- Carta de la Editora
- Nelly García
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La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Gobierno federal en México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas en diversos sectores: desde organismos empresariales y actores internacionales hasta defensores de derechos humanos y libertad de expresión. Las razones son tan evidentes como preocupantes: se pretende desmantelar la autonomía regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita al Poder Ejecutivo. Esto, además de contradecir lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), compromete la certeza jurídica para inversiones presentes y futuras.
Recordemos que el ecosistema de telecomunicaciones ha sido, en años recientes, uno de los pilares de crecimiento y competitividad en México. Este entorno, basado en reglas claras y un árbitro independiente, ha permitido la expansión de infraestructura, la mejora de servicios y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Diluir esa autonomía regulatoria abre la puerta a decisiones discrecionales, concentración de poder y, lo más grave, censura.
Entre los elementos más polémicos de la propuesta destaca el artículo 109, que faculta al gobierno para bloquear plataformas digitales. Manifestantes lo han llamado, con razón, “Ley Mordaza”. Otros artículos limitan la difusión de contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros, imponiendo filtros que deben pasar por la Secretaría de Gobernación. Aun cuando se argumenta que se trata de evitar mensajes discriminatorios o con fines injerencistas, el mecanismo propuesto es excesivo y poco transparente.
Para el sector privado, este tipo de medidas son un retroceso a épocas donde el poder presidencial decidía qué se podía decir, transmitir o publicar. Recordemos que los negocios en telecomunicaciones requieren planeación a largo plazo, fuertes inversiones de capital y estabilidad regulatoria. Sin esto, el mensaje a inversionistas es claro: México ya no ofrece condiciones seguras ni confiables para operar.
Lo paradójico es que la propia administración ha pausado el proceso legislativo ante la presión social y mediática. Del 8 al 26 de mayo se realizarán conversatorios públicos con académicos, organizaciones civiles y expertos. Este espacio de diálogo es una oportunidad que no puede desperdiciarse: revisar a fondo el dictamen, replantear el papel del Estado y reconstruir consensos que garanticen libertad de expresión, acceso a la información, competencia económica y soberanía tecnológica, sin sacrificar derechos ni autonomía.
Las telecomunicaciones son más que infraestructura; son el canal por el cual fluye la democracia. Su regulación debe proteger los principios de neutralidad, acceso universal y pluralidad. No es momento de imponer visiones centralistas, sino de construir marcos institucionales sólidos, transparentes y modernos. México no puede —ni debe— volver a los años 80.
