Sistema fallido en delitos contra menores de edad en México

 

(Con investigación de la Mtra. Alejandra Islas)

En México, la protección de los derechos de los menores de edad es un tema que, aunque ha cobrado relevancia en el discurso público, sigue enfrentándose a graves deficiencias estructurales. Estos delitos incluyen desde el abuso sexual y la violencia física, hasta la trata de personas, el trabajo infantil y la explotación. A pesar de su magnitud, el sistema de justicia mexicano presenta fallas sistemáticas en la investigación de los crímenes, lo que deriva en una elevada impunidad y una falta de reparación del daño a las víctimas. Las deficiencias en los procesos de investigación no solo obstaculizan la justicia, también perpetúan un ciclo de vulnerabilidad y desprotección para los menores. 

A pesar de que en 2019 se implementó la Ley General de los Derechos de niñas, Niños y Adolescentes, muchas de las autoridades responsables de investigar estos casos no cuentan con la capacitación adecuada para tratar con menores de edad. El trato insensible, y en ocasiones revictimizante hacia los niños y adolescentes es una constante. Las entrevistas a las víctimas a menudo se realizan sin técnicas especializadas, lo que no solo compromete la obtención de testimonios, sino que también expone a los menores a un estrés emocional innecesario. Este tipo de fallas en la etapa inicial de la investigación es crucial, ya que puede afectar el curso entero del proceso judicial. 

En muchas fiscalías del país, especialmente en áreas rurales o marginadas, no hay suficiente personal ni infraestructura adecuada para responder a los casos. En muchos lugares hay una sola persona encargada de investigar estos delitos, lo que genera retrasos y una acumulación de expedientes. Además, las fiscalías no siempre cuentan con el equipo necesario para realizar exámenes médicos y psicológicos a las víctimas.  Esta carencia de recursos impacta gravemente en la calidad de las investigaciones y en la posibilidad de obtener pruebas concluyentes. 

Podríamos dar casos específicos reales, pero no se trata de crear una nota roja, simplemente informar sobre la problemática en donde se suma la falta de coordinación entre las instituciones responsables de la protección de los derechos de los menores. La investigación de delitos contra niños y adolescentes a menudo requiere la intervención de múltiples actores, como el sistema de justicia, las autoridades de la salud y los servicios de protección infantil. Sin embargo, estas instituciones no están bien comunicadas o no trabajan de manera conjunta, lo que genera duplicidad o la pérdida de información. A esto se suma la falta de recursos y la corrupción. En ocasiones los agresores resultan ser personas con poder o influencia en sus comunidades, lo que complica la labor de las autoridades encargadas de investigar. Las amenazas, las presiones políticas y el soborno son prácticas comunes que afectan la imparcialidad de las investigaciones y perpetúan la impunidad. Las familias de las víctimas muchas veces optan por no denunciar o retirar las denuncias debido al miedo, a represalias o la desconfianza en el sistema de justicia. Todos estos factores son obstáculos que contribuyen a que los casos queden impunes y las víctimas no reciban la justicia que merecen.