- Carta del Director
- Amador Gutiérrez Guigui
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El Senado de la República, con una mayoría automática conformada por Morena, PT y PVEM, aprobó el llamado “plan B” de la reforma electoral que fue impulsada desde Palacio Nacional y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso en diciembre. El árbitro electoral ha advertido que los cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año -en los que se renovarán dos gubernaturas- y de 2024, cuando se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. También señala que las reformas favorecen que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen (prohibido actualmente por la Constitución) y eso desequilibra la contienda.
Ahora, que no se podrá considerar propaganda gubernamental las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión”, los partidos de la oposición advierten que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro aspirantes presidenciales de Morena -servidores públicos en funciones- puedan usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores.
En lo aprobado destacan tres temas:
El primero, consiste en una muy necesaria ampliación de derechos políticos; se fortalece la participación política de la ciudadanía. Como ejemplos, se garantiza el voto de las personas en prisión preventiva y de las personas con discapacidad en estado de postración. También se obliga a que las candidaturas contengan fórmulas de jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de diversidad sexual y migrantes. Además, se simplifica el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
El tema más polémico es el segundo, relativo a la reestructura y reorganización de las autoridades que conforman un nuevo “sistema nacional electoral”. Estas disposiciones buscan reposicionar al INE, con menos autoridad, menos recursos, menos estructura, pero con las mismas funciones. Se desaparecen áreas con el argumento de la austeridad, sin mencionar las actividades que realizan y sin que haya un diagnóstico de cómo se seguirán llevando a cabo con menos.
Al INE se le quiere delgado, pero también sin dientes. Este punto puede estar cayendo en una violación a su naturaleza de órgano constitucional autónomo y se pone en peligro las elecciones, convirtiéndolas en procesos menos ágiles, menos eficaces, menos incluyentes menos transparentes, menos cercanos y probablemente con resultados muy distintos.
El tercer tema, dedicado a la justicia electoral, contiene también algunos elementos de racionalidad no menor, pero sin caer en la posición radical que se propone para las autoridades administrativas. Se le intenta condicionar su funcionamiento. al restringir que toque la autoorganización y autodeterminación de los partidos.
Esto ha impactado en Quintana Roo, ya que se ha visto el atraso por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas como una estrategia de dejar sin margen de maniobra a los organismos autónomos y ahora regatear a los partidos políticos las prerrogativas que por ley les corresponden.
Es inadmisible que el Ieqroo no cuente con su presupuesto en tiempo y forma y que ahora se pretenda “castigar” a los partidos con el dinero público de los contribuyentes y que se está administrando de manera particular por el gobierno del Estado.
Las diferentes manifestaciones que concentraron a un muy buen número de ciudadanos demostraron que el llamado plan B no cuenta con un respaldo unánime de los ciudadanos. Ahora la decisión la tiene la SCJN que ha recibido acciones de inconstitucionalidad de parte del INE y diversos partidos políticos por considerar que se pone en peligro la democracia en nuestro país, y en Quintana Roo en consecuencia.