Rubén Cortés

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La Corte Suprema de EU estudia el alcance de la Ley Helms-Burton, para que estadounidenses demanden empresas que se benefician de propiedades confiscadas por Cuba. Y, ojo: Pemex ha usado en la isla instalaciones portuarias expropiadas a ciudadanos americanos en 1960.

López Obrador creó en 2023 la empresa Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., para abastecer de combustibles a la dictadura cubana. Como filial de Pemex, esta sociedad mercantil opera bajo secreto comercial y sin rendición de cuentas. Pero eso puede acabar, y a las malas.

En 2023, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. México llevó a Cuba 17 mil barriles diarios de crudo y 3.3 mil de derivados petrolíferos. En 2024, llevó 20 mil barriles diarios y 2.7 mil de derivados. En 2025, llevó en total 10 millones de barriles y 132 millones de litros de diésel, turbosina y gasolina.

Los envíos entraron por terminales marítimas que, hasta 1960, eran de empresarios expropiados por Fidel Castro, sin remunerarlos, como mandaba la Constitución cubana: por eso EU impuso un embargo, hasta que Cuba pague lo que debe.

La Suprema Corte revisa el derecho de las empresas estadounidenses a reclamar indemnización por el uso o beneficio comercial de sus propiedades confiscadas. Se debate si las compañías demandadas traficaron con esos bienes, y si Cuba puede alegar inmunidad soberana.

Por presiones de Trump, México suspendió en enero pasado los encargos de crudo y petrolíferos a Cuba. Sin embargo, si la Suprema Corte falla a favor de los demandantes estadounidenses, Pemex quedará expuesto a pagar multas multimillonarias.

Pero Pemex es la empresa más endeudada del planeta: cerró 2025 con 84 mil 500 millones de dólares de deuda financiera, a pesar de que Sheinbaum le inyectó 392 mil millones de pesos de capital federal. Además, le debe a sus proveedores más de 500 mil millones de pesos.

Así que Pemex se las vería difícil para cubrir una avalancha de demandas de ciudadanos estadounidenses, por sus envíos de crudo y derivados a Cuba. Ya en 2023, ese apoyo le costó: el Banco de Exportaciones e Importaciones de EU le canceló dos créditos por valor de 800 millones de dólares.

Otro problema en que metió Cuba a Sheinbaum es que, en el trasvase de petróleo mexicano, usa barcos sancionados por EU, como el cubano Sandino y el ruso Akademik Gubkin (IMO 9842190), vinculados a actividades de terrorismo, narcotráfico o proliferación de armas.

Y el diario colombiano El Tiempo reveló que el buque Ocean Mariner, retenido por EU frente a Venezuela con combustible, había llevado crudo antes desde México a Cuba. El tanquero partió el 5 de febrero desde Barranquilla y fue interceptado por la Marina de EU.

Aunque, para la 4T, Cuba vale eso y más. 

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Los números no cuadran. La 4T anunció un récord de inversión extranjera, con 42 mil millones de dólares, pero la economía de México se encuentra en los niveles de la pandemia: el PIB tendrá este año un crecimiento de 0.06%, que es el más bajo desde 2020.

Según el anuncio, los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir aquí en mayor proporción a la imaginada, y por eso la inversión que creció más fue la inversión nueva: de dos mil millones a seis mil 500 millones de dólares.

En verdad, la nueva inversión es de 16%: la mayoría anunciada ya estaba. Como sea, sorprende este brinco, porque es el doble de la inversión extranjera que reportaron las reformas económicas de Peña, que López Obrador canceló por “neoliberales”.

López Obrador acusó que las empresas extranjeras se creían dueñas de México, y priorizó la inversión pública (Tren Maya, Dos Bocas, compra de Mexicana de Aviación, Megafarmacia) y endeudó al gobierno con 16 billones de pesos.

¿Cómo es posible un récord en inversión extranjera, sin las reformas que la incentivaban, así como con las embestidas comerciales de Trump, incertidumbre por el T-MEC, tasas bajando de 11% a 7% y pérdida de confianza por la reforma judicial y la Ley de Amparo?

Además, se escapa el capital: de enero a octubre se fueron 134 mil millones de pesos de inversión extranjera en bonos del gobierno: un 7.32% del total invertido. Y la actividad económica ha registrado un crecimiento promedio mensual de apenas 0.05%.

