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Revista Latitud 21
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Cuarto de Huéspedes

Claves para una comunicación gubernamental eficaz

por NellyG 13 noviembre, 2024

 

La comunicación gubernamental en Solidaridad enfrenta un desafío crítico: transformar la percepción de una administración desconectada en una gestión auténtica y comprometida con las necesidades de la gente. En un contexto donde la transparencia y la confianza en las autoridades han sido erosionadas, progreso, credibilidad y cercanía deben ser algo más que términos para adornar comunicados; deben traducirse en acciones concretas y sostenidas que demuestren respeto y empatía hacia la ciudadanía.

Progreso sin excusas: Aunque se anuncian proyectos con bombo y platillo, la realidad en las calles rara vez coincide con las promesas oficiales. El verdadero progreso no se mide solo en obras o eventos públicos, sino en su impacto duradero en la calidad de vida de las personas. Solidaridad, enfrenta desafíos urgentes —seguridad, escasez de agua y falta de servicios básicos— que requieren proyectos alineados con un plan integral, no iniciativas aisladas para mejorar la imagen pública. Cada obra debe explicarse con claridad: sus plazos, costos y resultados concretos. Solo así el gobierno puede ganarse la confianza de una población cansada de discursos vacíos.

Credibilidad como principio rector: La credibilidad de un gobierno está en sus acciones, no en su retórica. Un gobierno que rinde cuentas claras, muestra coherencia y no rehúye los temas difíciles es un gobierno que respeta a su gente. Sin embargo, se sigue observando decisiones políticas sin transparencia, las cuales generan más dudas que confianza. Una administración que se limita a anunciar “logros” sin incluir datos verificables, sin evaluar sus impactos y sin reconocer sus errores, es una administración que se aleja de la verdad y pierde el respeto del público. Para recuperar la credibilidad, el gobierno debe abandonar la opacidad, explicar cada paso y enfrentar los errores con humildad y claridad.

Cercanía que involucre a la ciudadanía: La cercanía no puede limitarse a una presencia física o digital; debe incluir la voz de la gente en las decisiones. La ciudadanía de Solidaridad quiere ser escuchada y formar parte del cambio, no solo ser receptora de información. Crear foros de consulta pública, abrir espacios de participación real y garantizar la inclusión de los sectores más afectados por las políticas es esencial para una cercanía genuina. En lugar de responder con promesas, el gobierno debe comprometerse a trabajar junto a la comunidad y atender sus necesidades urgentes. La cercanía debe reflejarse en un diálogo continuo y auténtico, no en interacciones calculadas para mantener una imagen.

El llamado a un cambio estructural en la comunicación: La transformación de Solidaridad solo será posible cuando la administración deje de ver la comunicación como un accesorio de relaciones públicas y la convierta en un mecanismo de empoderamiento ciudadano. La comunidad no necesita más mensajes adornados o cifras manipuladas; necesita claridad, consistencia y compromiso. Solo una comunicación verdaderamente abierta y participativa permitirá avanzar con una administración responsable, honesta y realmente cercana a su gente.

En resumen, la comunicación debe ser un pilar activo y auténtico de gobernanza, no un recurso de autopromoción; alentar al gobierno a adoptar prácticas más transparentes y participativas para ganar la confianza de la ciudadanía.

 

@LOTECL777

Desarrollo Urbano, reformas y ventas inmobiliarias

por NellyG 1 octubre, 2024

Por Rafael Colonia Lizama

 

Creo sinceramente que en este caso es necesario elogiar la labor de la Ejecutivo estatal por sus aciertos en enviar al Congreso leyes como las que nos darán certeza jurídica en materia inmobiliaria, pues ha tenido el atino de ponerles candados a comercialización de proyectos inmobiliarios que acaban con la preventa de saliva, es decir, a partir de ahora nadie podrá vender o prometer vender predios o desarrollos inmobiliarios, condominios, fraccionamientos o terrenos en subdivisiones que no se hayan autorizado y acabar con la especulación y que además no cuenten con los permisos previos.

