Cuarto de Huéspedes

Por Miguel Ángel González Manjarrez*

En la industria financiera, la figura del actuario juega un papel fundamental en la evaluación y gestión de riesgos. Un actuario es un profesional especializado en el análisis de datos y la modelización matemática para prever y mitigar los riesgos asociados a diferentes aspectos financieros, como seguros, inversiones y temas actuales como la inteligencia artificial.

La labor del actuario es crucial para las empresas y organizaciones que buscan proteger sus activos y garantizar la viabilidad a largo plazo de sus operaciones.

Una de las áreas en las que los actuarios son especialmente importantes es en la inversión de los recursos financieros de una empresa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la institución encargada de regular y supervisar el correcto funcionamiento de las entidades financieras en México. Es vital que las empresas y personas que deseen invertir sus recursos lo hagan a través de instituciones reguladas por la CNBV, ya que esto garantiza que sus inversiones estén protegidas y que se cumplan con todas las normativas y requerimientos legales.

Invertir en instituciones reguladas por la CNBV no sólo proporciona seguridad y respaldo a los inversionistas, sino que también ayuda a fortalecer el sistema financiero del país y contribuye al desarrollo económico. Por otro lado, no hacerlo puede tener graves consecuencias, como exponerse a fraudes o estafas financieras, perder todo el capital invertido e incluso enfrentar sanciones legales por realizar operaciones fuera de la ley.

Por tanto, es fundamental que las empresas y personas que deseen invertir en el mercado financiero se asesoren con un actuario con experiencia y conocimiento en la materia. Los actuarios cuentan con las herramientas y el conocimiento necesario para evaluar los riesgos de las inversiones y recomendar las mejores estrategias para maximizar los rendimientos y proteger los activos.

La figura del actuario juega un papel crucial en la industria financiera, especialmente en la evaluación y gestión de riesgos en las inversiones. Invertir en instituciones reguladas por la CNBV es fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de las operaciones financieras, mientras que no hacerlo puede tener consecuencias catastróficas. Por ello, es importante buscar el asesoramiento de profesionales cualificados y mantenerse informado sobre las regulaciones y normativas del mercado para asegurar el buen desarrollo de las inversiones.

• Miguel Ángel González Manjarrez

Actuario por la UNAM

CEO Math-Strategies

Instagram: miguelangelglzm

Por Oscar Jesús Buenfil Rojas*

Cuando una persona o un grupo de personas deciden emprender, tienen frente a sí una tarea difícil que para tener éxito requerirá mucho trabajo y sacrificios. Claro, en este país donde emprender es una aventura de inciertos resultados, quienes logran alcanzar las metas suficientes para que el negocio comience a dar ganancias suelen permanecer concentrados en los temas que lleven a su empresa a ser exitosa. Sin embargo, no es extraño que aun cuando las empresas se encuentren bien establecidas, hayan pasado por alto la pregunta que se ha planteado en un principio.

Pese a que no lo escuchamos con regularidad, la responsabilidad penal de las empresas existe, y a lo largo de los años han aparecido las normas jurídicas que le han dado forma para que evolucionemos de aquella idea, ahora bastante superada, de que las empresas no delinquen, sólo las personas físicas. En marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que sigue vigente y que en sus artículos 421 al 425 establece el procedimiento para personas jurídicas en caso de cometer delitos.

Este se complementa con la legislación sustantiva de cada entidad de la república, que ya deberían tener el marco jurídico necesario para llevar a juicio penal a las empresas. Pero no en todas las entidades del país existen esas disposiciones y, por lo tanto, no en todas se puede llevar con éxito a juicio a las personas jurídicas por cometer delitos. Sin embargo, no es el caso de Quintana Roo. En nuestro estado, el Código Penal contiene, desde el año 2017, no sólo un catálogo de delitos por los que una empresa puede ser llevada a juicio, sino que se construyó un sistema de reglas que constituyen un verdadero sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, y que apunta claramente a los delitos realizados en el ejercicio de actividades referentes al objeto social cometidos por sus empleados por falta de supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada.

