De un tiempo a esta parte a los gobiernos de los tres niveles se les hace fácil inventarse nuevos impuestos y derechos para gravar a los turistas, como es lógico especialmente en las ciudades y estados eminentemente turísticos en donde los flujos de visitantes son significativos y por ende sus pretendidas recaudaciones serán también significativas.
No existen estudios de por medio, análisis, diagnósticos serios y mucho menos planes y programas de mejora o proyectos de inversión que justifiquen los afanes recaudatorios, simplemente es eso, un propósito recaudatorio, echando mano de los flujos turísticos para de un plumazo hacerse de recursos.
Al no tener ni la más pajolera idea de cómo funciona el turismo y con la poca sensibilidad que les caracteriza, políticos, secretarios, alcaldes, directores y funcionarios promueven iniciativas, en una suerte de creatividad imaginativa genial, y hasta son capaces de presentarlos como la gran alternativa que sin duda vendrá a solucionar enormes problemas y a cambiarnos la vida.
La cuestión es simple, los ocurrentes y creativos funcionarios se limitan a multiplicar los números de turistas por las cuotas que a ellos y su genial inventiva les parecen apropiadas y ¡cataplum!, aparece un nuevo derecho y además la forma de venderlo es también genial: “que lo paguen los turistas…”
Y así van apareciendo impuestos: de saneamiento ambiental, que no sé si sanearán algo que no sean las finanzas municipales; nuevas y creativas formas de impuesto al hospedaje; innovadores derechos en áreas protegidas, y lo que se le vaya ocurriendo a esta nueva generación de ilustres administradores de lo ajeno.
No entienden de turismo, de cómo se promueve ni de cómo se opera.
En ese orden de ideas, a los jóvenes operadores del también joven gobierno de Yucatán se les ha ocurrido ante su escasez de recursos y de otras cosas, la genial idea de incrementar en 100% las cuotas de entrada a los sitios arqueológicos de ese estado, por supuesto pensando como siempre en que lo paguen los turistas.
En este caso no se trata, como hemos dicho reiteradamente, de un simple aumento de tarifas que podrían reflejarse en los precios de venta al público y listo. Se trata de que los osados y exponenciales incrementos no van acompañados de mejora alguna en los sitios arqueológicos.
Para empezar hay que decir que Yucatán es la única entidad en la que existe este ‘Patronato Cultur’, que cobra a los visitantes una cuota adicional a la que por ley cobra el INAH.
En el caso de Chichén Itzá no solo se ha cuestionado la constitucionalidad de Cultur, sino que se han exigido mejores instalaciones y por si fuera poco han pasado décadas sin que se resuelva el tema de la penosa invasión de vendedores ambulantes que se han apoderado del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; si la gente de la ONU lo viera…
Estos pseudoartesanos acosan a los turistas, emiten toda clase de ruidos, venden toda clase de productos de dudosa procedencia y hacen de la experiencia a un lugar que sería mágico, algo verdaderamente penoso.
Ahora llega un nuevo gobierno y lo primero que se les ocurre es incrementar la cuota para los extranjeros, sin ningún plan lógico y coherente tanto para mejorar el sitio y su zona de influencia como para reubicar a los comerciantes. Ciertamente se enfrentan a un problema social que los gobiernos anteriores dejaron crecer irresponsablemente y que el nuevo mandatario hereda, pero ciertamente ese es su problema, no de la industria turística ni de los operadores, que no tienen por qué absorber los costos.
¿Hasta cuándo se entenderá que el turismo es la gran alternativa y que requiere de estímulos e incentivos, no de barreras y obstáculos?
Al Buen Entendedor…