Aunque desde el año 2010, en el Periódico Oficial del Estado salió la publicación de reformas a la Ley Penal, con lo cual se trataba de acabar con los fraudes en materia inmobiliaria en donde se incluyen en el Código Penal del estado el título Décimo Primero, que se refiere a DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO, que establecía que comete este delito el que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad o teniéndolo no respete las indicaciones del mismo, con el objeto de transferir la propiedad en cualquiera de sus modalidades; al que sin contar con dichos permisos de urbanización,  permita asentamientos urbanos integrados por dos o más familias abarcando dicho delito y a quien teniendo conocimiento del hecho no lo denuncie al Ministerio Público, al que diera posesión de predios sin urbanizar y que no cuenten con las autorizaciones; al servidor público que expida licencias, permisos o autorizaciones permitiendo el uso del suelo o construcciones respecto de lotes previamente fraccionados sin los permisos correspondientes, así como al Notario Público que en ejercicio de sus funciones dolosamente intervenga en un asentamiento  irregular o autorice alguna promesa de venta o compraventa sin cerciorarse de que el o los predios cuenten con las autorizaciones respectivas; al que autorice u ordene cualquier tipo de publicidad ofreciendo lotes o predios en venta sin contar con las autorizaciones correspondientes etcétera.

Las licencias y permisos otorgados por la autoridad, a sabiendas de que el proyecto no cuenta con las autorizaciones, estarán afectadas de nulidad absoluta y en su caso, el Ministerio Público, al ejercer acción penal en contra de los responsables asegurará y pondrá en custodia el bien inmueble objeto de la indagatoria ante el organismo encargado de Desarrollo Urbano para su resguardo, y además deberá de girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, ordenando se realice la anotación preventiva a fin de evitar movimientos traslativos de dominio.

Lamentablemente esta ley aparentemente quedó en el tintero, pues algunos desarrollos entraron en preventa y venta sin cumplir con la norma de la autoridad; sin embargo, acaba de salir y es nuevecita la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que cancela la posibilidad de registrar las subdivisiones y actos relacionados con construcciones, porque además nos obligan a adjuntar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) cualesquiera que sea el desarrollo. De esta forma, primero tendrán que tramitar sus autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano para poder acceder a las autorizaciones de la nueva ley.

El papel del actuario en la industria financiera y la importancia de la regulación por la CNBV

por NellyG 2 septiembre, 2024

Por Miguel Ángel González Manjarrez*

 

En la industria financiera, la figura del actuario juega un papel fundamental en la evaluación y gestión de riesgos. Un actuario es un profesional especializado en el análisis de datos y la modelización matemática para prever y mitigar los riesgos asociados a diferentes aspectos financieros, como seguros, inversiones y temas actuales como la inteligencia artificial.

La labor del actuario es crucial para las empresas y organizaciones que buscan proteger sus activos y garantizar la viabilidad a largo plazo de sus operaciones.

Una de las áreas en las que los actuarios son especialmente importantes es en la inversión de los recursos financieros de una empresa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la institución encargada de regular y supervisar el correcto funcionamiento de las entidades financieras en México. Es vital que las empresas y personas que deseen invertir sus recursos lo hagan a través de instituciones reguladas por la CNBV, ya que esto garantiza que sus inversiones estén protegidas y que se cumplan con todas las normativas y requerimientos legales.

Invertir en instituciones reguladas por la CNBV no sólo proporciona seguridad y respaldo a los inversionistas, sino que también ayuda a fortalecer el sistema financiero del país y contribuye al desarrollo económico. Por otro lado, no hacerlo puede tener graves consecuencias, como exponerse a fraudes o estafas financieras, perder todo el capital invertido e incluso enfrentar sanciones legales por realizar operaciones fuera de la ley.

Por tanto, es fundamental que las empresas y personas que deseen invertir en el mercado financiero se asesoren con un actuario con experiencia y conocimiento en la materia. Los actuarios cuentan con las herramientas y el conocimiento necesario para evaluar los riesgos de las inversiones y recomendar las mejores estrategias para maximizar los rendimientos y proteger los activos.

La figura del actuario juega un papel crucial en la industria financiera, especialmente en la evaluación y gestión de riesgos en las inversiones. Invertir en instituciones reguladas por la CNBV es fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de las operaciones financieras, mientras que no hacerlo puede tener consecuencias catastróficas. Por ello, es importante buscar el asesoramiento de profesionales cualificados y mantenerse informado sobre las regulaciones y normativas del mercado para asegurar el buen desarrollo de las inversiones.

