Nelly García

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La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Gobierno federal en México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas en diversos sectores: desde organismos empresariales y actores internacionales hasta defensores de derechos humanos y libertad de expresión. Las razones son tan evidentes como preocupantes: se pretende desmantelar la autonomía regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita al Poder Ejecutivo. Esto, además de contradecir lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), compromete la certeza jurídica para inversiones presentes y futuras.

Recordemos que el ecosistema de telecomunicaciones ha sido, en años recientes, uno de los pilares de crecimiento y competitividad en México. Este entorno, basado en reglas claras y un árbitro independiente, ha permitido la expansión de infraestructura, la mejora de servicios y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Diluir esa autonomía regulatoria abre la puerta a decisiones discrecionales, concentración de poder y, lo más grave, censura.

Entre los elementos más polémicos de la propuesta destaca el artículo 109, que faculta al gobierno para bloquear plataformas digitales. Manifestantes lo han llamado, con razón, “Ley Mordaza”. Otros artículos limitan la difusión de contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros, imponiendo filtros que deben pasar por la Secretaría de Gobernación. Aun cuando se argumenta que se trata de evitar mensajes discriminatorios o con fines injerencistas, el mecanismo propuesto es excesivo y poco transparente.

Para el sector privado, este tipo de medidas son un retroceso a épocas donde el poder presidencial decidía qué se podía decir, transmitir o publicar. Recordemos que los negocios en telecomunicaciones requieren planeación a largo plazo, fuertes inversiones de capital y estabilidad regulatoria. Sin esto, el mensaje a inversionistas es claro: México ya no ofrece condiciones seguras ni confiables para operar.

Lo paradójico es que la propia administración ha pausado el proceso legislativo ante la presión social y mediática. Del 8 al 26 de mayo se realizarán conversatorios públicos con académicos, organizaciones civiles y expertos. Este espacio de diálogo es una oportunidad que no puede desperdiciarse: revisar a fondo el dictamen, replantear el papel del Estado y reconstruir consensos que garanticen libertad de expresión, acceso a la información, competencia económica y soberanía tecnológica, sin sacrificar derechos ni autonomía.

Las telecomunicaciones son más que infraestructura; son el canal por el cual fluye la democracia. Su regulación debe proteger los principios de neutralidad, acceso universal y pluralidad. No es momento de imponer visiones centralistas, sino de construir marcos institucionales sólidos, transparentes y modernos. México no puede —ni debe— volver a los años 80.   

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El 1 de junio de 2024 será una fecha histórica para el país. No sólo porque México vivirá una jornada electoral masiva, sino porque, por primera vez, los ciudadanos tendrán en sus manos la elección de jueces, magistrados y ministros. Un giro radical en la impartición de justicia que, en teoría, pone el poder en manos del pueblo. Pero, en la práctica, ¿estamos preparados para ello?

La reforma judicial que llevó a este momento fue un campo de batalla. Entre críticas, debates y resistencia de diversos sectores, el proceso avanzó hasta concretarse, dejando en su camino dudas y escepticismo. Ahora, la maquinaria electoral está en marcha, con 881 cargos en disputa y más de 3,400 candidatos intentando ganar la confianza ciudadana. Desde el 30 de marzo, las campañas han comenzado y los aspirantes tienen 60 días para darse a conocer y convencer a los votantes. Sin embargo, el mayor reto no es para los candidatos ni para el Instituto Nacional Electoral (INE), sino para nosotros, los ciudadanos.

El mayor desafío será la participación. Las encuestas anticipan un desinterés alarmante: la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral. Un número irrisorio si consideramos que lo que está en juego es la justicia misma. Pero, ¿cómo pedir mayor interés cuando los ciudadanos no conocen a los candidatos? Sin partidos políticos que los respalden, sin financiamiento para publicidad y sin la maquinaria de las campañas tradicionales, la mayoría de los aspirantes luchará por hacerse visible en un mar de desconocimiento.

El reto es mayúsculo. Para los votantes, informarse y conocer los perfiles de quienes aspiran a impartir justicia. Para los candidatos, darse a conocer con herramientas limitadas. Para el INE, organizar una elección inédita con menos recursos, menos casillas y un modelo sin precedentes. Y, sin embargo, más allá de las dificultades logísticas y políticas, lo realmente crucial es comprender lo que esta elección significa: el futuro de la justicia en México estará definido por quienes lleguen a esos cargos.

Nos guste o no, el 1 de junio elegiremos a quienes tendrán en sus manos la impartición de justicia en el país. La oportunidad es histórica, pero también el riesgo. Porque si no participamos, si no nos informamos, si votamos sin criterio, el resultado será una justicia débil, ineficiente y quizás más politizada de lo que pretendía evitarse. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad?    