El economista @alejandrogomezt, director de @GAEAPMX tiene una lectura diferente a la oficial:

“No hay que confundir la cifra récord de IED (de la cual solo el 16% es inversión nueva), con la salida de 131 mil millones de pesos de inversión extranjera de cartera en bonos del gobierno. Una subió y la otra cayó. Solo hay que interpretar bien los datos.

Los inversionistas extranjeros han vendido 130 mil 763 millones en bonos mexicanos este año, y en estos momentos su participación es de únicamente 12% del total, que es la proporción más baja desde 2010. Por cinco meses seguidos ha salido capital extranjero”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que “el récord en inversión extranjera es expectativa positiva para México; de otra manera sería impensable tener esos números”. Sí, pero entonces por que EU acusa que la incertidumbre jurídica de México frena los negocios.

Más de 14 mil empresas manufactureras de Estados Unidos acusan que la cerrazón energética de la 4T limita inversiones, y que las reformas al Poder Judicial, y la cancelación de los órganos autónomos dejaron a los inversionistas sin seguridad jurídica.

Sin embargo, además de interpretar los datos, hay que observar los hechos.

Porque los hechos tampoco fallan.

Nunca.

El presente y futuro de México quedó marcado por la cancelación de López Obrador del aeropuerto de Texcoco: lo más reciente es que EU canceló los vuelos de pasajeros y carga hacia el AIFA, más 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia EU.

La sanción es por el traslado forzoso de López Obrador de vuelos del Aeropuerto de la CDMX al AIFA. El AIFA sustituyó, con una manita de gato de seis mil millones de dólares, al aeropuerto militar de Santa Lucía. Y López Obrador lo llamó AIFA.

Fue una manita de gato muy costosa: seis mil millones de dólares para sustituir el aeropuerto de Texcoco, que ya estaba construido en un 30%, con 100 mil millones de pesos invertidos por empresas básicamente mexicanas.

En la cancelación del NAIM y construcción del AIFA, gastó López Obrador 25 mil millones de dólares y el PIB de México pasó de 2.5% a menos 1%. Nuestros impuestos siguen pagando las indemnizaciones a los empresarios: 13 mil 327 millones.

El AIFA es un ejemplo del modo de gobernar de López Obrador: por inspiración divina y como si México fuera uno de la veintena de ranchos que se compró su hermano Pepín en Tabasco, durante su sexenio de dispendios.

López Obrador dijo cancelar el NAIM porque había depósitos de huachicol. Pero hubo más huachicol en el AIFA: según la causa penal 325/2025 de la FGR, la Marina metió en el AIFA empresas vinculadas a la trama de huachicol con contratos millonarios.

Los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador (vicealmirantes Manuel y Fernando Farías) beneficiaron a Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., Galem Energy, y Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V.

Todas esas empresas, según la causa penal 325/2025 de la FGR (publicada por El Universal) son investigadas, además de Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V., y Ecocarburante S.A. de C.V.

La visión pueblerina de López Obrador reventó a los mexicanos que en una década tendrán hijos: no lo saben (y votaron por su sucesora) pero lo van a saber: ningún mexicano nacido ni por nacer escapará de saberlo.

Un aviso es la cancelación de EU de los vuelos de pasajeros y carga hacia el AIFA, además 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia EU, para enmendar la decisión de López Obrador de trasladar forzosamente todos los vuelos a su AIFA.

Otro aviso es que EU canceló la alianza Delta Air Lines– Aeroméxico para fijar precios y capacidad entre ambas aerolíneas, porque la empresa mexicana ya no le parece sólida, debido a la inseguridad jurídica que genera la nueva Corte aquí.

Pero, no se olvide: el pecado original fue la cancelación del NAIM.

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Tres golpes de EU, a mitad del plazo para aranceles de 50%: mantuvo a México en lista de países de tránsito y producción de drogas, rompió alianza de Delta con Aeroméxico y desmanteló la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es base social de Morena. 

Estos apretones coinciden con el inicio de consultas públicas para la revisión del T-MEC: Sheinbaum le ordenó a Ebrard, secretario de Economía, arrancar el proceso, y ayer fueron publicadas los soportes legales en el Diario Oficial de la Federación. 

A Washington no parecen bastarle la entrega de 29 capos de alto valor a la justicia estadounidense, el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en la frontera, las incautaciones de fentanilo, precursores químicos ni de barcos de huachicol. 

