La instalación de casinos como atractivo turístico es un arma de doble filo, amparada en una legislación poco clara que permite su funcionamiento sin control ni beneficio para destinos como Cancún
Minutos antes de pasar la estafeta presidencial a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa otorgó permisos a dos empresas para la operación de casi 100 casinos durante 25 años, lo que causó la sorpresa e indignación de legisladores y sociedad en general.
Este hecho insólito ha puesto nuevamente en el ojo del huracán al complejo tema, que, al carecerse de una legislación adecuada –la ley actual data de 1947- han florecido decenas de casas de apuestas en diversas latitudes del país, principalmente en el centro y las zonas fronterizas, y decenas de casinos clandestinos, que han generado ganancias millonarias libres de impuestos a una pequeña élite empresarial. El fondo del asunto es que no ha contribuido a fortalecer la industria turística nacional, ni a la generación de millonarias inversiones, miles de fuentes de empleo de cara a la competitividad internacional.
En 2004 bajo el esquema de mejorar la competitividad turística de México, 238 diputados federales presentaron una iniciativa para crear la nueva ley de juegos y apuestas que sustituyera a la actual (vigente desde hace 70 años y con sólo 17 artículos). Esa propuesta de reformar la ley contenía 233 artículos que sentaban las bases para la regularización de los casinos como fuente de ingresos para la nación a través de la industria de la hospitalidad y, a la vez, tenía como objetivo diversificar la oferta de los destinos.
Como ha sucedido con muchas otras leyes, ésta fue rechazada por una de las comisiones involucradas por naturaleza, la de Gobernación, manteniendo así esa dependencia todas las facultades para conceder concesiones, de forma discrecional como hasta ahora se ha hecho, para la operación de casas de apuesta.
Antecedió la iniciativa del sector empresarial en 1996, que propuso la apertura de centros de juego e incluyó varias posturas en torno a los sitios donde habrían de instalarse y quiénes las operarían, sin llegar a un consenso por parte de las autoridades y los empresarios involucrados, aunque siempre prevaleció la idea de, a través de este tipo de negocios, incentivar la industria turística, teniendo como antecedente la experiencia de 87 naciones que han legalizado su funcionamiento, generando ingresos económicos considerables.
Hoy día, con una normatividad frágil y un reglamento cuestionable, hay materia suficiente para que empresarios involucrados en la industria logren amparos para la operación de mesas de juego consideradas ilegales. Esta situación, afirman los conocedores, se resolvería con una regulación adecuada, que no busque el bien de pocos sino el bien común, que evite la corrupción y la discrecionalidad.
El Caribe mexicano no ha estado exento al debate, incluso han existido intentos de operar casinos en aguas internacionales que sin embargo no tuvieron éxito. Actualmente en Cancún funcionan locales con todos los elementos de casinos, pero para efectos de la ley son “casas de entretenimiento”. Estos centros, cuya clientela principal son locales, no dejan beneficio alguno al turismo.
Carlos Joaquín González. Subsecretario de Operación Turística de la Sectur.
El casino es un producto en el que hay que trabajar con mucho tacto. Habrá destinos que puedan recibirlos, otros que no; pero lo que más preocupa en México en relación al tema es la parte social, en cómo afectará, no a los turistas sino a la sociedad y las comunidades. La coordinación y comunicación con las autoridades y los involucrados en esta industria es vital para saber el impacto y para poder hacer realidad un producto de nivel turístico, que es lo que deseamos para México.
John McCarthy. Ex titular de Fonatur
No los requiere México. Y creo que la fórmula como se ha dado no es buena: casinitos por todos lados. Desafortunadamente la visión que se tenía hace unos años era de crear grandes casinos y comprometer a los inversionistas internacionales con enormes inversiones. No fue así. El modelo que salió es un modelo malo, pienso yo, y hay que aprender a vivir con ese.
Francisco López Mena. Ex diputado federal.