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La estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” que inicia este mes en México es una apuesta ambiciosa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fomentar hábitos saludables en la infancia. Con brigadas interdisciplinarias y un censo de salud en primarias públicas, el programa busca erradicar la malnutrición y mejorar el bienestar de los niños. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que la información no es suficiente. Se requieren condiciones reales para que las familias puedan elegir opciones saludables.

A casi cinco años de la implementación de la Norma de Etiquetado NOM-051, la obesidad infantil sigue siendo un problema grave en México. Prohibir personajes en empaques o restringir la venta de comida chatarra dentro de las escuelas no ha bastado para cambiar la realidad: si el agua potable no está garantizada y los alimentos frescos son inaccesibles, las alternativas más baratas seguirán siendo las ultraprocesadas.

El sector privado ha encontrado maneras de adaptarse. Reformularon productos, redujeron azúcares y sodio, y devolvieron a sus personajes icónicos a los empaques. Pero el verdadero desafío no es la mercadotecnia, sino la disponibilidad de opciones saludables. Más que imponer prohibiciones, urge una inversión real en infraestructura alimentaria. En países con mejores indicadores nutricionales, los comedores escolares son una herramienta clave. En México, muchas escuelas públicas ni siquiera cuentan con bebederos funcionales.

Las empresas tienen una responsabilidad en la salud infantil, pero también el Estado debe garantizar que las familias tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos. En lugar de solo censar peso y talla, podrían empezar por asegurar que en cada primaria haya una opción de comida sana y accesible. Solo así se podrá romper el círculo vicioso de la malnutrición infantil. Veremos….

Y mientras en México discutimos etiquetas y prohibiciones, en Estados Unidos Donald Trump vuelve a poner en jaque la economía mexicana con los aranceles que comenzarán a aplicarse este mes. La incertidumbre económica que esto genera impacta directamente en la industria y en la inversión. En estados como Quintana Roo, donde la dependencia del turismo y las importaciones es alta, es imprescindible fortalecer la economía interna y fomentar la competitividad.

Regresar a la discusión sobre barreras comerciales nos recuerda la urgencia de diversificar mercados y fortalecer la producción local. Al final, ya sea en temas de nutrición o economía, la solución no está en las prohibiciones o restricciones, sino en generar condiciones para mejores elecciones. En todos los sentidos, la mesa está servida, pero sin comida.    

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El primer trimestre de este año plantea una fuerte reconfiguración de la política internacional, marcada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato. Con una administración que se perfila por retomar su agenda de mano dura en temas como comercio, migración y seguridad, el impacto de su gobierno será profundo en las relaciones entre Estados Unidos y México, especialmente en sectores clave como el turismo, la economía y la seguridad.

México, y particularmente el estado de Quintana Roo, se enfrenta a un panorama lleno de retos, pero también de oportunidades. El turismo, que es el motor de la economía de este destino, es uno de los sectores más vulnerables a las políticas migratorias y comerciales que Trump implementará. De igual forma, las expectativas sobre la evolución de la economía mexicana, de cara a los potenciales aumentos de aranceles y las fluctuaciones del dólar, pueden generar tanto tensiones como posibilidades de diversificación.

Las políticas proteccionistas y los constantes roces comerciales de la administración Trump, como la imposición de aranceles a productos mexicanos o las amenazas de cambiar las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podrían generar un impacto negativo en la competitividad de México, especialmente en las industrias que dependen del comercio transfronterizo. Para las empresas mexicanas, los aranceles y la posible desestabilización de relaciones económicas podrían significar un aumento en costos, afectando la rentabilidad de los productos y, por ende, la competitividad en mercados internacionales.

Sin embargo, esta situación también obliga a repensar la economía mexicana, impulsando la diversificación y la inversión en sectores menos vulnerables a la volatilidad externa. El turismo, por ejemplo, es uno de los sectores que se podría fortalecer si se realizan esfuerzos por diversificar las fuentes de ingreso, atrayendo tanto a turistas internacionales como locales. Este cambio de enfoque también podría aliviar la presión de depender exclusivamente de la relación con Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

Por otro lado, la reciente participación de México en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid mostró que hay un interés creciente en la diversificación del turismo mexicano. El país no solo está apostando por los destinos más conocidos, como Cancún, sino que también está buscando impulsar el turismo cultural, ecoturismo y turismo de aventura en otras regiones del país. Este tipo de apuestas estratégicas son fundamentales para mitigar los impactos que pueda generar la dependencia del turismo estadounidense.

Si bien Trump puede generar incertidumbre, también abre una ventana de oportunidad para fortalecer la economía mexicana mediante la diversificación. En este contexto, Quintana Roo debe apuntar a la sostenibilidad y la diversificación de su industria turística.   

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Iniciamos el 2025 con la energía renovada que trae un nuevo ciclo, cargado de expectativas, retos y oportunidades. Este año nos invita a reflexionar sobre el rumbo que queremos dar a nuestras acciones, decisiones y prioridades, tanto en el ámbito estatal en Quintana Roo como a nivel nacional en México.