 

  • Miguel Ángel González Manjarrez

Actuario por la UNAM

CEO Math-Strategies

Instagram: miguelangelglzm

 

¿Mi empresa puede ser penalmente responsable?

por NellyG 1 agosto, 2024

Por Oscar Jesús Buenfil Rojas*

Cuando una persona o un grupo de personas deciden emprender, tienen frente a sí una tarea difícil que para tener éxito requerirá mucho trabajo y sacrificios. Claro, en este país donde emprender es una aventura de inciertos resultados, quienes logran alcanzar las metas suficientes para que el negocio comience a dar ganancias suelen permanecer concentrados en los temas que lleven a su empresa a ser exitosa. Sin embargo, no es extraño que aun cuando las empresas se encuentren bien establecidas, hayan pasado por alto la pregunta que se ha planteado en un principio.

Pese a que no lo escuchamos con regularidad, la responsabilidad penal de las empresas existe, y a lo largo de los años han aparecido las normas jurídicas que le han dado forma para que evolucionemos de aquella idea, ahora bastante superada, de que las empresas no delinquen, sólo las personas físicas. En marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que sigue vigente y que en sus artículos 421 al 425 establece el procedimiento para personas jurídicas en caso de cometer delitos.

Este se complementa con la legislación sustantiva de cada entidad de la república, que ya deberían tener el marco jurídico necesario para llevar a juicio penal a las empresas. Pero no en todas las entidades del país existen esas disposiciones y, por lo tanto, no en todas se puede llevar con éxito a juicio a las personas jurídicas por cometer delitos. Sin embargo, no es el caso de Quintana Roo. En nuestro estado, el Código Penal contiene, desde el año 2017, no sólo un catálogo de delitos por los que una empresa puede ser llevada a juicio, sino que se construyó un sistema de reglas que constituyen un verdadero sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, y que apunta claramente a los delitos realizados en el ejercicio de actividades referentes al objeto social cometidos por sus empleados por falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada.

Por eso, las empresas quintanarroenses deberían poner más atención en este tema, y aprovechar también que Quintana Roo tiene el sistema de atribución de responsabilidad penal empresarial mejor desarrollado del país y que ha sido incluso el modelo para otras entidades. ¿Cómo aprovecharlo? Haciendo uso de las mismas disposiciones que contiene referentes a las excluyentes de responsabilidad penal de las empresas y que si pudiéramos resumirlas se refieren al llamado Compliance Penal.

El código señala claramente los casos en que el adoptar modelos de organización, gestión y prevención de riesgos penales que incluyan medidas de vigilancia idóneas para prevenir delitos pueden funcionar para excluir de la responsabilidad penal a las empresas e incluso da los requisitos mínimos que los modelos de organización control y prevención deben contener para ser eficaces y lograr la exclusión de responsabilidad penal.

El tema del compliance es sumamente amplio, pero sin duda, es algo que se deben plantear las empresas, si es que quieren prevenir el ser imputadas de un delito. Implementarlo con éxito dependerá mucho de las actividades de cada empresa y la identificación efectiva del tipo de riesgos que pueden enfrentar, pero ¿Cómo saberlos si la mayoría de las empresas no se preocupa por realizar este tipo de actividades de prevención?

Es momento de que las empresas, sean del tamaño que sean, acepten que el riesgo penal siempre está presente, y no confiar a la suerte que esas cosas no les pasarán. La falta de conocimiento sobre el compliance penal a menudo lleva a las empresas a una falsa sensación de seguridad, lo que puede resultar en una reacción tardía y costosa ante incidentes legales de carácter penal. No es lo mismo para una empresa enfrentar acusaciones de fraude, homicidio, hostigamiento sexual, lesiones etc. teniendo un sólido sistema de cumplimiento normativo, que no teniéndolo. Esa puede ser la diferencia entre la continuidad de la empresa o su fin.

* Oscar Jesús Buenfil Rojas

Lic. en Derecho por la Universidad Tecnológica de México

Maestro en Derecho Penal y Amparo

Catedrático de Universidad Modelo, Campus Chetumal.

Facebook: Oscar Buenfil

¿Convencer al electorado en Solidaridad?

por NellyG 1 mayo, 2024

 

 

En Solidaridad, los líderes políticos que, a su vez, respaldan a los candidatos de las agrupaciones que han puesto en marcha el foco en este proceso electoral, a menudo utilizan las encuestas como una herramienta para moldear percepciones y motivar o desmotivar a los votantes, con resultados mixtos y a veces no intencionados que objetivan persuadir al electorado.

 

“TOMADURA DE PUEBLO”

 

En efecto, las encuestas pagadas que realizan algunos candidatos a la presidencia municipal en plataformas digitales, parecen indicar que un personaje determinado lidera las preferencias y la intención de votar, cuando no necesariamente es así, si se contrastan los resultados con estudios y rigor metodológico más serio, o de casas encuestadoras de mayor prestigio.

