Nelly García

El turismo es uno de los pilares económicos de México y la principal fuente de empleo en Quintana Roo. A un mes de la llegada de Josefina Rodríguez Zamora a la Secretaría de Turismo y con el próximo relevo en la presidencia de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, se abren expectativas de revitalización en un sector que afronta grandes retos.

Este año se sintió un estancamiento en la llegada de turistas internacionales, con el consiguiente impacto en la captación de ingresos. En un contexto de competencia global, otros destinos han intensificado sus esfuerzos de promoción e inversión, mientras que México se arriesga a quedarse atrás. A nivel federal, la nueva secretaria debe trabajar en estrategias de promoción que reposicionen al país como un destino líder y competitivo en el mercado internacional.

La asistencia de Rodríguez Zamora al Cancún Travel Mart, algo que su predecesor evitó alineándose con la postura de la administración pasada, es una señal alentadora. Su apertura al diálogo con líderes turísticos y autoridades locales marca una diferencia importante. Sin embargo, el reto va más allá de las buenas intenciones: México requiere una estrategia de promoción sólida y coordinada para ganar terreno frente a destinos emergentes que han sabido invertir en campañas específicas para atraer visitantes.

La falta de un organismo como el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), desintegrado por el expresidente López Obrador, es una preocupación constante en el sector. Aunque la secretaria reconoce la importancia del turismo, no se ha manifestado en favor de revivir el CPTM, lo que limita los esfuerzos nacionales de promoción y deja al país sin una voz unificada. Hoy más que nunca, una estrategia integral es esencial para dar la batalla en un entorno donde la competencia es fuerte.

México tiene un potencial incomparable: riqueza cultural, belleza natural, gastronomía y una infraestructura de clase mundial. Sin embargo, este valor necesita respaldo y proyección internacional para traducirse en mayor afluencia de visitantes. La industria turística mexicana no puede permitirse esfuerzos aislados. El gobierno federal debe asumir un papel de liderazgo, uniendo fuerzas con actores locales para crear una estrategia promocional efectiva y competitiva.

Es momento de actuar con visión y compromiso, brindando al turismo mexicano el impulso necesario para enfrentar los desafíos actuales y convertirlos en oportunidades de crecimiento y liderazgo en el escenario global.  

Con el inicio de nuevas administraciones en Cancún, y en muchas otras partes del país, así como la llegada de la primera presidenta de México, se abre un capítulo lleno de expectativas y desafíos. Todos los ojos están puestos en cómo estos líderes enfrentarán problemas acuciantes que han sido históricamente postergados; uno de los más críticos es la cultura de la prevención ante desastres naturales.

La reciente temporada de tormentas y huracanes ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de nuestras ciudades. En Cancún, una lluvia ligera es suficiente para convertir calles en lagunas, mientras que en Acapulco, la tragedia de derrumbes y anegaciones ha destruido vidas y hogares, dejando a miles de familias en la indefensión. En estos momentos de crisis, la falta de infraestructura adecuada y la planificación urbana efectiva se convierten en los peores enemigos de la ciudadanía.

Las nuevas administraciones tienen ante sí la responsabilidad de no sólo reaccionar ante los desastres, sino de prevenirlos. Es fundamental que el enfoque no sea únicamente la respuesta inmediata, sino que se centren en crear condiciones que minimicen los riesgos. Esto implica un compromiso real con la planificación urbana ordenada, donde se eviten asentamientos en zonas vulnerables y se priorice la construcción de infraestructura resistente.

La importancia de esto no puede subestimarse. En un país donde los fenómenos naturales son una realidad constante, las autoridades deben destinar recursos de manera inteligente y proactiva. Las obras deben ser integrales y sostenibles, no meras soluciones temporales y obras de relumbrón para la foto. Necesitamos un mantenimiento constante y una visión a largo plazo que garantice que nuestras ciudades no colapsen ante la siguiente tormenta.

Es un llamado a la acción para nuestros nuevos gobernantes: que no se dejen llevar por la inercia de lo superficial, sino que realmente escuchen las necesidades de la población. Los ciudadanos están cansados de ver cómo, tras cada desastre, surgen promesas vacías que no se materializan en cambios reales. Lo que se necesita es un plan de acción claro, que contemple no solo la infraestructura, sino también la educación en la cultura de prevención, donde cada familia esté preparada y consciente de cómo actuar ante un eventual desastre.

Además, es crucial que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de recursos. Los ciudadanos merecen saber cómo se están utilizando los fondos destinados a prevención y mitigación. Solo así se podrá reconstruir la confianza en las autoridades y se fomentará una colaboración efectiva entre gobierno y sociedad.

Por el bien de todos, esperamos que esta sea la era en que se marque una diferencia en este sentido. La esperanza está en nuestras manos, y es momento de transformarla en acción.  

