del río Cazones. Si la alerta se emite pero llega tarde o no se comprende, la prevención queda en mero formalismo.

Segundo, la revisión de lo que se “debe cumplir” y lo que realmente se hace. No basta con tener un plan de protección civil: hay que verificar cauces limpios, drenajes funcionales, rutas de evacuación y personal preparado.

Y tercero, el papel de la autoridad. ¿Cómo explicar un saldo mortal tan alto cuando existen cuerpos de protección civil, alertas meteorológicas y despliegue estatal y federal?

El costo financiero también es alto. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los siniestros por lluvias e inundaciones ascienden a 4 008 casos con daños por 1 206 millones de pesos —995 millones en viviendas y 211 millones en vehículos. Más allá del monto, los estados más afectados tienen el menor nivel de aseguramiento de hogares (15 % a 35 %), lo que obliga al Estado a asumir la reconstrucción y deja a las familias en la precariedad.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Fortalecer protocolos: revisar, actualizar y certificar los procedimientos antes, durante y después de los eventos, con participación comunitaria.

Capacitación y difusión: no basta emitir alertas; la población debe entenderlas y saber qué hacer. Se requiere educación preventiva, simulacros y participación de escuelas y organizaciones civiles.

Transparencia y rendición de cuentas: si hay deficiencias —pólizas vencidas, drenajes colapsados, equipos sin mantenimiento— la autoridad debe responder.

México no puede permitir que la “inesperada” intensidad de la lluvia siga cobrando vidas que eran prevenibles. El papel del Estado y de los gobiernos locales va mucho más allá de los comunicados de auxilio: es una obligación moral y política asumir que la tragedia no empieza cuando el agua arrastra casas, sino cuando la alerta, la prevención y la protección no llegan a tiempo. Y cuando eso ocurre, la pérdida no es sólo de unos cuantos: es de toda la comunidad, de todo el país..   

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Nelly García

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Quintana Roo dio un paso poco común: preguntarle a la gente cómo quiere moverse. En plazas, calles y módulos instalados por el Instituto de Movilidad (Imoveqroo), estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en general compartieron experiencias, quejas y propuestas sobre el transporte público. La pregunta central era sencilla, pero profunda: ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un servicio más rápido, cómodo y frecuente?

Las respuestas mostraron la diversidad de necesidades y opiniones, pero también un sentir común: la gente está harta de esperar horas bajo el sol o la lluvia, de combis y autobuses que llegan tarde o en mal estado, y de rutas que no siempre conectan con lo que necesitan en su día a día. Muchos coincidieron en que mejorar no puede significar solo subir tarifas; otros entendieron que para ver cambios reales se necesita inversión, pero dejaron claro que quieren ver resultados: unidades renovadas, choferes capacitados, más rutas y horarios que funcionen de verdad.

La consulta también puso sobre la mesa un tema que va más allá del transporte: la infraestructura urbana. Las recientes lluvias evidenciaron calles inundadas y caos vial, recordando que la movilidad no solo depende de los vehículos, sino de avenidas y calles que soporten el crecimiento de ciudades como Cancún. La ciudadanía exige que las mejoras se noten en su día a día, que los desplazamientos sean dignos y seguros, y que la inversión se traduzca en soluciones visibles y prácticas.

El Imoveqroo publicará los resultados, pero más allá de cifras y estadísticas, lo que quedó claro es que la gente no quiere promesas ni discursos; quiere sentir la transformación. Los ciudadanos están dispuestos a colaborar y aceptar ajustes en las tarifas si, y solo si, estos significan un transporte eficiente, inclusivo y confiable.

La lección es sencilla: mejorar la movilidad no es un lujo, es una necesidad. Y Quintana Roo necesita actuar ahora, con decisiones concretas que garanticen que todos puedan trasladarse con rapidez, seguridad y comodidad. La ciudad está hablando, y esta vez exige ser escuchada de verdad.   

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México vive un panorama económico mixto: por un lado, hay avances en la reducción de la pobreza; por otro, millones de mexicanos siguen al filo de la vulnerabilidad. Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza disminuyó de 46.8 a 38.5 millones de personas, y la tasa nacional cayó de 35.9% a 29.6%, el nivel más bajo desde que se registra este indicador. Factores como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral en materia de subcontratación, los programas sociales y las remesas han contribuido a este logro.

Sin embargo, la otra cara de la realidad es implacable: el 67% de la población enfrenta adversidades críticas, desde pobreza extrema hasta carencias en educación, salud y servicios básicos. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos –32 millones de personas– laboran en la informalidad, sin prestaciones ni contrato. Incluso con un salario mínimo histórico de 6,245 pesos mensuales, un hogar de cuatro personas apenas alcanza el 40% de las necesidades básicas por integrante.

El sector privado reconoce estos avances, pero subraya que el mejor programa social sigue siendo la generación de empleos formales. Integrar a millones de trabajadores y empresas de la economía informal a la formalidad garantiza seguridad social y fortalece la inversión, la productividad y la recaudación fiscal. Para 2026, el reto será elevar la inversión al menos al 30% del PIB, consolidando proyectos productivos con certeza jurídica y fomentando la prosperidad compartida.

Mientras tanto, factores externos complican el panorama. Las remesas, un apoyo clave para millones de familias, registraron su peor nivel desde 2009, con 5,330 millones de dólares en julio, y se anticipa que Estados Unidos cobrará un impuesto a estos envíos a partir de 2026. Banxico revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico para 2025, de 0.1 a 0.6%, pero advierte que la economía seguirá débil en la segunda mitad del año, con bajo dinamismo en inversión y consumo. Los aranceles e impuestos también impactan la competitividad de México y la capacidad de las empresas para generar empleos formales de calidad.

