Rubén Cortés

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La de este gobierno es una austeridad que ya quisieran quienes pagan a 60 pesos el kilo de huevo. Por ejemplo, Miguel Torruco gasta nuestros impuestos en comer en su oficina Rib Eye Prime, Sirloin Prime, New York Prime, Salmón Ahumado y Chuleta de Ternera.

Y Rosario Piedra gasta nuestros impuestos en comer, también en su oficina, cortes finos de carnes de calidad tipo Certified Angus Beef©, Rib Eye, New York, T-bone y Porterhouse, como se vio en videos tomados en las instalaciones de la CNDH.

Sí, en sus oficinas. Porque es este un gobierno que basa su narrativa en la hipocresía: así que sus funcionarios tratan de ir poco a restaurantes para evitar ser vistos en público gastando miles de pesos. Así que tienen que tragarse sus exquisiteces culinarias, ocultos.

El rezo de estos funcionarios ricos es “ay, Dios, haz que parezca pobre”. Claro, su jefe dice que vive con 200 pesos, sin tarjetas bancarias, inmuebles ni propiedades. Entonces… a fingir todos. Como actores.

El presidente gasta 670 mil pesos en la contratación del servicio de florería para mantener sus aposentos provistos de orquídeas, y 3.7 millones de pesos para impedir que tomen fotos de su residencia en Palacio Nacional, que también fue la casa del conquistador Hernán Cortés.

Es muy caro alistar un palacio con siglos de antigüedad para que viva y trabaje un Jefe de Estado de la época actual, pues debieron construirle sala de cine moderna o clínica apta para la salud de un presidente, con material quirúrgico, camilla mecánico-reumática y monitor para signos vitales.

Es una austeridad muy rara, en todo caso, porque en 2022 los generales del Ejército gastaron 545 mil 336.3 pesos en 47 abrigos de cashmere 100 por ciento de lana; mientras durante la captura de Caro Quintero se les cayó un helicóptero por falta de gasolina y murieron 14 soldados.

O sea, en este gobierno ahorran centavos y gastan pesos. Vamos, el beisbol es mejor tratado que la democracia, ya que, del Presupuesto de 8 billones de pesos para 2023, apenas 14 mil millones van al INE, cantidad que ni siquiera es un quinto de un por ciento del Presupuesto Federal.

Ah, pero eso sí, la oficina del secretario de Turismo gasta 1.6 millones de pesos en comprar callo de hacha, camarón seco, filete de huachinango, chicharrón, agujas de res, ala de pollo, cecina, chambarete con hueso, molida de ternera, hueso con tuétano, medallones de res y pechuga sin hueso.

Torruco, quien va a la conferencia matutina a adular regalándole al presidente fotos rodeado de gente, se empaca a cuenta de nuestros impuestos queso azul de 606 pesos el kilo, queso de cabra, queso pecorino, asadero, chihuahua, cotija, cottage, crema, manchego…

Son unos descarados.   

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Un desastre, porque el gobierno está pidiendo prestado para poder regalar ese dinero, a cambio de poder mantener la presidencia en 2024. La deuda de este gobierno aumentó 127 por ciento; mientras con Peña fue de 19.3 y con Calderón de 56.2 por ciento.

Hay millones de familias mexicanas a las cuales les entran, hoy, hasta 10 salarios mensuales en lana regalada del gobierno. En las que menos entra, llega al menos el dinero de una beca. Y son 22 millones de mexicanos beneficiados de esa manera.

Es dinero pedido prestado para regalar: habrá que pagarlo mañana y no tendrán más para regalar. A esos 22 millones les importa un bledo el mañana, porque su lema es “Dios provee”, que se parece al del presidente, con su “donde come uno comen dos”.

Por eso, es un desastre cantado. Porque, peor aún, ese dinero prestado para regalar (un billón 170 mil millones de pesos en 2023, según Hacienda) no alcanza ni en las suertudas familias donde llegan juntos todos los programas sociales cada mes.

Terrible, pues tampoco alcanza el dinero regalado que les llega de Estados Unidos en remesas de paisanos: 58 mil millones de dólares. Las familias mexicanas más pobres están retacadas de lana regalada. Pero es lana que esas familias no se ganan con empleos.

Pero no les alcanza: aún regalando lana adentro, y recibiendo lana regalada de afuera, México registra con este gobierno los mayores niveles de pobreza en seis años: la gente con carencias graves pasó del 42 por ciento al 44 por ciento, según Coneval.