Por mucho que los representantes de Morena en el Congreso de la Unión, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum insistan en que las protestas por la reforma al Poder Judicial en México son infundadas, la realidad es que hay muchísima incertidumbre y sobre todo, preocupación en muchos sectores, a nivel nacional e internacional, por lo que implican estos cambios, y que se reflejarán en el ámbito social, democrático y, por supuesto, económico.

De hecho, a nivel financiero, ya se están viendo los primeros efectos, con un vaivén de la paridad del peso mexicano frente al dólar, con disminución en las calificaciones y certificaciones de organismos internacionales (la financiera Morgan Stanley ya degradó la calificación de México en inversiones) y con voces en contra, tanto de aliados comerciales, como de organizaciones que ven focos de riesgo por las consecuencias de esta reforma que, muy seguramente, se aprobará en las primeras semanas de este mes, toda vez que el partido en el poder cuenta con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Obrador como parte del llamado “Plan C” sí tendría impactos presupuestarios y en la economía de México que ni la iniciativa ni los dictámenes los han considerado, advierten calificadoras, institutos, organizaciones y especialistas. 

Entre los impactos presupuestarios directos estarían el costo de organizar una elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y sus campañas, y el de garantizar prestaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial, al extinguir sus fideicomisos. ¿Y de dónde creen que saldrán estos recursos?

La reforma no detalla el costo que tendrá en el presupuesto público la organización de las elecciones por voto popular para elegir a más de mil 600 ministros, magistrados y jueces, más allá de señalar que se usarían los recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF (aunque también se aprobó que estos fondos serían para pensiones del Bienestar ¿Y entonces? Esto es una clara contradicción).

El dictamen más reciente contempla además el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral para trabajadores del Poder Judicial.

Pero al no haber recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF porque se utilizarán para la implementación de la reforma, tendría que asignarse dinero adicional del presupuesto de egresos anual. Es decir, más gasto al erario, más costos para el pueblo.

Y lo peor, es que al no existir financiamiento para las campañas abrirá la posibilidad de que las personas candidatas a elección entren en contacto con grupos de interés e incluso de financiamiento ilegal a través del crimen organizado. En conclusión, más de lo mismo, cierran una puerta de corrupción y abren muchas más…   

• Nelly García
• ngarcia@latitud21.com.mx

LLos diputados de la XVII legislatura del Congreso de Quintana Roo decidieron despedirse con la aprobación de una reforma muy controvertida, que casi al final de su gestión, a menos de dos meses de que dejen su curul, levantó mucha polémica. Se trata de la reforma a la Ley de Movilidad, que a los motociclistas les pareció una barbaridad y la bautizaron como “ley chaleco”, porque obliga a cualquier conductor o acompañante que circule a bordo de una motocicleta, a portar cascos y chalecos antireflejantes en los que lleven impreso el número de placa de la unidad. Tras la aprobación por los legisladores, las protestas no se hicieron esperar: Que si no nos pueden obligar a vestirnos de tal o cual manera, que si es una medida más recaudatoria que preventiva, que va a desatar secuestros exprés o agresiones para robar los cascos y chalecos para con ellos cometer delitos, y un largo etcétera son los argumentos en contra, junto con bloqueos en las calles, que, por supuesto, afectaron a terceros. La justificación de la autoridad, es que se necesita poner orden y claridad de quiénes circulan en motocicletas, tener un mayor control, para intentar reducir los índices de asaltos, homicidios y otros delitos que son cometidos por personas a bordo de motocicletas. La autoridad estatal ofreció una mesa de diálogo para apaciguar los ánimos y socializar la reforma a la ley; esperemos que impere la civilidad y que las negociaciones concluyan con resultados positivos, porque lo que sí es cierto, es que la inseguridad nos pega a todos por igual, y todo esfuerzo para combatirla es válido.

Y ya que hablamos de hechos delictivos, es una lástima que las buenas cifras del verano en materia turística, con ocupaciones superiores al 80% y un incremento en la demanda de productos y servicios en restaurantes, plazas, parques temáticos y náuticos, se vean empañadas con sucesos como el ocurrido en una playa ubicada en la zona hotelera de Cancún, donde desafortunadamente un niño perdió la vida, en medio de un presunto ataque entre bandas delictivas. Esperemos que las autoridades y la propia iniciativa privada, en este caso los hoteleros, tomen medidas al respecto para evitar estas situaciones, en la medida de lo posible, ya que además de la pérdida irreparable que sufrió esta familia, que no tenía nada que ver con intereses de los atacantes, son hechos que permean de manera negativa hacia el exterior, poniendo en desventaja al destino frente a otras ciudades donde este tipo de hechos no suceden, o al menos, no tan seguido, como ya se está haciendo costumbre en el Caribe Mexicano.   

