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Fernando Barbachano Herrero, legítimo propietario del histórico hotel Mayaland, expone la corrupción entre autoridades de la Península de Yucatán y acusa a empresarios y funcionarios de actos ilegales para despojarlo de su patrimonio familiar y favorecer a Rodolfo Rosas

El empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero, descendiente de una familia con más de 100 años de historia en la región, enfrenta una batalla legal para recuperar la propiedad del icónico Hotel Mayaland y The Lodge, ubicados en las inmediaciones del vestigio arqueológico Chichén Itzá. Este conflicto ha destapado una serie de irregularidades y posibles actos de corrupción que involucran a autoridades judiciales y gubernamentales de Yucatán y Quintana Roo.

En una rueda de prensa en el Hotel Hacienda, aledaño al hotel Mayaland, en Chichén Itzá, el empresario Fernando Barbachano Herrero, acompañado de sus abogados liderados por Gerardo Ostos Rincón Gallardo y Manuel Rodríguez Villamil, denunció una serie de irregularidades legales y actos de corrupción por parte de autoridades de Yucatán y Quintana Roo, que resultaron en el despojo del emblemático hotel Mayaland. 

Señalan directamente al Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, propuesto por el exgobernador Mauricio Vila para permanecer en el cargo por 12 años, y a la juez interina y suplente en el Estado, Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, por ilegalidades, irregularidades, abuso de poder y actos de corrupción en la impartición de justicia, para favorecer a Rodolfo Rosas Moya y la Inmobiliaria R4 en el despojo de propiedades.

La colusión entre autoridades, abuso de poder e impunidad ha permitido, desde hace casi tres años, a un grupo de vándalos apoderarse de las ganancias de los hoteles, constituyendo defraudación fiscal y lavado de dinero”.

Bufete de abogados de Fernando Barbachano

El hotel Mayaland, con más de un siglo de historia y legado cultural en la península de Yucatán, es reconocido como el primero en el mundo construido junto a un sitio arqueológico. 

Desde su creación, ha sido administrado por la familia Barbachano, pionera en el desarrollo turístico de la región. “Este hotel es parte del patrimonio no solo de nuestra familia, sino también del legado histórico de Yucatán”, subrayó Barbachano durante su intervención. 

Sin embargo, en los últimos tres años, el inmueble ha estado en disputa legal debido a lo que el empresario calificó como “un ataque directo mediante triquiñuelas legales y corrupción institucional”.

Barbachano y su equipo legal hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y al gobernador Joaquín Díaz Mena, para restaurar la justicia en favor del legítimo propietario. De hecho, ya envió una petición del plebiscito al gobernador para que intervenga. “Nosotros sólo pedimos que la Fiscalía General haga valer la ley; ya demostramos que somos los dueños del hotel y de manera inexplicable no lo quieren devolver”, insistió.

Acusaron al fiscal Juan Manuel León, y al fiscal anticorrupción Carlos Murillo Ku, de frenar los procesos judiciales, así como al magistrado Mario Alberto Castro de tener metidas las manos en el proceso.

Dijo que tiene esperanzas de que pronto las autoridades hagan valer el estado de derecho y que el hotel le sea entregado. “Tenemos la posesión legal, pero no la física, porque no se ha hecho la diligencia de entrega, y esta permanece ilegalmente en manos de Rosas Moya”.

Las raíces del conflicto

En conferencia de prensa mostraron a los medios de comunicación las ilegalidades que iniciaron el 17 de febrero de 2022, cuando un convoy de más de 50 hombres armados, dirigidos por Rosas Moya tomó por la fuerza los hoteles ubicados en el corazón de Chichén Itzá.

Según el equipo legal de Barbachano, el conflicto se originó en 2020, en pleno inicio de la pandemia, con un acuerdo de promesa de compraventa entre Fernando Barbachano y el empresario Rodolfo Rosas Moya, quien mostró interés en adquirir tanto el Mayaland como el The Lodge at Chichen Itzá. El contrato estipulaba una serie de pagos que Rosas Moya debía realizar como condición para concretar la compraventa. Sin embargo, estos pagos nunca se realizaron en su totalidad, lo que llevó a Barbachano a rescindir el contrato en cumplimiento de las cláusulas establecidas.

“No existió jamás un contrato definitivo de compraventa, únicamente una promesa condicionada a pagos específicos. Ante el incumplimiento, procedimos de manera legal a rescindir el acuerdo,” explicó Ostos Rincón Gallardo. A pesar de esto, Rosas Moya logró apoderarse del inmueble mediante maniobras que los abogados calificaron como “ilegítimas y respaldadas por autoridades corruptas”.