Por eso, las empresas quintanarroenses deberían poner más atención en este tema, y aprovechar también que Quintana Roo tiene el sistema de atribución de responsabilidad penal empresarial mejor desarrollado del país y que ha sido incluso el modelo para otras entidades. ¿Cómo aprovecharlo? Haciendo uso de las mismas disposiciones que contiene referentes a las excluyentes de responsabilidad penal de las empresas y que si pudiéramos resumirlas se refieren al llamado Compliance Penal.

El código señala claramente los casos en que el adoptar modelos de organización, gestión y prevención de riesgos penales que incluyan medidas de vigilancia idóneas para prevenir delitos pueden funcionar para excluir de la responsabilidad penal a las empresas e incluso da los requisitos mínimos que los modelos de organización control y prevención deben contener para ser eficaces y lograr la exclusión de responsabilidad penal.

El tema del compliance es sumamente amplio, pero sin duda, es algo que se deben plantear las empresas, si es que quieren prevenir el ser imputadas de un delito. Implementarlo con éxito dependerá mucho de las actividades de cada empresa y la identificación efectiva del tipo de riesgos que pueden enfrentar, pero ¿Cómo saberlos si la mayoría de las empresas no se preocupa por realizar este tipo de actividades de prevención?

Es momento de que las empresas, sean del tamaño que sean, acepten que el riesgo penal siempre está presente, y no confiar a la suerte que esas cosas no les pasarán. La falta de conocimiento sobre el compliance penal a menudo lleva a las empresas a una falsa sensación de seguridad, lo que puede resultar en una reacción tardía y costosa ante incidentes legales de carácter penal. No es lo mismo para una empresa enfrentar acusaciones de fraude, homicidio, hostigamiento sexual, lesiones etc. teniendo un sólido sistema de cumplimiento normativo, que no teniéndolo. Esa puede ser la diferencia entre la continuidad de la empresa o su fin.

* Oscar Jesús Buenfil Rojas

Lic. en Derecho por la Universidad Tecnológica de México

Maestro en Derecho Penal y Amparo

Catedrático de Universidad Modelo, Campus Chetumal.

Facebook: Oscar Buenfil

En Solidaridad, los líderes políticos que, a su vez, respaldan a los candidatos de las agrupaciones que han puesto en marcha el foco en este proceso electoral, a menudo utilizan las encuestas como una herramienta para moldear percepciones y motivar o desmotivar a los votantes, con resultados mixtos y a veces no intencionados que objetivan persuadir al electorado.

“TOMADURA DE PUEBLO”

En efecto, las encuestas pagadas que realizan algunos candidatos a la presidencia municipal en plataformas digitales, parecen indicar que un personaje determinado lidera las preferencias y la intención de votar, cuando no necesariamente es así, si se contrastan los resultados con estudios y rigor metodológico más serio, o de casas encuestadoras de mayor prestigio.

Como dato, rescato las palabras de quien preside la asociación civil-Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz, el cual a señalados en reiteradas ocasiones que, varios de los actores políticos participantes en la contienda electoral, en especial señalo el municipio de Solidaridad, durante su paso por el Congreso del estado como legisladores, se han caracterizado por faltistas y con pobre participación en tribuna por mes.

De ahí que, la pregunta es obligada: ¿De dónde salen los números que le dan una ventaja amplia contra sus adversarios? No cabe duda de que eso de las encuestas es una tomadura de pelo, nadie en su sano juicio se cree el cuento que, en tan solo unos meses y haciendo proselitismo, logren posicionarse en la preferencia del electorado.

Sin duda, este tipo de acciones se llevan a cabo porque funcionan para los intereses de quienes orquestan estos esfuerzos por desinformar, confundir, manipular y reorientar la conversación en el marco de las campañas.  Parte del problema lo conforman las personas que, en medios digitales y redes sociales, suelen dejarse llevar por la simple lectura de titulares y por no investigar a fondo el detalle de la información cuestionable que reciben.

“LAS BENDITAS ENCUESTAS”

Para concluir, uno de los principales desafíos de las democracias actuales es la falta de información. Durante los últimos años, la utilización de las redes sociales y el uso de la tecnología han simplificado el acceso a la información, pero también han impulsado la peligrosa difusión de noticias e información falsa que representan una actividad ilegal para las democracias, poniendo en jaque a las autoridades electorales, a los partidos políticos y a la misma población.

