Nelly García

• Carta de la Editora
• Nelly García
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Iniciamos el 2025 con la energía renovada que trae un nuevo ciclo, cargado de expectativas, retos y oportunidades. Este año nos invita a reflexionar sobre el rumbo que queremos dar a nuestras acciones, decisiones y prioridades, tanto en el ámbito estatal en Quintana Roo como a nivel nacional en México.

La responsabilidad de quienes ocupan posiciones de decisión en la vida pública es inmensa. Las reformas que se discuten y aprueban desde el Congreso de la Unión, así como las medidas ejecutivas tomadas por el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, tienen un impacto directo en millones de familias mexicanas. A nivel estatal, en Quintana Roo, las determinaciones de las autoridades locales deben buscar siempre el consenso, priorizar el bien común y evitar acciones precipitadas que puedan tener repercusiones a largo plazo.

Un tema particularmente sensible es el de la subcuenta de vivienda de los trabajadores del Infonavit. Este asunto no solo toca directamente los derechos y el patrimonio de los trabajadores, sino que también refleja la necesidad de un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas: representantes laborales, sector patronal y legisladores. Los representantes populares tienen la obligación de ser genuinos portavoces ciudadanos, evitando que intereses individuales o partidistas dominen el debate. Esperamos que este tema, como tantos otros, sea abordado con seriedad, transparencia y una visión amplia.

En el terreno económico, 2024 dejó lecciones claras sobre la importancia de una promoción turística constante y efectiva. Quintana Roo, una de las joyas turísticas de México, experimentó una baja significativa en la llegada de visitantes durante el año, aunque el cierre fue positivo. Este 2025, hacemos un llamado a redoblar esfuerzos en la promoción turística para evitar temporadas bajas que impacten negativamente la economía local, especialmente en un sector tan crucial para la generación de empleos e ingresos.

Por otro lado, el escenario internacional también será clave este año. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca plantea retos significativos para México, particularmente en áreas como el comercio, las relaciones migratorias y la seguridad fronteriza. La administración de Claudia Sheinbaum y su equipo cercano tendrán que actuar con gran inteligencia y habilidad diplomática para proteger los intereses nacionales en un contexto de incertidumbre.

El inicio de este nuevo año nos convoca a todos -ciudadanos, gobernantes y sectores productivos- a ser cautelosos, pero también propositivos. Reconocemos los desafíos, pero también vemos las oportunidades. Que las decisiones que tomemos este 2025 privilegien siempre el bienestar colectivo, y que cada reforma, proyecto o estrategia tenga como eje la construcción de un país más equitativo, próspero y humano. Es momento de decidir con sabiduría, de escuchar todas las voces y de trabajar juntos por el México que deseamos heredar a las futuras generaciones.   

Con la reciente aprobación en el Senado de la desaparición de siete órganos autónomos, México enfrenta un golpe severo a los contrapesos que durante años costaron construir. Estas reformas no solo representan un retroceso en la vida democrática del país, sino que consolidan un modelo centralista que concentra poder en el gobierno en turno, alejándonos de los equilibrios esenciales para una nación plural y moderna.

La desaparición de instituciones como el INAI, Cofece, IFT y Coneval, entre otras, es un atentado directo contra la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad que estos organismos garantizaban. Estas instancias fueron diseñadas para proteger derechos fundamentales, supervisar sectores clave y actuar como vigilantes de la actuación gubernamental. Ahora, sus funciones estarán bajo el control directo de secretarías de Estado, eliminando el carácter independiente que era crucial para evitar abusos y discrecionalidades.

La justificación de que estos cambios generarán ahorros para destinarlos a fondos sociales es, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, engañosa. Los recursos asignados a los órganos autónomos eran una inversión en la democracia, no un gasto superfluo. Además, debilitar estas instituciones no asegura un uso eficiente de los recursos públicos, sino que fomenta opacidad al eliminar las herramientas diseñadas precisamente para garantizar el buen manejo de los mismos.

Es irónico que, en pleno siglo XXI, estemos desmantelando los avances que nos colocaban en la ruta hacia una democracia más sólida, donde las decisiones no dependieran del capricho de un gobierno en turno.

Lo aprobado no es austeridad ni eficiencia; es una decisión que debilita al Estado, minimiza los contrapesos y concentra poder en detrimento de los derechos de la ciudadanía. En lugar de fortalecer a los órganos autónomos, dotándolos de recursos y herramientas para mejorar su funcionamiento, se optó por eliminarlos, sacrificando la transparencia y la rendición de cuentas.

Como ciudadanos, sólo nos queda seguir señalando lo que está mal y exigiendo por vías legales y pacíficas la protección de nuestras instituciones. Tenemos la responsabilidad de actuar y reclamar un México más justo, equilibrado y transparente.

Este cierre de año nos deja una profunda reflexión: la democracia no se construye en automático ni se conserva por inercia. Requiere de la participación activa y constante de todos. Que este sea un llamado para mantenernos vigilantes, para no claudicar en la defensa de los principios democráticos que nos definen como nación.

