No es válido, ni nunca lo ha sido, borrar las consecuencias del pasado para iniciar una nueva legislación, pues en lo referente a ecología el daño fue realizado por las grandes potencias para desarrollar sus ahora fuertes economías. En estricta justicia, dichas potencias deben pagar el precio correspondiente.
Son los países ricos los que han podido desarrollar tecnologías anticontaminantes y es injusto que se las vendan —generalmente cuando ya son obsoletas— al tercero y quinto mundos ganando utilidades en la venta.
Es injusto que sólo los países desarrollados se consideren con el derecho de poseer la tecnología de desarrollo atómico de energía sin que exista un acuerdo de transferencia justo y barato, que no condene a los países pobres a un nuevo colonizaje energético y tecnológico.
No es posible que se les exija a los países subdesarrollados aplicar reglamentaciones ecológicas que hagan inviables políticas de justicia social y desarrollo económico.
La ecología es una ciencia multidisciplinaria que se apoya en la meteorología, la física, la química, la oceanografía, la biología, la medicina, la sociología, la economía, las ingenierías civil, mecánica, eléctrica y petrolera, la informática, etc. Es, pues, una ciencia compleja y difícil de aplicar, que requiere enormes recursos para sus estudios y conclusiones.
Un país en desarrollo que equivoque sus políticas ecológicas y las quiera equiparar con las de los países del primer mundo, lo más probable es que nunca salga del subdesarrollo y de la dependencia tecnológica.
La responsabilidad de las autoridades ambientales de los países subdesarrollados es enorme y sus políticas ecológicas tienen que ser consecuentes con los antecedentes de contaminación ambiental de todos los países que lucraron con los recursos naturales sin pagar el costo ecológico. Dichas políticas también deben adecuarse a los mercados de competencia actuales, pues la regulación ecológica participa prácticamente en todos los factores de producción, por lo que si es equivocada puede detener el desarrollo social y económico de un país, con gravísimas consecuencias sociales.
Un equilibrio con justicia internacional e interna es lo más procedente. No se puede exigir a Brasil la conservación del Amazonas sin ayudarlo con planes de desarrollo social y económico en esa región, pues el Amazonas se agota por hambre y exigencia social de desarrollo, no por una voluntad destructiva. Ese es el caso de todas las selvas que existen en países tropicales y subdesarrollados cuyas necesidades económicas los rebasan. Las inmensas deudas públicas internas y externas los tienen condenados a la insuficiencia de recursos económicos para el desarrollo. Si a eso le agregamos los factores históricos y religiosos que los inducen a la procreación y a la explosión demográfica que se ha vivido en los últimos 100 años, tendremos los elementos necesarios para identificar los círculos de la pobreza e injusticia social que los mantiene en la miseria.
La ignorancia se disculpa en la gente que por su pobreza no se puede preparar, pero no en los profesionistas y responsables de la elaboración de las leyes ecológicas. Ellos deben tener una visión histórica, económica y social de la comunidad para la cual van a elaborar esas leyes y le tienen que dar los tiempos necesarios para lograr sus objetivos.
El 83% de la actual contaminación atmosférica en el mundo proviene de las emisiones de contaminantes de los energéticos fósiles que consumen los países desarrollados y tres países más: China, India y Rusia. Es absurdo que un país subdesarrollado quiera imponer limitaciones a su propio desarrollo más estrictas que las que tienen esos países. Es una ignorancia aberrante, una traición a sus compatriotas que se mueren de hambre sin trabajo ni esperanza.
El mundo requiere una nueva visión global cuyas prioridades deben ser el desarrollo sustentable y la justicia social, pues muchas de las leyes no sirven a los seres humanos presentes y futuros. No es justo exigirles a los habitantes de los países pobres que sacrifiquen su propia existencia y las de sus hijos en beneficio de una colectividad mundial que les niega el derecho al trabajo y, por lo tanto, a una vida digna.
Es en este punto en donde, una vez más, ecología y espiritualidad se conjugan, pues las leyes sociales de justicia tienen una base moral, por mucho que el positivismo lo niegue. Esos valores surgen del espíritu y del imperativo ético de igualdad y justicia social que habita en él.
Sólo tomando en cuenta las diferencias reales entre pobres y ricos, entre culpables e inocentes, entre legislaciones aplicables con sentido social y restrictivas podremos comprender mejor el problema ecológico y sus posibles soluciones, pues la humanidad corre el riesgo real de encontrar en el anhelo de desarrollo a su peor enemigo. Si no comienza a agregar el precio ecológico a sus factores de producción y si toda la humanidad conjunta no cobramos conciencia de nuestra responsabilidad, tanto en la contaminación como en sus posibles soluciones, las futuras generaciones tendrán que enfrentar condiciones de enormes riesgos, y altos costos económicos y sociales. Las generaciones del futuro verán hacia el pasado con justificado rencor y entonces el juicio de la historia condenará a las generaciones presentes que egoístamente no quisimos pagar el precio del desarrollo sustentable.