Dicho de otra manera, conocer, entender y difundir los esfuerzos por frenar la desinformación y las noticias falsas pueden ayudar a construir una mejor cultura política…TIEMPO AL TIEMPO

Visita: www.lotenemosclaro.com

De acuerdo con la información pública alojada en el portal del gobierno federal, el Programa Pueblos Mágicos de la secretaría de Turismo exalta los símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para la historia de nuestro país, impulsando lugares que muestran la identidad nacional en sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos.

De los 132 registros de Pueblos Mágicos que tiene la Secretaría, sólo tres corresponden a Quintana Roo: Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

Para poder transitar en la vida comercial de la promoción turística, este programa requirió ser registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que fue concedida el 16 de junio de 2004, bajo el número de registro 837414 a favor de la Secretaría de Turismo.

Estos programas corren con la suerte de visibilizar el destino y mencionar su denominación y sus características, pero no cumplen con una función de protección, contención o prohibición de la competencia desleal a través del uso o explotación de dichas denominaciones por parte de los particulares respecto de los destinos específicos tutelados bajo el programa. Por ello es necesario registrarlos ante el IMPI para acogerse a una Ley Federal con amplio margen de protección, con criterios jurisdiccionales y con tratados internacionales respaldando dichas normas y a sus instituciones.

La marca turística se define como aquel signo que sirve para diferenciar un destino, dotándolo de características distintivas para generar un mayor impacto en su difusión, con el objeto de captar un mayor número de turistas, en beneficio de una colectividad, lo que la hace un derecho de propiedad industrial de interés público.

En Quintana Roo, gracias a la intervención de la XVII Legislatura se logró rescatar las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano en los 27 países de Europa y en Estados Unidos, dada la incapacidad de la autoridad administrativa para resolver un tema fundamental para el Estado.

Sin embargo, hoy nuevamente las marcas turísticas se encuentran en alerta, ya que la marca Pueblos Mágicos se encuentra próxima al término de su vigencia, y aún y cuando se trata de una marca propiedad de una secretaría del Estado mexicano, en el supuesto de que caducara afectaría de manera directa a Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

El programa federal Barrios Mágicos se encuentra en un escenario más delicado, ya que hasta hoy forma parte de la solicitud de marca de una persona física para bebidas embotelladas.

Por eso a través de esta columna hacemos un llamado a todos los entes públicos encargados de la promoción turística de los destinos locales y nacionales, para que hagan una correcta gestión de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que administran y que son de todos, ya que en ellos se han invertido miles de millones de pesos durante décadas.

Por Lic. Hugo Alday Nieto

Diputado del Congreso de Quintana Roo.

Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

@Hugo_Alday  Twitter

Por: Sergio Anguiano Soto

El Poder Legislativo, federal y local, tiene diversas funciones, atribuciones y facultades, derivadas del marco legal que nos rige. Entre otras, está la de ser el encargado de emitir leyes, aprobar presupuestos, autorizar algunos actos de los otros poderes, entre otras, así como, tratándose de los diputados, en virtud de la imposibilidad práctica de tomar el parecer a cada ciudadano en cada asunto importante que ataña al país, ser su representante.

Está representación de los ciudadanos, según recogen algunos medios, se encuentra en crisis, ya que la ciudadanía percibe que no está siendo llevada correctamente.

Uno de esos medios fue la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 realizada por el INEGI y el INE (INEGI/INE, 2021) cuyo trabajo arrojó cifras como estas:

– El 79.4% de los mexicanos considera que los diputados no representan los intereses de la mayoría de la población.

– El 76.4% de los mexicanos opina que los diputados no cumplen con sus promesas de campaña.

– El 71.4% de los mexicanos expresa poca o ninguna confianza en el Congreso de la Unión.

– El 65.4% de los mexicanos manifiesta poca o ninguna confianza en los partidos políticos.

– El 67.2% de los mexicanos cree que la democracia no funciona bien en el país.

Cuando se cuestiona los porqués de esta percepción, las respuestas son:

Los legisladores se han limitado a ser aliados de los Ejecutivos, locales y nacionales, cuando pertenecen a un mismo partido político; o un obstáculo insalvable, cuando han sido mayoritariamente oposición.