El 2025 traerá nuevos retos, pero también oportunidades para rectificar. Que la esperanza, el compromiso y la acción nos guíen hacia un mejor futuro para México.  

El turismo es uno de los pilares económicos de México y la principal fuente de empleo en Quintana Roo. A un mes de la llegada de Josefina Rodríguez Zamora a la Secretaría de Turismo y con el próximo relevo en la presidencia de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, se abren expectativas de revitalización en un sector que afronta grandes retos.

Este año se sintió un estancamiento en la llegada de turistas internacionales, con el consiguiente impacto en la captación de ingresos. En un contexto de competencia global, otros destinos han intensificado sus esfuerzos de promoción e inversión, mientras que México se arriesga a quedarse atrás. A nivel federal, la nueva secretaria debe trabajar en estrategias de promoción que reposicionen al país como un destino líder y competitivo en el mercado internacional.

La asistencia de Rodríguez Zamora al Cancún Travel Mart, algo que su predecesor evitó alineándose con la postura de la administración pasada, es una señal alentadora. Su apertura al diálogo con líderes turísticos y autoridades locales marca una diferencia importante. Sin embargo, el reto va más allá de las buenas intenciones: México requiere una estrategia de promoción sólida y coordinada para ganar terreno frente a destinos emergentes que han sabido invertir en campañas específicas para atraer visitantes.

La falta de un organismo como el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), desintegrado por el expresidente López Obrador, es una preocupación constante en el sector. Aunque la secretaria reconoce la importancia del turismo, no se ha manifestado en favor de revivir el CPTM, lo que limita los esfuerzos nacionales de promoción y deja al país sin una voz unificada. Hoy más que nunca, una estrategia integral es esencial para dar la batalla en un entorno donde la competencia es fuerte.

México tiene un potencial incomparable: riqueza cultural, belleza natural, gastronomía y una infraestructura de clase mundial. Sin embargo, este valor necesita respaldo y proyección internacional para traducirse en mayor afluencia de visitantes. La industria turística mexicana no puede permitirse esfuerzos aislados. El gobierno federal debe asumir un papel de liderazgo, uniendo fuerzas con actores locales para crear una estrategia promocional efectiva y competitiva.

Es momento de actuar con visión y compromiso, brindando al turismo mexicano el impulso necesario para enfrentar los desafíos actuales y convertirlos en oportunidades de crecimiento y liderazgo en el escenario global.  

Con el inicio de nuevas administraciones en Cancún, y en muchas otras partes del país, así como la llegada de la primera presidenta de México, se abre un capítulo lleno de expectativas y desafíos. Todos los ojos están puestos en cómo estos líderes enfrentarán problemas acuciantes que han sido históricamente postergados; uno de los más críticos es la cultura de la prevención ante desastres naturales.

La reciente temporada de tormentas y huracanes ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de nuestras ciudades. En Cancún, una lluvia ligera es suficiente para convertir calles en lagunas, mientras que en Acapulco, la tragedia de derrumbes y anegaciones ha destruido vidas y hogares, dejando a miles de familias en la indefensión. En estos momentos de crisis, la falta de infraestructura adecuada y la planificación urbana efectiva se convierten en los peores enemigos de la ciudadanía.

Las nuevas administraciones tienen ante sí la responsabilidad de no sólo reaccionar ante los desastres, sino de prevenirlos. Es fundamental que el enfoque no sea únicamente la respuesta inmediata, sino que se centren en crear condiciones que minimicen los riesgos. Esto implica un compromiso real con la planificación urbana ordenada, donde se eviten asentamientos en zonas vulnerables y se priorice la construcción de infraestructura resistente.

La importancia de esto no puede subestimarse. En un país donde los fenómenos naturales son una realidad constante, las autoridades deben destinar recursos de manera inteligente y proactiva. Las obras deben ser integrales y sostenibles, no meras soluciones temporales y obras de relumbrón para la foto. Necesitamos un mantenimiento constante y una visión a largo plazo que garantice que nuestras ciudades no colapsen ante la siguiente tormenta.

Es un llamado a la acción para nuestros nuevos gobernantes: que no se dejen llevar por la inercia de lo superficial, sino que realmente escuchen las necesidades de la población. Los ciudadanos están cansados de ver cómo, tras cada desastre, surgen promesas vacías que no se materializan en cambios reales. Lo que se necesita es un plan de acción claro, que contemple no solo la infraestructura, sino también la educación en la cultura de prevención, donde cada familia esté preparada y consciente de cómo actuar ante un eventual desastre.

Además, es crucial que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de recursos. Los ciudadanos merecen saber cómo se están utilizando los fondos destinados a prevención y mitigación. Solo así se podrá reconstruir la confianza en las autoridades y se fomentará una colaboración efectiva entre gobierno y sociedad.

