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- Arturo Medina Galindo
- Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
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La Ley de Coordinación Fiscal, que tiene como objetivo coordinar el sistema fiscal entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales, fue quizá el instrumento por el que los estados de la República dejaron de ser libres y soberanos, y hoy más que nunca.
Particularmente estados que son muy productivos como Quintana Roo y Nuevo León, ahora son víctimas de lo que en su momento les limitó su crecimiento al centralizar las recaudaciones y disminuir las retribuciones para repartirlo entre el resto del país.
Quizá en el fondo la intención en su momento fue buena, pero el tema fue escalando a que cada vez más se perdiera la autonomía de los estados, al depender de las aportaciones de la Federación. Hoy sin duda es la parte crítica, ya que los estados reciben lo menos posible y no queda prácticamente nada o muy poco para que las entidades administren su riqueza, y que los estados reciban más o menos recursos de la Federación de acuerdo con la relación del gobernante en turno y su capacidad de gestión.
A pesar de que Quintana Roo tiene en la persona de Mara Lezama a la gobernadora con la mayor capacidad de gestión, los recursos que llegan al estado están etiquetados y comprometidos, no es el estado quien los ejerce, esto ha provocado que los estados estén buscando recursos propios a través de impuestos y derechos estatales, que en el caso de Quintana Roo han ido enfocados a que el turismo los pague para que no sean impopulares entre la población.
Impuesto al hospedaje, cobro de 5 dólares a los cruceristas, impuesto a las actividades interactivas con animales acuáticos, dirigido particularmente a quienes nadan con delfines, sin olvidar el Visitax; en lo municipal, particularmente el derecho de saneamiento ambiental ha sido la forma para retribuir a los municipios la presencia de tal cantidad de población flotante.
Si la Federación retribuyera equitativamente a los estados que más generan, estoy seguro de que no habría necesidad de sangrar con los impuestos locales, pero eso no es todo, a nivel federal también los visitantes son vistos como negocio. Aumentó el Derecho de no Residente de $533 a $860.50 pesos por turista extranjero que ingrese a México, también el aumento del 100% por visitar Áreas Naturales Protegidas, y por si fuera poco, el nuevo cobro de 42 dólares a los cruceristas.
Las víctimas aquí, lejos de ser los turistas, son los destinos turísticos del país, porque este tipo de “agresiones” no genera críticas positivas, que quizá pudieran neutralizarse a través de extraordinarias carreteras, calles impecables, transporte público accesible, que simplemente no son nuestra realidad. Una vez más en el presupuesto 2025 no existe una bolsa para promoción y publicidad de México y sus destinos; es decir, los estados con vocación turística de nueva cuenta tendrán que rascarse con sus propias manos.
QUE TERMINE LA ESPERA
Primero deseo que este 2025 sea un año en que tus planes y proyectos se cumplan con creces. Pero si hablamos de esperar, espero que este año finalmente tengamos la carretera que merece el destino turístico más importante (por mucho) de México; espero que cuando llegues al aeropuerto haya transporte a precio justo y que no haya pleitos entre los prestadores de servicios; espero que terminen el puente Nichupté y sus obras complementarias, porque el tráfico que generan ya es insoportable. Espero que el puente sea bien aprovechado y que dé un respiro a la ahogada Zona Hotelera. Espero que el combate al narco tenga éxito, que México escape de sus garras y los destinos turísticos no se vean afectados.
Ok, hasta aquí paro, pero la lista de deseos es mucho más larga; sin embargo, si en este año ocurre todo eso, con eso me conformo.
Feliz 2025