Creo que México necesita una reglamentación de los sitios de apuesta porque están haciendo mucho daño a la población. Estoy convencido que los casinos, los que en verdad se pueden llamar casinos, son una buena opción de entretenimiento si se quiere ser más competitivo en el sector turismo, porque muchas veces alargan la estancia del visitante y su derrama económica, rubros en los que, por cierto, cada vez estamos peor. La cuestión no es entrar al debate sobre si le conviene o no le conviene a este país, le conviene al turismo de este país, porque genera empleos mejor pagados que cualquier otra actividad.
Los riesgos
Una vez presentada la propuesta de instalar casinos legales en México, el primer paso era que debía existir una ley que los avalara y regulara, de tal forma que las comisiones de Turismo de las cámaras de Senadores, Diputados y la Asamblea del Distrito Federal llevaron a cabo estudios para conocer los riesgos y beneficios que un negocio de esta naturaleza podría traer al país.
Se realizaron foros de consulta a la opinión pública y el tema también se ventiló en los medios de comunicación; la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados efectuó estudios que avalaban la instalación de casinos, y que mostraban cifras positivas tanto de inversión como de operación y generación de empleos.
A la par de los estudios se publicaron artículos críticos con respecto a los inconvenientes que podrían traer los casinos, como prostitución, delincuencia y lavado de dinero, además de la existencia de grupos de poder que controlaran centros de juego ligados con la política y el narcotráfico, llegando incluso a identificar una conspiración de la mafia detrás del retorno de los casinos. Los argumentos presentados denotaban tinte moral y social con clara inclinación a proteger los valores y las instituciones tradicionales.
Félix González. Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores.
Debe haber una sacudida en esta legislación actual, que es ambigua, ya que por un lado prohíbe y por otro permite, generando inconvenientes, como tráfico de influencias y decisiones unilaterales sin un plan global que beneficie al país. Ya tenemos casinos operando, sólo falta ordenarlos para que puedan convertirse en un elemento adicional de entretenimiento, sin llegar a ser el motor principal de atractivo turístico. Vamos a darle un orden y un sentido positivo para el turismo de México.
Rodolfo Dorador. Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Actualmente estamos revisando la Ley de Casinos en coordinación con la Secretaría de Turismo, que se ha comprometido a crear, en conjunto con la Cámara de Diputados, una mejor ley que permita que el juego y la apuesta en México se dé de una manera diferente y regulada. Esperamos que antes de terminar este año tengamos noticias en torno a este tema, que últimamente ha causado mucho revuelo en el país.
Adolfo Favieres. Presidente Aldesa Turismo
¿Es una oportunidad turística para México? En mi opinión creo que sí, y me parece positiva pero sin exagerar. Sin embargo, hay que relativizar la importancia. Es decir, es importante, porque si otros destinos tuyos competidores tienen esa facilidad, como Costa Rica, donde hay 20, o República Dominicana, donde debe de haber entre 15 a 20 casinos, y ni hablar de Atlantic City o Las Vegas, y tú no la tienes, indudablemente hay algo que te falta para ser competitivo, pero más por ese sentido que por el sentido de decir, los casinos nos van a resolver problemáticas generales o particulares, como la apuesta que ahora acaba de hacer Madrid, que dice ‘voy a hacer súper megacasinos en Eurovegas’, en las afueras, con los cuales se generan ofertas de trabajo e inversiones.
En pocas manos
El negocio de los casinos es un monopolio en manos de personalidades como el empresario y político Jorge Hank Rhon, Ramón Madero Dávila y Rodrigo Madero Covarrubias, empresarios relacionados con Aviacsa; los hermanos Rojas Cardona, propietarios de Tango Comunicaciones; el empresario y político Carlos Riva Palacio, Joaquín Riva Palacio Rodríguez, socio de Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V., y Oscar Paredes, conocido como “el zar del juego”.
