La declaración de quiebra de Mexicana de Aviación no fue una buena señal para la industria aérea nacional. Tampoco para los usuarios. Menos aún las “propuestas” de reforma hacendaria que prevé imponer a la industria aérea el gobierno de Peña Nieto como una de las medidas para engrosar sus finanzas públicas, lo que especialistas traducen como un nuevo duro golpe para el desarrollo turístico del país.
Es simple. México carece de industria carretera y ferroviaria adecuada para su conectividad. El medio aéreo se ha convertido –casi- en el único dinámico instrumento para conseguirlo tanto al interior como al exterior del país, como lo visualizó el gobierno de Miguel Alemán.
Sin embargo, en esta nueva historia de la miscelánea hay dos afectaciones a sopesar en la industria. Por un lado, el gobierno de Peña Nieto cree correcto incorporar un impuesto adicional de 18.71 centavos por cada litro de turbosina, lo que implica un impacto directo de 1.5 en el costo del combustible y una repercusión en el costo operativo de las líneas aéreas… con un solo cargo: al usuario, porque es quien tendría que asumir el incremento tarifario, lo que traería como efecto dominó la inhibición al crecimiento turístico de México. (Un incremento en el precio de boletos reducirá el tráfico de pasajeros, el número de rutas, la inversión en la industria y la generación de fuentes de empleo).
El precio de la turbosina siempre ha sido el gran problema de todas las aerolíneas, aunque es una cuestión que gira de acuerdo al movimiento internacional regido por la oferta y la demanda, y sin miras de que baje… y sí de que se incremente, también por disposición, como es nuestro caso.
Por otro lado, el hecho de hacer a las aerolíneas “obligados solidarios” en el cobro del Impuesto de No Inmigrante (DNI) es otro serio revés a la industria, como afirma nuestro personaje de portada Andrés Conesa, con varios años de vuelo capitaneando Aeroméxico y líder actual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
El cobro de esta tributación para el Estado la lleva desde siempre toda línea aérea nacional e internacional a la compra de boletaje por parte del pasajero, y la reintegra a Migración. Sin embargo, con la nueva disposición, de haber una diferencia en el ingreso por el número de pasajeros, las aerolíneas serían responsables de amortiguar el pago.
Y es así, que ante la negativa de las aerolíneas a prestarse a la figura de “obligados solidarios” que habría una nueva afectación (y nuevamente) con cargo… al pasajero. Como si su experiencia no fuera tortuosa ante Aduana y Migración, además tendría que pasar a una nueva ventanilla para su pago de DNI.
El gobierno no cae en cuenta de su responsiva como figura facilitadora para la generación de inversiones, de tráfico aéreo para la captación de divisas, de instrumento para generar puentes domésticos para negocios y placer de sus conciudadanos. El gobierno sigue poniendo parches para tapar los agujeros más expuestos.
El monopolio aeronáutico de México fue empujado por el gobierno a través de subsidios por décadas. Con la apertura de cielos abrió la caja de Pandora a la falta de una legislación aérea seria; no importaban ni contratos ni arrendadores aeroportuarios ni los altos precios que a los propios mexicanos se les cobraba para viajar dentro del territorio nacional. No hubo control aéreo, pero sí concesiones extraordinarias, que a la larga bajaron del cielo a algunas incipientes compañías aéreas que intentaron competir por su derecho de vuelo.
Se ha insistido en el tema. Sin conectividad aérea no hay futuro en el crecimiento turístico -ni económico- de México. Se resta competitividad con respecto de otros importantes actores de la geografía turística internacional, donde cohabitan con éxito diversas líneas aéreas, aeropuertos a corta distancia y donde la carga de turbosina es, por mucho, inferior en EU (entre tres y siete por ciento).
En estos momentos de turbulencias, habría que reconsiderar posturas, habría que dejar de poner parches y meterse de fondo para revisar temas que por décadas han retrasado la evolución en la aeronáutica nacional. Y en ese sentido, habría que voltear a las políticas aeronáuticas, capítulo Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA), que resulta un gravamen al libre albedrío para los concesionarios cuando no fluyen muchos pasajeros… y siempre en detrimento de éstos.
Que se busquen esquemas para impulsar la conectividad aérea por todo el territorio nacional, que se abogue por la creación de una política aeronáutica de Estado y que se impulse el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria en beneficio del turismo, con muchas oportunidades naturales y culturales para los mercados domésticos y mundiales, y como fuente de ingreso para las arcas de México.
[editor]mariana-orea[/editor]