Por el bien de todos, esperamos que esta sea la era en que se marque una diferencia en este sentido. La esperanza está en nuestras manos, y es momento de transformarla en acción.  

Por mucho que los representantes de Morena en el Congreso de la Unión, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum insistan en que las protestas por la reforma al Poder Judicial en México son infundadas, la realidad es que hay muchísima incertidumbre y sobre todo, preocupación en muchos sectores, a nivel nacional e internacional, por lo que implican estos cambios, y que se reflejarán en el ámbito social, democrático y, por supuesto, económico.

De hecho, a nivel financiero, ya se están viendo los primeros efectos, con un vaivén de la paridad del peso mexicano frente al dólar, con disminución en las calificaciones y certificaciones de organismos internacionales (la financiera Morgan Stanley ya degradó la calificación de México en inversiones) y con voces en contra, tanto de aliados comerciales, como de organizaciones que ven focos de riesgo por las consecuencias de esta reforma que, muy seguramente, se aprobará en las primeras semanas de este mes, toda vez que el partido en el poder cuenta con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Obrador como parte del llamado “Plan C” sí tendría impactos presupuestarios y en la economía de México que ni la iniciativa ni los dictámenes los han considerado, advierten calificadoras, institutos, organizaciones y especialistas. 

Entre los impactos presupuestarios directos estarían el costo de organizar una elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y sus campañas, y el de garantizar prestaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial, al extinguir sus fideicomisos. ¿Y de dónde creen que saldrán estos recursos?

La reforma no detalla el costo que tendrá en el presupuesto público la organización de las elecciones por voto popular para elegir a más de mil 600 ministros, magistrados y jueces, más allá de señalar que se usarían los recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF (aunque también se aprobó que estos fondos serían para pensiones del Bienestar ¿Y entonces? Esto es una clara contradicción).

El dictamen más reciente contempla además el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral para trabajadores del Poder Judicial.

Pero al no haber recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF porque se utilizarán para la implementación de la reforma, tendría que asignarse dinero adicional del presupuesto de egresos anual. Es decir, más gasto al erario, más costos para el pueblo.

Y lo peor, es que al no existir financiamiento para las campañas abrirá la posibilidad de que las personas candidatas a elección entren en contacto con grupos de interés e incluso de financiamiento ilegal a través del crimen organizado. En conclusión, más de lo mismo, cierran una puerta de corrupción y abren muchas más…   

• Nelly García
• ngarcia@latitud21.com.mx

LLos diputados de la XVII legislatura del Congreso de Quintana Roo decidieron despedirse con la aprobación de una reforma muy controvertida, que casi al final de su gestión, a menos de dos meses de que dejen su curul, levantó mucha polémica. Se trata de la reforma a la Ley de Movilidad, que a los motociclistas les pareció una barbaridad y la bautizaron como “ley chaleco”, porque obliga a cualquier conductor o acompañante que circule a bordo de una motocicleta, a portar cascos y chalecos antireflejantes en los que lleven impreso el número de placa de la unidad. Tras la aprobación por los legisladores, las protestas no se hicieron esperar: Que si no nos pueden obligar a vestirnos de tal o cual manera, que si es una medida más recaudatoria que preventiva, que va a desatar secuestros exprés o agresiones para robar los cascos y chalecos para con ellos cometer delitos, y un largo etcétera son los argumentos en contra, junto con bloqueos en las calles, que, por supuesto, afectaron a terceros. La justificación de la autoridad, es que se necesita poner orden y claridad de quiénes circulan en motocicletas, tener un mayor control, para intentar reducir los índices de asaltos, homicidios y otros delitos que son cometidos por personas a bordo de motocicletas. La autoridad estatal ofreció una mesa de diálogo para apaciguar los ánimos y socializar la reforma a la ley; esperemos que impere la civilidad y que las negociaciones concluyan con resultados positivos, porque lo que sí es cierto, es que la inseguridad nos pega a todos por igual, y todo esfuerzo para combatirla es válido.

Y ya que hablamos de hechos delictivos, es una lástima que las buenas cifras del verano en materia turística, con ocupaciones superiores al 80% y un incremento en la demanda de productos y servicios en restaurantes, plazas, parques temáticos y náuticos, se vean empañadas con sucesos como el ocurrido en una playa ubicada en la zona hotelera de Cancún, donde desafortunadamente un niño perdió la vida, en medio de un presunto ataque entre bandas delictivas. Esperemos que las autoridades y la propia iniciativa privada, en este caso los hoteleros, tomen medidas al respecto para evitar estas situaciones, en la medida de lo posible, ya que además de la pérdida irreparable que sufrió esta familia, que no tenía nada que ver con intereses de los atacantes, son hechos que permean de manera negativa hacia el exterior, poniendo en desventaja al destino frente a otras ciudades donde este tipo de hechos no suceden, o al menos, no tan seguido, como ya se está haciendo costumbre en el Caribe Mexicano.