Que la labor legislativa se ha convertido en una competencia para ver cuál legislatura emite más leyes, haciendo muy intrincado al sistema jurídico, complicado de dominar y comprender, abigarrado, propiciatorio de lagunas, contradicciones e incongruencias entre los distintos ordenamientos y la de inclinar la labor legislativa hacia la gestoría, tarea que ha sido también espacio propiciatorio de corrupción.

Que el legislador debiera concentrarse en la función legislativa, y representar a ese pueblo ávido y necesitado de avances en todos los rubros y al que, mayoritariamente, poco le importan los vaivenes políticos; una labor que responda y gestione para el pueblo que le eligió. Y ser, como lo plantean los principios democráticos, contrapeso de los otros poderes constituidos.

Estos y otros argumentos han venido haciendo que expertos hayan empezado a delinear una figura que haga que el ciudadano común tenga una mayor participación en las decisiones que impactan en el entorno social de sus comunidades, y que puedan vigilar que éstos órganos lleven a cabo sus funciones y atribuciones cumpliendo con lo que la Ley les ordena y que no se limitan a ostentarse como representantes populares, sino también garantes de que sus decisiones se respeten, asignar recursos y asegurarse que lo aprobado efectivamente alcance el propósito para el que fue asignado; todo esto dentro de un marco de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, utilización de las tecnologías de la comunicación, oportunidad y participación ciudadana.

Esta figura es la del Parlamento Abierto, figura que conviene tener presente debido a que pronto podría ser parte de nuestra realidad política y social. La ciudadanía demanda un cambio.

Por Uriel Jarquin Gálvez*

Después de la triste violencia a la que quieren que nos acostumbremos, no hubo nada más presente en el año 2023 que las elecciones del 2024. Lo que está en juego en esta contienda es si el partido en el gobierno se mantendrá o si tendremos un cambio de poder una vez más. Los mecanismos de la democracia electoral demuestran su efectividad cada vez que un partido entrega el poder a otro, ya sea dentro del mismo partido cuando los miembros se lo transfieren, o porque así lo decidieron los ciudadanos al expresarse con su voto. Es casi poético cuando la banda presidencial se traspasa de manera pacífica. Sin embargo, detrás de este acto existen leyes, procesos, entidades electorales y una infinidad de elementos que hacen posible que esto suceda. Sobre todo, está la disposición de los jugadores a atenerse a las reglas. Porque en democracia no hay perdedores absolutos ni ganadores eternos.

El año pasado se habló mucho de elecciones. Se buscaron reformas al sistema electoral que parecían subvertir el modelo establecido en los últimos años, en el cual un organismo autónomo tiene el control del padrón electoral y la capacidad operativa suficiente para garantizar elecciones regulares y eficientes. La autonomía se vio amenazada con recortes sucesivos al presupuesto del órgano electoral, así como propuestas de reforma, tanto constitucionales como legales, que buscaban devolver al gobierno algunas funciones que actualmente tiene el organismo autónomo, siendo la más importante el control del padrón electoral. También se plantearon reformas para reducir la estructura operativa del INE, así como algunas funciones de sus órganos ejecutivos y otras propuestas que, al no ser discutidas en profundidad en el órgano legislativo, parecían no tener otra finalidad que desmantelar el modelo electoral vigente e implantar uno de carácter autoritario.

Las reformas propuestas no tuvieron éxito. Las reformas constitucionales no alcanzaron la mayoría calificada y las reformas a las leyes se llevaron a cabo de manera irregular en las cámaras legislativas, por lo que fueron invalidadas por la Corte.

El gran tema para el 2024 es ese: ¿preservaremos o no la democracia? Esa es la perspectiva desde la cual debemos analizar a las candidatas y candidatos, a sus coaliciones y a sus propuestas. No será el tema principal para muchos, quienes estarán más pendientes de la continuidad de los programas que reciben o de las promesas relacionadas con el salario y el empleo. Es legítimo.

Pero, mi deseo para las elecciones de 2024, parafraseando a José Woldenberg, es que se mantenga el acto poético de la transmisión pacífica del poder. Y que quien resulte ganador tenga esa convicción. La convicción de que el poder está en manos del ciudadano para decidir en el momento de votar. Un acto sublime que define nuestro futuro.

*Secretario Técnico de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Quintana Roo.