La implementación del alcoholímetro en Cancún generó un mercado alterno que va desde los servicios de grúas hasta las costosas solicitudes de amparo, pero también creó nuevas oportunidades en bares, restaurantes y aseguradoras
Desde la aparición en las noches de Cancún, el programa Conduce sin Alcohol y su aparato insignia: el alcoholímetro, preocupó al sector del negocio de bares y restaurantes, que vieron un descenso -en algunos casos de hasta 30%- en la afluencia de clientes. Sin embargo, pasada la “cruda realidad” del alcoholímetro el sector de bares y restaurantes encontró una nueva forma de hacer negocio al implementar servicios de choferes, taxis y promociones especiales, y en el ámbito legal existen despachos especializados en tramitar amparos al por mayor. En tanto, las aseguradoras promocionan pólizas con servicio de chofer en caso de sentirse “indispuesto por alcohol para manejar”. Así siguieron el dicho: “si la vida te da limones, haz limonada… y véndela”.
En el país los accidentes en general provocan que el sector asegurador, junto con el gobierno y los particulares, paguen más de 160 mil millones de pesos por accidentes viales, siniestros que traen consigo pérdidas materiales y monetarias que significan cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al año.
Al respecto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que las compañías aseguradoras pagan unos 20 mil millones de pesos al año por accidentes viales, lo que representa 12.5% de los gastos totales.
Como consecuencia, aseguradoras como HDI, Multiva y Zurich implementaron dentro del servicio de asistencia el apoyo de un chofer en caso de que su cliente se sienta bajo los influjos del alcohol, prestación incluida dentro de la póliza de cobertura amplia. Pero si algún conductor es detenido en estado de ebriedad, la única forma de librar momentáneamente el “after party” en el Centro de Detención es tramitar un amparo, cuyo costo en Cancún va de los tres mil 500 hasta los cinco mil pesos.
De junio a octubre se recibieron 154 amparos, de un total de mil 358 infractores. Sin embargo, muy pocos bufetes de abogados se prestan a hacerlo. En la Ciudad de México floreció un negocio poco transparente alrededor del programa Conduce sin Alcohol. De acuerdo con el diario Reforma, en los nueve años de operación del programa en la capital del país los “coyotes” han obtenido ganancias cercanas a los 100 millones de pesos, toda vez que el trámite del amparo va de los dos mil 500 a los tres mil 500 pesos.
Durante 2011 en Cancún las pérdidas económicas por accidentes relacionados con el alcohol fueron de 77 mdp; desde la aparición del alcoholímetro los accidentes descendieron entre 20 y 25%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los pioneros
El operativo Conduce sin Alcohol inició en el Distrito Federal desde el 2003 por recomendación del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, contratado en ese entonces como asesor en materia de seguridad. Nueve años después el número de muertes relacionadas con accidentes viales se redujo en más de un 30%. Tras arrancar en la Ciudad de México, el programa se implementa en los estados de Hidalgo, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Baja California, Yucatán, entre otros que en conjunto suman 75 ciudades en el país.
El motivo
A nivel nacional el consumo excesivo de bebidas alcohólicas provoca que cerca de 24 mil personas pierdan la vida o resulten con lesiones de por vida en accidentes automovilísticos; en lo laboral propicia un descenso del 30% en la productividad, amén de las ausencias y accidentes en los lugares de trabajo, esto de acuerdo con estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aproximadamente 750 mil personas resultan lesionadas en accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad, 40% requiere atención médica, lo que representa un gasto anual de cerca de 130 mil millones de pesos.
Primer paso en Cancún
Aprobado por el Cabildo de Benito Juárez en su 26ª sesión, el programa Conduce sin Alcohol arrancó en junio de este año, con la asesoría de Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública del DF. El reglamento establece que conducir un vehículo en estado de ebriedad conlleva una sanción administrativa, consistente en un arresto inconmutable del conductor al Centro de Detención ubicado en Villas Otoch y el traslado del vehículo al corralón respectivo.
Así quienes han dado positivo a 0.41 grados de alcohol o más, tras la aplicación del alcoholímetro, han pagado con pena corporal de 20 a 36 horas de arresto, sin oportunidad de multa económica a cambio de librar la detención.
La justificación
- Julián Ricalde, presidente municipal de Benito Juárez.