Como dato, rescato las palabras de quien preside la asociación civil-Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz, el cual a señalados en reiteradas ocasiones que, varios de los actores políticos participantes en la contienda electoral, en especial señalo el municipio de Solidaridad, durante su paso por el Congreso del estado como legisladores, se han caracterizado por faltistas y con pobre participación en tribuna por mes.

De ahí que, la pregunta es obligada: ¿De dónde salen los números que le dan una ventaja amplia contra sus adversarios? No cabe duda de que eso de las encuestas es una tomadura de pelo, nadie en su sano juicio se cree el cuento que, en tan solo unos meses y haciendo proselitismo, logren posicionarse en la preferencia del electorado.

Sin duda, este tipo de acciones se llevan a cabo porque funcionan para los intereses de quienes orquestan estos esfuerzos por desinformar, confundir, manipular y reorientar la conversación en el marco de las campañas.  Parte del problema lo conforman las personas que, en medios digitales y redes sociales, suelen dejarse llevar por la simple lectura de titulares y por no investigar a fondo el detalle de la información cuestionable que reciben.

 

“LAS BENDITAS ENCUESTAS”

 

Para concluir, uno de los principales desafíos de las democracias actuales es la falta de información. Durante los últimos años, la utilización de las redes sociales y el uso de la tecnología han simplificado el acceso a la información, pero también han impulsado la peligrosa difusión de noticias e información falsa que representan una actividad ilegal para las democracias, poniendo en jaque a las autoridades electorales, a los partidos políticos y a la misma población.

Dicho de otra manera, conocer, entender y difundir los esfuerzos por frenar la desinformación y las noticias falsas pueden ayudar a construir una mejor cultura política…TIEMPO AL TIEMPO

 

Visita: www.lotenemosclaro.com

Propiedad industrial de los Pueblos Mágicos

por NellyG 30 marzo, 2024

 

 

De acuerdo con la información pública alojada en el portal del gobierno federal, el Programa Pueblos Mágicos de la secretaría de Turismo exalta los símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para la historia de nuestro país, impulsando lugares que muestran la identidad nacional en sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos.

De los 132 registros de Pueblos Mágicos que tiene la Secretaría, sólo tres corresponden a Quintana Roo: Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

Para poder transitar en la vida comercial de la promoción turística, este programa requirió ser registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que fue concedida el 16 de junio de 2004, bajo el número de registro 837414 a favor de la Secretaría de Turismo.

Estos programas corren con la suerte de visibilizar el destino y mencionar su denominación y sus características, pero no cumplen con una función de protección, contención o prohibición de la competencia desleal a través del uso o explotación de dichas denominaciones por parte de los particulares respecto de los destinos específicos tutelados bajo el programa. Por ello es necesario registrarlos ante el IMPI para acogerse a una Ley Federal con amplio margen de protección, con criterios jurisdiccionales y con tratados internacionales respaldando dichas normas y a sus instituciones.

La marca turística se define como aquel signo que sirve para diferenciar un destino, dotándolo de características distintivas para generar un mayor impacto en su difusión, con el objeto de captar un mayor número de turistas, en beneficio de una colectividad, lo que la hace un derecho de propiedad industrial de interés público.

En Quintana Roo, gracias a la intervención de la XVII Legislatura se logró rescatar las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano en los 27 países de Europa y en Estados Unidos, dada la incapacidad de la autoridad administrativa para resolver un tema fundamental para el Estado.

Sin embargo, hoy nuevamente las marcas turísticas se encuentran en alerta, ya que la marca Pueblos Mágicos se encuentra próxima al término de su vigencia, y aún y cuando se trata de una marca propiedad de una secretaría del Estado mexicano, en el supuesto de que caducara afectaría de manera directa a Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

El programa federal Barrios Mágicos se encuentra en un escenario más delicado, ya que hasta hoy forma parte de la solicitud de marca de una persona física para bebidas embotelladas.

Por eso a través de esta columna hacemos un llamado a todos los entes públicos encargados de la promoción turística de los destinos locales y nacionales, para que hagan una correcta gestión de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que administran y que son de todos, ya que en ellos se han invertido miles de millones de pesos durante décadas.

 

Por Lic. Hugo Alday Nieto

Diputado del Congreso de Quintana Roo.

Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

@Hugo_Alday  Twitter

 

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