EU pretende más colaboración de México: por eso renovó su presencia en la lista de los 23 países de tránsito y producción ilícita de drogas, junto con sus aliados ideológicos en la región: Colombia, Venezuela, y Bolivia, cotos de Petro, Maduro y Evo Morales. 

La reticencia de EU con el esfuerzo antidrogas de México ocurre en un mal momento: el inicio de conversaciones sobre el T-MEC, de cuyas transacciones de 1,2 millones de dólares al minuto depende totalmente la economía mexicana. 

Peor: EU tiene una visión diferente del proceso que vive desde ayer el T-MEC. Para México, se trata de una “revisión” del tratado, pero para EU es una “renegociación”. En ese malabar de palabras está en juego el pago de los programas sociales de la 4T.

Si el T-MEC es renegociado, cambiará en contra de México la cifra actual de 1,2 millones de dólares al minuto. Y, hoy, cada peso menos es un mazazo para las finanzas mexicanas, que el lunes y martes pasados se endeudaron con 26 mil millones de dólares más.

El 15 y 16 de septiembre, México lanzó dos emisiones de bonos: cinco mil millones de euros y ocho mil millones de dólares, mientras que obtuvo 12 mil millones de dólares más del Banco de Luxemburgo, que financia proyectos asociados al medio ambiente.

Los préstamos son para pagar deudas de Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo (debe a proveedores 430 mil millones de pesos) y tapar el hoyo del bajón en las remesas (desde enero llegaron mil 300 millones de dólares menos de lo esperado). 

Todo esto concurre con la orden de Trump de deshacer la alianza Delta Airlines-Aeroméxico. Según el comunicado: “México está en un camino de intervención y distorsión del mercado que va en contra de los acuerdos aéreos bilaterales”. 

Traducción: para EU, en México ya no existe el estado de derecho. No hay seguridad jurídica. 

Difícil hacer negocios así.

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Si se pone atención, se comprueba que la mayor preocupación de Estado que tiene la presidenta Sheinbaum es el ritmo de las remesas ¿Por qué? Porque gran parte de la economía de la 4T se basa en la migración a EU.

Y las remesas viven su peor momento. Desde enero llegaron mil 300 millones de dólares menos de lo esperado. Sheinbaum es clara al afirmar que el mayor ingreso de divisas a México son las remesas, que ya tienen 1% de arancel, que no tenían.

“Nos preocupa, porque las remesas llegan a las comunidades que menos tienen”, insiste. De hecho, las remesas son más importantes que los programas sociales de su gobierno: al menos en los estados más pobres.

Antes de la razia de Trump contra los ilegales, los mexicanos más pobres pagaban el viaje a los polleros con los programas sociales de la 4T. Según el Inegi, de donde más se iban era de donde más reciben apoyos: Chiapas (11.5%), Oaxaca (11) y Guerrero (10.7).

Sin pensar en que algún día EU impediría casi por completo las entradas de ilegales y deportara en masa a los que entraban, López Obrador convirtió las remesas en motor de crecimiento económico y del consumo interno de su régimen.

López Obrador trazó su propaganda en magnificar a las remesas, como su baza económica. Pero las remesas representaron la estupidez de su proyecto económico: una locura, porque mantenían su economía quienes huían de su economía.

López Obrador incentivó la migración: a su llegada al poder los ilegales mexicanos en EU eran minoría. En 2007 eran 8.2 millones y en 2017 eran 6.2 millones. Pero en 2018 volvieron a irse. En 2024, encabezaron las listas de deportados: 150 mil por trimestre.

Antes de que López Obrador ganara la presidencia, la mejoría económica y las libertades que propició el TLC, provocaron que regresaran millones, que ya encontraban aquí lo que se habían ido a buscar allá.

Un informe del Pew Research Center, elaborado por Jeffrey S. Passel y D’Vera Cohn concluyó que “a partir de 2007, la cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados disminuyó, ya que se fueron de los EU más de los que llegaron”.

Y, de acuerdo con el Inegi, en 2005 regresaron 230 mil migrantes a México, y en 2010 retornaron 980 mil. Una vuelta a casa entendible, pues la economía mexicana crecía a ritmo estable de 2.5% anual; mientras que con la 4T no crece.

El aumento de la migración con Morena provocó que, desde 2018, las remesas batieran récords hasta llegar a 65 mil millones de dólares en 2024, cuando en 2014, por ejemplo, fueron 24 mil millones: ¿Por qué tan poco? Porque se iban menos mexicanos.

Hoy, la economía depende de que se vayan.