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Por mucho que los representantes de Morena en el Congreso de la Unión, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum insistan en que las protestas por la reforma al Poder Judicial en México son infundadas, la realidad es que hay muchísima incertidumbre y sobre todo, preocupación en muchos sectores, a nivel nacional e internacional, por lo que implican estos cambios, y que se reflejarán en el ámbito social, democrático y, por supuesto, económico.

De hecho, a nivel financiero, ya se están viendo los primeros efectos, con un vaivén de la paridad del peso mexicano frente al dólar, con disminución en las calificaciones y certificaciones de organismos internacionales (la financiera Morgan Stanley ya degradó la calificación de México en inversiones) y con voces en contra, tanto de aliados comerciales, como de organizaciones que ven focos de riesgo por las consecuencias de esta reforma que, muy seguramente, se aprobará en las primeras semanas de este mes, toda vez que el partido en el poder cuenta con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Obrador como parte del llamado “Plan C” sí tendría impactos presupuestarios y en la economía de México que ni la iniciativa ni los dictámenes los han considerado, advierten calificadoras, institutos, organizaciones y especialistas. 

Entre los impactos presupuestarios directos estarían el costo de organizar una elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y sus campañas, y el de garantizar prestaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial, al extinguir sus fideicomisos. ¿Y de dónde creen que saldrán estos recursos?

La reforma no detalla el costo que tendrá en el presupuesto público la organización de las elecciones por voto popular para elegir a más de mil 600 ministros, magistrados y jueces, más allá de señalar que se usarían los recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF (aunque también se aprobó que estos fondos serían para pensiones del Bienestar ¿Y entonces? Esto es una clara contradicción).

El dictamen más reciente contempla además el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral para trabajadores del Poder Judicial.

Pero al no haber recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF porque se utilizarán para la implementación de la reforma, tendría que asignarse dinero adicional del presupuesto de egresos anual. Es decir, más gasto al erario, más costos para el pueblo.

Y lo peor, es que al no existir financiamiento para las campañas abrirá la posibilidad de que las personas candidatas a elección entren en contacto con grupos de interés e incluso de financiamiento ilegal a través del crimen organizado. En conclusión, más de lo mismo, cierran una puerta de corrupción y abren muchas más…