“El programa Conduce sin Alcohol fue un compromiso de campaña que firmé con la Asociación Civil Pacto Convivencia Sin Violencia. Para implementarlo se compraron seis patrullas balizadas con los colores del programa y dispusimos de 32 elementos; en general representó un costo de cuatro millones de pesos. Puedo decir que el programa pasa cualquier prueba de Derechos Humanos. En cuanto al servicio de grúas y el de corralones, son concesiones que el gobierno del estado cedió a diversas empresas. Las concesionarias designadas hacen los cobros, por lo que para el municipio de Benito Juárez el programa no representa una ganancia, es más un asunto de seguridad y prevención ciudadana”.
Licencia en mano
- Edgar Amílcar Alonzo, director de Tránsito Municipal y director del programa Conduce sin Alcohol.
“Cuando la persona detenida por rebasar el límite de alcohol permitido va con un acompañante sobrio con licencia vigente, éste se puede llevar el auto, pero si el acompañante no tiene licencia o no está vigente, esto es imposible. En casos como éste no podemos esperar a que alguien venga por el vehículo, ya que representa tiempo e inconvenientes para nosotros. Lo único por lo que los elementos de Tránsito Municipal pueden cobrar es por no traer licencia o tarjeta de circulación, o porque la tienen vencida, el resto de los cobros lo hacen los concesionarios de las grúas y el corralón.”
Sin concesiones
- Arnoldo Bringas, director general del Centro de Detención.
“Desde que la persona es detenida puede avisar a un familiar y pedir que le tramiten un amparo. Cuando llegan al Centro de Detención declaran sus datos, dejan sus pertenencias, pasan a revisión médica y tienen derecho a una llamada telefónica. Los tratamos con respeto y no hacemos distinciones porque hemos tenido hasta funcionarios municipales y estatales. Tenemos capacidad para 35 personas por celda, separados de los infractores normales. Tuvimos denuncias de celadores y jueces que pedían dinero, casos que están en Contraloría Municipal. Como medida de prevención rotamos al personal cada seis meses. De igual forma había algunos abogados afuera de las instalaciones y dos fueron arrestados. Después de esto se esconden para ofrecer sus servicios”.
Esquema sin fugas
- Israel Pinzón, supervisor de los juzgados cívicos.
“Hay un juez del Juzgado Cívico en el Centro de Detención, quien se encarga de que todo se lleve de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno; aplica las multas que después califica el juez de acuerdo con la falta. El programa se realiza de viernes a domingo, termina el lunes a la 1:00 a.m. En promedio ingresan 46 personas, de las cuales unas 10 son mujeres. Además cinco de cada 10 infractores promueve un amparo”.
Por lo seguro
- Brenda Hernández Arizpe, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) en Cancún.
“El servicio de chofer en caso de encontrarse el conductor asegurado bajo los efectos del alcohol se da a nivel nacional, no surgió con el alcoholímetro, pero sí es una opción para quienes desean cuidar su integridad y la de los demás y funciona como el servicio de asistencia. Al principio fue una aseguradora, ahora son tres las que lo ofrecen”.
Los más beneficiados
- Raúl Arrollo Franco, coordinador general de Figueroa´s Grúas.
“Son tres las empresas concesionarias, Grúas Cardona Hermanos (empresa de los hijos de Latife Muza), Grúas Abimerhi y nosotros; laboramos una por día. La concesión la otorga el gobierno del estado o en su caso el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El costo de arrastre como parte del operativo Conduce sin Alcohol es de 900 pesos, fuera del operativo es de mil 800 pesos, esto porque hubo una reducción en el 2011. Antes cobrábamos dos mil pesos, pero se hizo un trato con Tránsito Municipal para reducir el costo. Pero si el auto no se puede mover hay que subirlo en los “dollys”, eso incrementa el costo 500 pesos. Cada una tiene su tarifa por la permanencia en el corralón por día, la nuestra es de 33 pesos”.
Ingenio empresarial
- Jorge Bielba Brisha, director de Grupo Olé Fun & Entertaiment.
