Rubén Cortés

Entró en crisis el modelo de la 4T, basado en transferencias de efectivo a los electores con un sistema económico estatista que limita la inversión privada: México tiene la peor previsión del mundo en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial.

De acuerdo con el FMI, México registrará este año una contracción del Producto Interno Bruto del 0.3% y de 0.6% el próximo año. México es en este momento una economía en recesión, porque lleva dos trimestres consecutivos con retroceso.

Pero el gobierno recibe la crisis en un buen momento, pues controla de manera absoluta los tres poderes: presidencia, Congreso y Poder Judicial; mientras revisa una ley constitucional que le daría más control aún sobre la prensa, conocida como “el cuarto poder”.

Con todo el poder sobre los resortes del país, y la oposición partidista casi inexistente, la 4T gestionará el país con pura propaganda política, discursos y cifras maquilladas. Vienen años plomizos y agotadores: una mañanera de 24 horas los siete días de la semana.

La presidenta dijo “México no es piñata de nadie” y que “Estados Unidos tiene mucho que aprender de nosotros en ética y moral” y que “los Estados Unidos se dediquen a hablar de su país, porque bastantes problemas tienen”. Así será a diario.

Pero, aunque digan misa, la economía entró en zona de desastre: México debe seis de cada 10 pesos que produce. Según Hacienda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público llegará pronto a 19.96 billones de pesos.

Quiere decir que México debe más de la mitad del valor total de todos los bienes y servicios finales que produce en un año: ósea, el país adeuda 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB), según las proyecciones de Hacienda, y 60% según las del FMI.

Veamos nada más: Pemex debe un billón de pesos a sus proveedores; el Tren Maya gasta 700 pesos por cada 100 pesos que recauda; y CFE recibe un subsidio de 81 mil millones de pesos, pero pierde más de 124 mil millones, según la propia CFE.

La propaganda política dedicará buena parte de su esfuerzo en ocultar los atorones económicos en que metió López Obrador al actual gobierno, con los fracasos del turismo en Islas Marías, Mexicana de Aviación, AIFA, vacuna Patria, INSABI, Megafarmacia.

A la par de la propaganda política (“El FMI miente; tenemos un plan”, dice Sheinbaum) la vida real sigue su curso, y durante los días 9, 10 y 11 de abril, residentes extranjeros en México sacaron 47 mil 687 millones de pesos del país, de acuerdo con Banxico.

Pero la propaganda política oficial si es efectiva, porque es retomada sin matices por la mayoría de la prensa.

Así lleva la 4T siete años.

Los comerciantes chinos son los que más reciben tarjetas de residencia de parte del Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño, protegido de López Obrador

Así funciona el gobierno mediante la propaganda: ante la primera amenaza de aranceles por tolerancia a la piratería china, la 4T armó un show para expropiar una megaplaza de productos chinos en la CDMX. Esta semana, la megaplaza abrió otra vez.

Igual: López Obrador inauguró en el AIFA un tren que no existía, y manipuló las imágenes con videos pregrabados. Pero Sheinbaum anunció en febrero pasado que inaugurará ese tren… en julio próximo ¡Y ella estaba en el tren simulado de López Obrador!

En un debate de la campaña de 2006, López Obrador acusó a Calderón de beneficiar, como funcionario de Fox, la empresa de un cuñado, S.A Hildebrando. Al día siguiente, Fernández Noroña presentó las pruebas en cajas. Pero las cajas estaban vacías. Todo era falso.

Pero la megaplaza china reabierta es un engaño al gobierno de EU, en pleno conato de guerra comercial por aranceles y antes de la renegociación del T-MEC, del cual dependen los programas sociales.

Además de que la presencia de productos aquí viola el capítulo 32, artículo 32.10, del T-MEC, que prohíbe acuerdos comerciales con economías que no sean de mercado: el carril titulado Non-Market Country y que se refiere a China.

Peor aún: la reapertura de la megaplaza de piratería china coincide con acusaciones de EU de que el Tren Maya fue financiado por el Partido Comunista Chino, que representa una amenaza para su seguridad nacional. Sheinbaum respondió que eso es falso.

Sin embargo, es público y comprobado que López Obrador le dio a la empresa China Communications Construction un contrato de 13 mil 400 millones de pesos en el Tren Maya. Y la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive reparó la Línea 1 del Metro.

China Communications Construction Company Limited estaba inhabilitada por el Banco Mundial por haber cometido fraude en Filipinas. Por eso es que el capital que aportó al Tren maya no aparece registrado en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Según una investigación de El CEO, el dinero de China Communications Construction Company Limited fue triangulado en Portugal. Además de que se asoció con empresas mexicanas para evitar reportar su inversión en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

China Communications Construction Company Limited compró el 30 por ciento de la constructora portuguesa Mota-Engil, socia mayoritaria para construir el Tramo 1 del Tren Maya. Firmaron la transacción en agosto de 2020, en el mercado Euronext de Lisboa.

Mientras, los comerciantes chinos son los que más reciben tarjetas de residencia de parte del Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño, protegido de López Obrador, aun cuando Sheinbaum designó para ese puesto a Sergio Salomón.

En nada ayuda a este gobierno el regreso tan visible de la piratería china.

China es hoy pura lumbre.

