Juicio a la carta del exdirector de Pemex, el ciudadano alertador de la SecretarĂa de la FunciĂłn PĂşblica, los enviados de Hacienda a fotografiar el interior de las viviendas… se oficializa en MĂ©xico la acusaciĂłn masiva y facilona.
La más reciente entrega de los avances de esta práctica que usa a personas que creen hacer un bien social, pero en la realidad se convierten en delatores, halcones, soplones, aparece en el Paquete Presupuestario 2021:
Las autoridades hacendarias podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal.
Estos “visitadores fiscales” tomarán fotografĂas de bienes y activos de un domicilio fiscal, lo cual indudablemente limita la intimidad y privacidad de las personas, con el ardid de combatir la corrupciĂłn.
Es otra vuelta de tuerca a la vigilancia masiva bajo la que vivimos mansamente, pues ya existe una medida gubernamental segĂşn la cual basta un soplo anĂłnimo por internet para ir a prisiĂłn preventiva oficiosa.
Es el ejĂ©rcito de “ciudadanos alertadores de corrupciĂłn” que implementĂł la SFP: algo conocido en otros paĂses como “soplĂłn anticorrupciĂłn” o “ciudadano informante”, con recompensas monetarias.
La idea puede tener buena intención, pero en realidad crea delatores, como las figuras del testigo protegido o “criterio de oportunidad”, pues son declaraciones interesadas que cambian según los ofrecimientos de la autoridad.
Por ejemplo, Lozoya es rehĂ©n de quienes le prometieron libertad o reducciĂłn de cárcel. Sus denuncias contra quienes le indiquen no garantizan verdad jurĂdica, ni imparcialidad de la justicia porque son declaraciones interesadas.
Igual sucede con el “alertador de corrupciĂłn”, que puede denunciar a vecinos y compañeros de trabajo por soborno, cohecho y otras prácticas ilĂcitas para “democratizar el control del gobierno”.
Pero lo que debe hacer el gobierno, en lugar de “visitadores fiscales” y “alertadores ciudadanos”, es procurar una justicia que elimine la impunidad y la cacerĂa de brujas contra adversarios, con jueces y policĂas mejor preparados.
Con un verdadero Estado de Derecho e instituciones fuertes no hacen falta en un paĂs “visitadores fiscales”, “ciudadanos alertadores” ni “criterios de oportunidad”, figuras que en verdad crean un ambiente de miedo.
Como la Ley de Extinción de Dominio, de acuerdo con la cual el gobierno puede “disponer de forma anticipada” de bienes y cuentas bancarias y efectivo incautados a quienes solamente se acuse de corrupción, sin que sean culpables.
Basta la acusación del MP para decidir el destino de las posesiones de los señalados. Después de la sentencia, a favor o en contra, los bienes habrán sido repartidos según lo que haya dispuesto el gobierno.
Para regirse aún por el sistema democrático de gobierno, la verdad es que México es gobernado con un autoritarismo notable.