“El programa es positivo para evitar accidentes, pero desde su implementación tuvimos un descenso de 30% en la asistencia a nuestros negocios, como Barezzito y La Cantinita. A raíz de esto introdujimos productos como cervezas sin alcohol. De igual forma, junto con el Sindicato de Taxistas, iniciamos desde el 10 de octubre el programa Taxi Rosa, operado por mujeres y para mujeres. También está el programa Taxi Seguro y el Operador Designado, tres opciones para las que se hicieron alianzas con la Policía Estatal, con la Procuraduría General del Estado y la Dirección de Tránsito Municipal. La tarifa es la misma que maneja el radio taxi y varía dependiendo la zona del traslado”.
- Angeles Alatorre Pool, directora Elite Service.
“Se creó la empresa de transporte y servicio de chofer a raíz de la implementación del alcoholímetro. Contamos con autos nuevos y choferes a quienes investigamos antes de la contratación, porque la idea es prestar un servicio con mucha seguridad. Nuestros precios van desde 300 pesos por ir a buscar a la persona en el lugar donde se encuentre y llevarlo a su domicilio en su propio auto, hasta 200 pesos en caso de ir en nuestro auto y llevarlo a su casa”.
- Heidelberg Oliver Fabro, secretario general del Sindicato de Taxistas.
“Iniciamos el programa Operador Designado, que consiste en que un conductor adscrito al sindicato maneja el vehículo propiedad del cliente al lugar que se le indique. Este servicio es acompañado por un taxi de nuestro sindicato, que cuenta con rastreador satelital. El costo es de 250 pesos. El único requisito que solicitamos es que el vehículo del cliente cuente con seguro vigente. Esta asistencia se da con la garantía de que nuestros operadores son certificados y capacitados para el desempeño de sus funciones”.
Ampárame señor
- Roberto Aparicio, socio del despacho Aparicio y Díaz Abogados.
“Los abogados que cuidamos nuestro prestigio no lo tramitamos porque el objetivo primero del programa es salvaguardar la vida humana, por ello es benéfico. Además para la Corte la implementación del programa Conduce sin Alcohol es perfectamente legal, pero en la práctica no, porque tenemos reportes de que se violentan los derechos humanos de los infractores. En torno a los amparos, éstos tienen un costo promedio de tres a cinco mil pesos, y toma entre cinco o seis horas tramitarlo; el detenido queda libre de inmediato, pero el asunto no queda ahí porque los amparos se resuelven finalmente en tres o cuatro meses, y si no se da seguimiento o el juez estima que no procede el cliente debe regresar a cumplir las horas de multa que le faltan”.
- Ricardo Tinajero, director técnico Seguros HDI.
“En 2009 fuimos los primeros en implementar el servicio de chofer que se otorga como parte de la póliza, además de la grúa y la asistencia vial sin cargo extra, la cual está limitada a un determinado número de eventos anuales. El objetivo es proteger al asegurado y su patrimonio; sin embargo, el índice de quienes lo han ocupado es muy bajo, de apenas uno por ciento”.
EL EMPRESARIADO
- Francisco Córdova, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
“Nosotros solicitamos ejecutar este programa, pero, ojo, aquí la idea no es prohibir que la gente tome, sino que no maneje cuando consuma alcohol, eso es todo”.
- Andrés Marcial, gerente de El Muellecito.
“Creo que el programa debe fortalecerse con una amplia campaña informativa y detallarlo bien. Ahora contamos con servicio de valet parking, que en algunas ocasiones han llevado a algún comensal a su domicilio para evitarles contratiempos”.
- Manuel García Jurado, director general de Grupo La Parrilla.
“El programa fue una iniciativa de quienes integramos el Consejo Consultivo de Cancún, así que pensamos que es positivo. Como restaurantero puedo asegurar que no ha habido afectación al negocio porque no somos un bar o cantina. En Mocambo que se localiza en Zona Hotelera sí toman un poco más, pero no en exceso, y los turistas en general llegan y se van en taxi”.
- Gabriela Delgado, presidenta Canirac Quintana Roo.
“Estamos totalmente a favor del programa porque sabemos que el objetivo primordial de esta medida es salvaguardar a la ciudadanía, pero hemos sentido una gran afectación porque la gente se queda guardada, ya no van a la Zona Hotelera, ni a los restaurantes que antes visitaban. El sector en busca de retener a los clientes ofrece servicio de choferes o realiza promociones al conductor designado, quien en algunos casos no paga sus bebidas sin alcohol o se le hace un descuento considerable”.
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