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- Arturo Medina Galindo
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La propuesta para construir un cuarto muelle de cruceros en Cozumel volvió a encender las alarmas en Quintana Roo, desatando un debate que trasciende lo económico, para tocar fibras sensibles en la protección ambiental y la planificación turística. Lejos de ser un mero proyecto de infraestructura, la iniciativa se erige como un símbolo de la tensión entre un modelo de desarrollo basado en el “más es más” y la imperiosa necesidad de preservar un ecosistema único y frágil.
El reciente comunicado de la SEMARNAT ha sido un punto de inflexión, al expresar reservas significativas o incluso un rechazo inicial a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada al proyecto. Cualquier indicio de objeción por parte de la autoridad ambiental más relevante del país subraya las serias dudas sobre la viabilidad ecológica de la obra. Un muelle adicional no sólo implica la alteración de los fondos marinos y los delicados arrecifes de coral –hogar de una biodiversidad impresionante y atractivo principal para los buzos de todo el mundo– sino también un aumento exponencial en el tráfico marítimo, la contaminación del agua y la presión sobre los servicios básicos de la isla.
Las voces en contra no se han hecho esperar; es notorio que esta vez no sólo provienen de los grupos ambientalistas. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) o el Consejo de Cozumel han sido históricamente firmes en su defensa del arrecife mesoamericano, advirtiendo sobre el daño irreversible que proyectos de esta magnitud pueden causar. Sin embargo, lo que le da un peso aún mayor a la oposición actual es la incorporación de figuras políticas que, desde distintas trincheras, han manifestado su desacuerdo, particularmente ofreciendo problemática social, porque en esa zona está la playa pública más utilizada por la población de la isla.
El proyecto es promovido por Muelles del Caribe S.A. de C.V. Forma parte de un conglomerado a cargo de la familia Molina Casares, que tiene varios negocios en el sureste mexicano. De los tres muelles actuales, administra Punta Langosta. José Luis Cervantes, representante del corporativo y quien dirige Playa Mía, un club de playa del mismo consorcio, el muelle cumple con todos los requisitos y es necesario para garantizar que los mejores cruceros sigan llegando a la isla.
Se dice seguro que se llamará Cozumel Cruise Terminal y beneficiará a la isla; argumenta que nuevos cruceros (más grandes) exigen nuevos muelles: cuando un crucero atraca, hay un impacto físico contra la estructura del muelle que debe resistir el golpe. Por eso, el cuarto muelle mediría 18 metros de ancho y 420 metros de largo, con un área 2.5 veces mayor a la terminal que ya administra Muelles del Caribe.
La pregunta fundamental que Cozumel y Quintana Roo deben responder es: ¿cuántos cruceros más puede soportar la isla sin comprometer su esencia y su futuro? Cozumel ya es uno de los puertos de cruceros más concurridos del mundo. Un cuarto muelle no sólo saturaría aún más la infraestructura terrestre y los servicios, sino que pondría en jaque la salud de sus ecosistemas marinos, que son precisamente el pilar de su atractivo turístico. La belleza submarina de Cozumel no es inagotable; cada ancla, cada motor y cada descarga representa una cicatriz más en su delicado lienzo natural.
Es momento de reflexionar si el desarrollo turístico debe medirse únicamente por el número de arribos o si, por el contrario, es más sabio apostar por un turismo de mayor valor, sostenible y respetuoso con el entorno. Es una decisión que definirá el legado ambiental y económico de la isla para las futuras generaciones. Y en esa balanza, el costo de la destrucción del patrimonio natural es, sin duda, impagable.