En suma, México ha avanzado, pero aún camina sobre terreno inestable. La reducción de la pobreza es un logro relevante, pero consolidarla requiere inversiones que fomenten empleos formales, salarios dignos y seguridad social para todos. Mientras el gobierno y el sector privado logren colaborar en este camino, el país podrá aspirar a una economía más sólida, justa y resiliente, capaz de proteger a quienes hoy siguen en la cuerda floja.  

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En días recientes, México logró una prórroga de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles comerciales por parte de Estados Unidos, gracias a las negociaciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque a primera vista la noticia pueda sonar positiva, lo cierto es que no se trata de una solución definitiva, sino de una tregua que mantiene en vilo a los mercados y a los inversionistas. La incertidumbre pesa, y en economía, la incertidumbre cuesta.

Las tensiones arancelarias son una advertencia clara: la estabilidad económica de México está estrechamente ligada a la relación con nuestro principal socio comercial. Cada decisión de Washington se refleja casi de inmediato en los flujos de inversión, en la confianza de los empresarios y, por supuesto, en el bolsillo de la gente.

Mientras tanto, el Banco de México continúa con su política de recorte en las tasas de interés. La intención es incentivar el consumo y la inversión, pero el escenario global, marcado por riesgos comerciales y por la volatilidad de los mercados financieros, limita el margen de maniobra. La reducción de tasas alivia a las empresas que buscan financiamiento, pero también presiona al peso y eleva la cautela de quienes deciden dónde colocar su capital.

En el caso de Quintana Roo, el impacto es tangible. Nuestro motor económico es el turismo, una actividad profundamente sensible a la percepción de estabilidad y a la capacidad de gasto de los visitantes. Si la economía mexicana se resiente por tensiones externas o por dudas internas, los efectos se sienten directamente en hoteles, restaurantes, tours y comercios locales. Menor poder adquisitivo de los turistas significa menos consumo y, por ende, menores ingresos para toda la cadena de valor del sector.

Además, los inversionistas que evalúan proyectos en Cancún o la Riviera Maya observan con lupa estos movimientos. La pregunta que se hacen es sencilla: ¿conviene arriesgar capital en un entorno donde el crecimiento se ve condicionado por decisiones externas y la recuperación se enfrenta a obstáculos recurrentes?

No se trata de ver el panorama en tonos oscuros, sino de asumir que los próximos meses serán decisivos. La prórroga de los aranceles da oxígeno, pero no resuelve el problema de fondo: la necesidad de México de diversificar mercados, fortalecer su competitividad interna y ofrecer certezas jurídicas y financieras a quienes mueven la economía.

En lo local, urge que el sector turístico redoble esfuerzos para mantener su atractivo, apostando por innovación, calidad y diversificación de la oferta. Porque aunque el escenario macroeconómico no dependa de nosotros, la capacidad de adaptarnos y seguir siendo un destino de clase mundial sí está en nuestras manos.

La economía, al final, se vive en la cotidianidad: en la tarifa del hotel, en el precio del menú, en el costo de los traslados y en la posibilidad de que un visitante regrese y recomiende el destino. Por eso, aunque los titulares hablen de aranceles, tasas y negociaciones, lo que está en juego en Cancún y en Quintana Roo es el bienestar de miles de familias que dependen de que el turismo no pierda fuerza.   

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En los últimos días, dos noticias en México encendieron señales de alerta que no deberíamos ignorar: por un lado, la intervención de tres instituciones financieras mexicanas tras una acusación grave del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; por otro, la aprobación de una ley que amplía de forma preocupante las capacidades de vigilancia del Estado mexicano sobre su propia población.

En el primer caso, la señal vino desde fuera. El gobierno estadounidense colocó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en la lista de entidades con “preocupación principal en materia de lavado de dinero” por su presunta relación con el tráfico de opioides. Aunque las instituciones negaron categóricamente los señalamientos, las consecuencias no se hicieron esperar. Visa canceló sus operaciones con CIBanco, Fibra Inn y Terrafina lo desvincularon como fiduciario, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino para intentar contener el daño.

La reacción del gobierno federal, y en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue minimizar el asunto. Pero para miles de cuentahabientes, empresas y actores del sector turístico e inmobiliario que operan con estos intermediarios, la incertidumbre es real. El impacto reputacional es profundo, y revela la fragilidad del sistema financiero ante señales internacionales de desconfianza.

El segundo caso, más silencioso pero igual de inquietante, ocurrió en el Congreso. Se aprobó una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que permite al Estado mexicano acceder, sin autorización judicial, a datos personales de la población: desde biométricos y bancarios hasta de salud, ubicación y hábitos de consumo. Una arquitectura de vigilancia masiva que, combinada con otras reformas recientes, fortalece el poder de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sin controles claros ni contrapesos efectivos.

Especialistas han alertado que se trata de un modelo sin garantías, sin supervisión ciudadana ni institucional. El uso que pueda darse a esa información —en un contexto de polarización política y creciente militarización— debería preocuparnos a todos.

Los dos temas tienen un hilo común: la erosión de la confianza. Ya sea en el sistema financiero o en las instituciones democráticas, sin transparencia, sin controles independientes, y sin rendición de cuentas, no hay certeza posible. Y sin certeza, no hay inversión ni desarrollo sostenible, ni turismo confiable, ni ciudadanía libre.