• Carta de la Editora
• Nelly García
• ngarcia@latitud21.com.mx

Más claro no puede estar: hasta hace pocos años, sólo había alrededor de 100 destinos turísticos en el mundo que ofrecieran servicios, infraestructura y atractivos capaces de atraer a millones de visitantes. Hoy, son más de 300, y todos compitiendo al tú por tú, con los recursos posibles, ingenio y estrategias diversas, para llevarse una buena tajada del pastel. Y los más ganones, sin duda, serán los que sepan meterse al mercado, con disciplina y constancia, con acciones concretas, respondiendo a los desafíos que plantea la industria sin chimeneas, atendiendo las nuevas tendencias de los viajeros, enfocados en la sustentabilidad y sostenibilidad. Un turismo más consciente, pues. Pero sobre todo, y sin duda, los destinos que lograrán salir airosos serán, por mucho, los que inviertan recursos y esfuerzos a la promoción, mucha promoción.

¿Qué rumbo tomará México en este escenario? ¿Será que el próximo gobierno federal, encabezado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá la suficiente voluntad para, de una vez por todas darle su justo valor al turismo? Ya es momento de que se le trate con la importancia debida a esta industria generadora de más de 7.5 millones de empleos, el 13 por ciento del total de puestos laborales en nuestro país. Además, representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana, y que, según las previsiones, en los próximos años podría incrementar hasta 16 por ciento. El potencial es enorme, pero el desafío es mayor, por eso, los hoteleros, restauranteros, cámaras empresariales y todos los que integran la cadena de valor que se beneficia directa o indirectamente del turismo, están ávidos de conocer la política turística de Claudia Sheinbaum. Sobre todo, porque en el sexenio que está a punto de concluir, el turismo quedó más que relegado, ninguneado. Se acabó el recurso para la promoción, para estrategias y acciones; se disolvió el CPTM y, para muchos, la Secretaría de Turismo no funcionó como debiera. El presidente López Obrador se llenó la boca diciendo que sí apoyaba el turismo, con el pretexto de haber destinado millones de pesos a un Tren Maya que se ve muy lejos que vaya a generar utilidades y multiplicar el turismo; a un aeropuerto Felipe Ángeles que está muy distante de captar lo que se espera (después de cancelar el NAICM en Texcoco) y, recientemente la inaugurada terminal internacional en Tulum, también bajo polémica.

Esperemos que esta vez, sí sean escuchadas las voces de expertos, que no se hagan realidad los rumores de que el nuevo gobierno pretende desaparecer la Secretaría de Turismo y pasarla como una dirección a la Secretaría de Economía, que estará liderada por el excanciller Marcelo Ebrard.

Las cifras logradas están ahí, el potencial de lo que se puede alcanzar también; y lo que podría suceder si se toman decisiones erróneas. Por el bien de México y los millones de personas que dependen de esta industria, esperemos que el camino elegido sea el mejor.  

En los últimos años hemos venido leyendo o escuchando diversas alertas sobre la urgencia de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo, reducir estos cambios tan drásticos, porque las consecuencias son catastróficas.

Este año, en muchos países, incluído México, nos está tocando una ola de calor extremo, cada vez las altas temperaturas cobran un mayor número de vidas y le pasan la factura al campo con sequías más intensas. Como ejemplo, se han registrado temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados.

Y ahí viene la temporada de huracanes, que en el Atlántico abarca del 1 de junio al 30 de noviembre.

Para colmo, las autoridades ya informaron que este año tendremos un aumento en la actividad ciclónica debido al fenómeno de “La Niña”, que traerá precipitaciones más intensas, por lo que esperamos una temporada más activa de lo normal, especialmente en la región del Caribe y el Golfo de México. Los estados que podrían verse más afectados por los huracanes son Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.

Concretamente para la región se esperan de cinco a seis huracanes categorías 1 o 2; y cuatro a cinco ciclones de categoría 3, 4 o 5.

Mientras que en el norte del país podrían enfrentar una sequía severa, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas.

Los estudios vinculados a la problemática ambiental muestran resultados alarmantes: actualmente, ningún lugar del planeta está exento de sufrir una ola de calor y cada vez veremos climas más extremos, con fenómenos naturales más severos: sequías por un lado, inundaciones y huracanes por el otro.

Los investigadores resaltan la relación entre el aumento de la temperatura y la concentración de ozono en la atmósfera.

Aunque no existe una relación directa de causa y efecto, ambos fenómenos están interrelacionados y pueden desencadenar contingencias ambientales debido a la mayor radiación solar y a las reacciones químicas favorecidas por las altas temperaturas.

Por eso, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, invertir en energías renovables e implementar políticas de adaptación al clima son acciones cruciales para mitigar los impactos y construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones. Estos temas, sin duda, deben estar en la agenda de quienes nos gobiernen, resultado de las elecciones del 2 de junio.

Hoy más que nunca se requiere la implementación de programas de eficiencia energética, promoción de sistemas de transporte público sustentables y la multiplicación de espacios verdes naturales. Esperemos que esto esté en la agenda de presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores y, por supuesto, la nueva presidenta de México.