La responsabilidad de quienes ocupan posiciones de decisión en la vida pública es inmensa. Las reformas que se discuten y aprueban desde el Congreso de la Unión, así como las medidas ejecutivas tomadas por el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, tienen un impacto directo en millones de familias mexicanas. A nivel estatal, en Quintana Roo, las determinaciones de las autoridades locales deben buscar siempre el consenso, priorizar el bien común y evitar acciones precipitadas que puedan tener repercusiones a largo plazo.

Un tema particularmente sensible es el de la subcuenta de vivienda de los trabajadores del Infonavit. Este asunto no solo toca directamente los derechos y el patrimonio de los trabajadores, sino que también refleja la necesidad de un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas: representantes laborales, sector patronal y legisladores. Los representantes populares tienen la obligación de ser genuinos portavoces ciudadanos, evitando que intereses individuales o partidistas dominen el debate. Esperamos que este tema, como tantos otros, sea abordado con seriedad, transparencia y una visión amplia.

En el terreno económico, 2024 dejó lecciones claras sobre la importancia de una promoción turística constante y efectiva. Quintana Roo, una de las joyas turísticas de México, experimentó una baja significativa en la llegada de visitantes durante el año, aunque el cierre fue positivo. Este 2025, hacemos un llamado a redoblar esfuerzos en la promoción turística para evitar temporadas bajas que impacten negativamente la economía local, especialmente en un sector tan crucial para la generación de empleos e ingresos.

Por otro lado, el escenario internacional también será clave este año. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca plantea retos significativos para México, particularmente en áreas como el comercio, las relaciones migratorias y la seguridad fronteriza. La administración de Claudia Sheinbaum y su equipo cercano tendrán que actuar con gran inteligencia y habilidad diplomática para proteger los intereses nacionales en un contexto de incertidumbre.

El inicio de este nuevo año nos convoca a todos -ciudadanos, gobernantes y sectores productivos- a ser cautelosos, pero también propositivos. Reconocemos los desafíos, pero también vemos las oportunidades. Que las decisiones que tomemos este 2025 privilegien siempre el bienestar colectivo, y que cada reforma, proyecto o estrategia tenga como eje la construcción de un país más equitativo, próspero y humano. Es momento de decidir con sabiduría, de escuchar todas las voces y de trabajar juntos por el México que deseamos heredar a las futuras generaciones.   

Con la reciente aprobación en el Senado de la desaparición de siete órganos autónomos, México enfrenta un golpe severo a los contrapesos que durante años costaron construir. Estas reformas no solo representan un retroceso en la vida democrática del país, sino que consolidan un modelo centralista que concentra poder en el gobierno en turno, alejándonos de los equilibrios esenciales para una nación plural y moderna.

La desaparición de instituciones como el INAI, Cofece, IFT y Coneval, entre otras, es un atentado directo contra la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad que estos organismos garantizaban. Estas instancias fueron diseñadas para proteger derechos fundamentales, supervisar sectores clave y actuar como vigilantes de la actuación gubernamental. Ahora, sus funciones estarán bajo el control directo de secretarías de Estado, eliminando el carácter independiente que era crucial para evitar abusos y discrecionalidades.

La justificación de que estos cambios generarán ahorros para destinarlos a fondos sociales es, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, engañosa. Los recursos asignados a los órganos autónomos eran una inversión en la democracia, no un gasto superfluo. Además, debilitar estas instituciones no asegura un uso eficiente de los recursos públicos, sino que fomenta opacidad al eliminar las herramientas diseñadas precisamente para garantizar el buen manejo de los mismos.

Es irónico que, en pleno siglo XXI, estemos desmantelando los avances que nos colocaban en la ruta hacia una democracia más sólida, donde las decisiones no dependieran del capricho de un gobierno en turno.

Lo aprobado no es austeridad ni eficiencia; es una decisión que debilita al Estado, minimiza los contrapesos y concentra poder en detrimento de los derechos de la ciudadanía. En lugar de fortalecer a los órganos autónomos, dotándolos de recursos y herramientas para mejorar su funcionamiento, se optó por eliminarlos, sacrificando la transparencia y la rendición de cuentas.

Como ciudadanos, sólo nos queda seguir señalando lo que está mal y exigiendo por vías legales y pacíficas la protección de nuestras instituciones. Tenemos la responsabilidad de actuar y reclamar un México más justo, equilibrado y transparente.

Este cierre de año nos deja una profunda reflexión: la democracia no se construye en automático ni se conserva por inercia. Requiere de la participación activa y constante de todos. Que este sea un llamado para mantenernos vigilantes, para no claudicar en la defensa de los principios democráticos que nos definen como nación.

El 2025 traerá nuevos retos, pero también oportunidades para rectificar. Que la esperanza, el compromiso y la acción nos guíen hacia un mejor futuro para México.