Corrupción institucional y complicidad de autoridades

“Nunca había visto tantas trampas de bandoleros como las que he visto para despojar al Sr. Barbachano de su legítima propiedad”, declaró Ostos.

Una de las principales denuncias hechas por el equipo legal de Barbachano apunta a la Fiscalía de Quintana Roo de la administración pasada, que ordenó el aseguramiento del inmueble sin la autorización de un juez de control, contraviniendo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, la Fiscalía de Yucatán no solo colaboró con esta medida, sino que designó de forma arbitraria a un representante de Rosas Moya como depositario del hotel, un acto que Ostos calificó de “aberrante y sin sustento jurídico”.

“Es inconcebible que la Fiscalía de Quintana Roo haya emitido un oficio para intervenir en un conflicto que pertenece al ámbito judicial de Yucatán. Esto no solo viola la soberanía estatal, sino que constituye un acto de corrupción evidente”, destacó Ostos. 

El abogado también destacó la participación de elementos de Seguridad Pública de Quintana Roo en territorio yucateco el día en que Rosas Moya tomó el control de los hoteles. 

“Este acto constituye una invasión a la soberanía de Yucatán y evidencia el contubernio entre ambas administraciones”, agregó.

Asimismo, acusaron al exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de respaldar estas acciones mediante la creación de un tribunal especial para atender el caso, una medida que calificaron de ilegal y sin precedentes.

Señalaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán está en desacato, pues se niega a cumplir con su deber, ya que con motivo de una sentencia de amparo federal le resulta obligatorio ejercer acción penal por el delito de despojo.

Sin embargo, se rehúsan a entregar la posesión a su dueño, aun cuando en septiembre de 2023 se ordenó en un oficio de colaboración constitucional notificado por la Fiscalía de Quintana Roo, que inicialmente autorizó el aseguramiento de los hoteles de manera ilegal y sin aprobación de un Juez de Control.

Expusieron que por instrucciones del Consejo de la Judicatura, todos los casos relacionados con Mayaland son resueltos en el circuito judicial de Umán, por Iliana Álvarez, aún cuando la ubicación de los hoteles corresponde en su competencia a Valladolid.

Además, aseguraron que estas irregularidades y abuso de poder han permitido que desde hace casi tres años “este grupo de vándalos se apoderaran de las ganancias de los hoteles, constituyendo una defraudación fiscal y lavado de dinero. 

Señalaron que Rodolfo Rosas y su Inmobiliaria R4 están perpetrando una millonaria defraudación fiscal, porque el inmueble no expide facturas por los servicios que ofrece, tanto de alojamiento, bar, lavandería y venta de entradas a la zona arqueológica.

Visita frustrada

Tras la conferencia de prensa, Barbachano intentó ingresar al hotel Mayaland, acompañado de sus abogados y equipo de trabajo. Al llegar, fue confrontado por guardias de seguridad que le impidieron el acceso al inmueble, a pesar de que se identificó como el propietario legítimo. “¡Soy el dueño del hotel!”, exclamó Barbachano, visiblemente frustrado. Sin embargo, optó por retirarse para evitar un enfrentamiento mayor.

“Esta escena es el reflejo de tres años de atropellos e injusticias. ¿Cómo puede alguien ser expulsado de su propia propiedad? Esto no es solo un caso de corrupción, es una burla a la legalidad y al esfuerzo de generaciones”, lamentó Rodríguez Villamil.

El abogado Gerardo Ostos refirió que este concierto de violaciones a derechos humanos lo está analizando la Comisión Interamericana y, eventualmente, será denunciado por ese organismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo que podría derivar en una condena muy grave para México”. Recordó que Rodolfo Rosas Moya ya fue expuesto como corrupto y tramposo en varias ocasiones, incluso por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó por fraude.

La lucha continúa

El caso ha sido llevado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se han señalado como imputados a funcionarios clave de ambas administraciones estatales pasadas. “Estamos ante un caso emblemático de corrupción, donde se evidencia cómo el poder público fue utilizado para favorecer intereses privados”, enfatizó Ostos.

A pesar de los obstáculos, los abogados señalaron avances recientes en la restitución de la propiedad. 

“Confiamos en que la justicia prevalecerá. Este caso no solo afecta a nuestro cliente, sino que sienta un precedente peligroso para todos los empresarios de la región”, concluyó Ostos.

El conflicto por el Hotel Mayaland y The Lodge no es solo un litigio por bienes inmuebles, sino también un ejemplo de cómo la corrupción puede afectar a empresas históricas y familias que han contribuido al desarrollo económico de la región. 

Fernando Barbachano, con su reputación de generador de empleos y defensor del patrimonio cultural, sigue siendo un referente de resistencia ante las injusticias.