Estos nombres encabezan los grupos sobresalientes, junto con Televisa con 130 casinos en operación, Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas y la española Grupo Codere. La mayoría de estos empresarios fueron beneficiados por Roberto Correa Méndez, cuando se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en 2007.
Lo que proponía la Ley en 2004
- Que este tipo de negocios se conviertan en un verdadero atractivo turístico, que no sólo ofrezca juego y apuesta sino que venga de la mano de entretenimiento para todo tipo de público, de todas las edades, y que no sea per sé la causa de la visita de un turista a los destinos que los alberguen, sino una opción más de diversión.
- Que otorgue beneficios a la población que decida tenerlos, hablando en términos económicos, generando impuestos reales de un 50% para la ciudad, 30 para el estado y 20 para la federación, no el 100% para la federación, como es en la actualidad. Otro beneficio es tener controles estrictos en torno a la seguridad e incluso crear un fondo para el tratamiento de la ludopatía, que si bien no es generada por los casino, sí la fomenta.
- Que se establezcan normas claras para evitar los focos de corrupción, pero sobre todo de una autoridad autónoma que impida la discrecionalidad de la autoridad y la simulación, con siete integrantes, la Secretaría de Salud, la de Turismo y la de Economía, y ciudadanos distinguidos, copiando el modelo de Las Vegas, donde la institución que controla los casinos no es del gobierno.
Pienso que como se han autorizado son un error muy grave. Sólo serían justificables en lugares turísticos y que no nada más sean los casinos como tales, sino que engloben los shows y todas esas cosas para atraer turismo. En su concepción actual, no es justo hacer casinos para quitarle el dinero a los mexicanos.
Eduardo Sánchez Navarro. Presidente de Grupo Questro
La realidad de Cancún
Los casinos en Quintana Roo tienen historia fallida con intentos en Puerto Morelos y Chetumal, desde donde zarpaban “barcos- casino” hacia aguas internacionales. Una de las iniciativas en 1994 estuvo a cargo del empresario griego Eduardo Farías Nicolopoulus que finalmente abandonó el proyecto tras encallar en su viaje inaugural ; otra iniciativa fue del empresario Isaac Hamui, y ambas consistían en que una vez fuera de territorio mexicano, se abrían las mesas, para posteriormente regresar a suelo nacional. En 2004, un grupo de empresarios liderado por José Chapur decía sí a los casinos, pero fuera de los hoteles; en contraposición estaba el grupo comandado por Daniel Chávez, de Mayan Palace, quienes defendían la idea de permitir el ingreso de casinos exclusivamente en hoteles. Todos los proyectos de este tipo, tanto en mar como en tierra firme, han fracasado.
En la actualidad Cancún cuenta con cinco casas de apuestas a las que acude mayormente público local (Casino Palace, que inició operaciones en septiembre de 2009; Dubai Palace Casino, en mayo de 2010; Playboy Cancún, en diciembre de 2010; The Royal Yak Casino, en julio de 2002; Caliente Sportsbook & Casino, en agosto de 2006). La ley actual y el tráfico de influencias han provocado que destinos como el nuestro sean campo fértil para la proliferación de casas de apuesta, cuyos propietarios y staff llaman “centros de entretenimiento”, y que la vox populi reconoce como auténticos casinos, con mesas de juego que son ilegales.
República Dominicana, Puerto Rico, Curaçao, Aruba, St. Martin y Bahamas, fuertes competidores de Cancún, cuentan con casinos debidamente reglamentados y enfocados al turismo. México y Cuba son los únicos países en América que no cuentan con casinos.
Francisco Madrid. Director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac.
Es lamentable que durante muchos años hayamos tenido esta discusión que polariza a la sociedad. Una de las cuestiones era que generaría prostitución y otros problemas sociales. Se hablaba también de que podría ser una buena herramienta para impulsar el turismo, pero nos hemos quedado sólo con eso, con discusiones sobre el tema. Hemos perdido tiempo y desperdiciado oportunidades, esperemos que en este sexenio la situación tome otro rumbo.
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