Entre las deudas que dejó López Obrador a quienes pagan impuestos, una escandalosa es su capricho de comprar Mexicana de Aviación, que cuesta más de 35 mil millones de pesos al Estado. Y Sheinbaum le mete mil millones para mantenerla medio volando.

Es un fiasco financiero y operativo: la aerolínea esperaba transportar tres millones de pasajeros y en un año alcanzó apenas 382 mil. Su cuota de mercado nacional es inferior al uno por ciento, y por cada pasajero que transporta pierde unos cinco mil pesos.

A pesar de tener apenas un año de funcionamiento, es una empresa colmada de demandas y sin usuarios, además de estar endeudada al tope: ni siquiera ha pagado la mitad de sus inmuebles. La verdad es que Mexicana tiene un escenario de quiebra.

Una de las demandas es de SAT Aero Holdings, interpuesta en la Corte de Nueva York, para reclamar el pago de 840 millones de dólares por daños y perjuicios. Esa empresa estadounidense tenía el encargo de adquirir los aviones para Mexicana.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, en los más de 35 mil millones de pesos que cuesta la aerolínea al contribuyente mexicano, se incluyen los 816 millones que ordenó pagar López Obrador para adquirir la marca.

Por su gracia, López Obrador destinó también cuatro mil 200 millones para iniciar las operaciones y 20 mil 871 millones más para la compra de aviones Embraer. Y coronó su decisión, entregando Mexicana al Ejército, convertido en empresa del Estado.

Sin embargo, en un año ya Mexicana canceló ocho de sus 17 rutas, lo cual la tiene al borde del colapso: tanto es así, que los militares tuvieron que tunear tres de sus aviones para reconvertirlos en aeronaves de servicio de transporte de pasajeros.

Mexicana de Aviación es como un perro que se muerde la cola: como los militares no pudieron diez aviones nuevos a Boeing, tuvieron que agarrar tres aviones de ellos: lo anterior, a pesar de que tiene un presupuesto oficial de mil 140 millones de pesos.

Ya en el Presupuesto de Egresos del año pasado, Mexicana se había tragado ocho mil 340 millones de pesos. Y, aun así, acabó cerrando ocho de sus 17 rutas. Es decir, López Obrador tiró al bote los 815 millones de pesos que gastó en comprarla.

El hecho es que, con los militares en la aerolínea, López Obrador lo que consiguió fue exponerlos por su falta de preparación para gestionar un negocio de la iniciativa privada, tan competitivo y complejo como es la aviación.

Flaco favor hizo el expresidente al Ejército, al convertirlo en la mayor empresa del Estado, manejando 300 mil millones de pesos.

No, el Ejército no debe manejar lana.

México (que en junio perderá el Poder Judicial autónomo, según la democracia moderna) vive una desbandada de jueces, cuya labor es realizada por secretarios. Sí, por secretarios que, por su formación, no están capacitados para dictar sentencias.

México, que es el segundo país católico más poblado del mundo, se queda sin sacerdotes: en 2014 se ordenaban 12 por año, pero ahora sólo se ordena uno por año. Y el promedio de edad de los curas aumenta cada año, por lo que no existe relevo en las iglesias.

El registro de juzgadores federales baja de manera alarmante: en octubre quedaron 139 plazas vacantes: hoy ya hay cerca de 400, porque la reforma judicial exige a los nuevos jueces un 90 por ciento de capacidad y un 10 por ciento de lealtad al gobierno.

Por eso, los juzgadores de carrera prefieren dejar el espacio a los juristas incapaces, y ejercen su derecho de jubilación o retiro anticipado, porque se niegan a trabajar sin independencia profesional y con riesgo para su integridad.

O sea, ha desertado el 31 por ciento de las 939 magistraturas del país, debido a lo cual el Consejo de la Judicatura habilita a secretarios para garantizar la operación de los tribunales. Y así será hasta que hasta sean electos los nuevos jueces, el 2 de junio.

Para las elecciones del Poder Judicial, Morena dará a los mexicanos una lista de 10 mil 815 candidaturas, para que escoja a mil 481 jueces, juezas, magistrados y ministros en 25 boletas con 10 mil 815 candidaturas, para elegir a mil 481 en dos minutos.

Es un cataclismo para México, porque, unido al imparable deterioro de la base jurídica del país, se ralentiza el motor de la religión católica, que ha sido base social en la construcción de sus procesos históricos, y tejido cultural, social y político.

La ecuación de esta avería histórica es sencilla: la edad promedio de los curas se acerca a los 50 años de edad, y va en aumento; mientras cada año se ordenan menos sacerdotes. De 145 seminarios mayores, en 2024 sólo se ordenó un sacerdote.

Hace una década, se ordenaban 12 por año. La proyección estadística indica que este es un escenario irreversible y no habrá sacerdotes suficientes para las parroquias, sobre todo en el centro del país, pues Guadalajara y Monterrey están mejor.

No es un momento ideal para la historia del país: con el resquebrajamiento, por un lado, de la ley jurídica; y la fe que mueve montañas, por otro, se registra inexorablemente una pérdida de confianza en las instituciones, y crecen la corrupción y la impunidad.

Es una mezcla explosiva, porque desintegra el tejido social, provoca fuga de talentos…

Y conflictos, violencia, atraso.