Y prefieren huir del país, aunque mueran en el intento: al tratar de cruzar a Estados Unidos, muere un migrante a diario, a veces dos, y la mayoría son mexicanos. Sólo por el cruce de Tijuana a San Diego, murieron 42 migrantes mexicanos el año pasado.

Ah, y de donde más huyen del paraíso del dinero regalado del gobierno es, paradójicamente, de donde más dinero regala el gobierno y que son, además, los que más visita el mandatario, para anunciar más dinero regalado, a cambio de votos en 2024.

El registro oficial indica que, de donde más escapan para buscar mejor vida en Estados Unidos, es de Chiapas (11.5 por ciento de los detenidos en la frontera estadounidense), Oaxaca (11 por ciento) y Guerrero (10.7 por ciento).

Prefieren tomar la lana regalada aquí, para largarse y buscarla donde tienen que ganársela a sangre, sudor y lágrimas.

Un drama.   

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El actual presidente canceló los 109 fideicomisos que beneficiaban a los ciudadanos, porque decía que eran fuente de corrupción. Pero:

1.- Llegó a la presidencia con un fideicomiso para damnificados de los sismos de 2017, del cual 70 personas sacaron 64,5 millones en cheques y ninguno era damnificado, porque todos eran de Morena.

2.- Compró la refinería Deer Park Refining Limited Partnership con los 23 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un fideicomiso creado durante el gobierno de su odiado Felipe Calderón (2006-12).

3.- Y permite que los militares un fideicomiso: el de “Administración y Pago de Equipo Militar”, cuya bolsa ha crecido cuatro veces, a un ritmo de seis mil millones 174 millones de pesos en 2018 a 32 mil 387 millones de pesos en 2022.

Así que los militares acababan el año como los nuevos ricos de México, gracias a la estrategia castrochavista del populismo venezolano, nicaragüense y mexicano, basada en sacar a los empresarios del poder político para meter a los militares, y sean las armas, no las urnas, la fuente del poder del presidente de turno.

Hay que recordar que el actual presidente mexicano llegó al poder con el compromiso de acabar con los fideicomisos, como el que permite a los militares. Dice el punto 18 (de los 50 puntos del programa con que gobierna): “Se cancelarán los fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos”.

Se debe recordar que un fideicomiso es un fondo de dinero público y privado, cuyos rendimientos se usan en financiar una actividad que, en el caso de México, eran 68 millones de pesos para creadores culturales, patrocinar atletas olímpicos, becarios en estudios de postgrado, damnificados de desastres naturales…

Sin embargo, a los únicos que se les permite hoy es los militares. El presidente firmó un decreto que autoriza al Ejército y la Marina hacer fideicomisos públicos sin estructura, para recibir y administrar el dinero, que obtienen en las aduanas, que coordinan desde que el presidente echó a los civiles y colocó a militares.

En sólo cuatro años, el México del siglo 21 (que es socio comercial de Estados Unidos y de Canadá, con un intercambio anual de 500 mil millones de dólares anuales), se revirtió en una Guatemala del siglo pasado: con el Ejército infiltrado en el poder civil, manejando el dinero y el monopolio de las armas.

Es improbable que los comisarios hayan leído a Lenin, pero coinciden en el precepto del primer dictador soviético: “Usen las libertades de la democracia burguesa, pero no crean en ellas”. Saquen lana de los fideicomisos y elimínenlos; acepten al INE sólo si los declara ganadores, alaben a la prensa, únicamente si los adula.

Todo, en cuatro años.  

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Fue un símbolo del tramo final de su gobierno que el presidente sólo dijera palabras gastadas en una marcha que le costó mil 500 millones de pesos. También que, el mismo día, el jefe de sus senadores, Ricardo Monreal, anunció una gira de reconciliación nacional, con el panista Santiago Creel. 

Los líderes del Poder Legislativo funden una agenda que propone la reconciliación que el jefe del Poder Ejecutivo rompió, al encabezar una marcha de unos mexicanos contra otros ciudadanos. Monreal es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; Creel, presidente de la Cámara de Diputados. 

Monreal y Creel no son tragados por muchos. Sus razones tendrán quienes no los traguen. Pero en la política las cosas son como son y no como deben ser. Como pinta 2024, la disyuntiva estará en decidir si sigue o no el presidente gobernando la “transformación”, a través de Claudia Sheinbaum. 

Ante eso, vale un párrafo de Macario Squettino sobre las pasadas elecciones estatales. 

“Frente a la incertidumbre, lo peor que puede hacerse es definir el camino de antemano. Al revés, la clave del éxito consiste en tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a escenarios que hoy ni siquiera podemos imaginar. A ponerse flojitos, pues”. 

Es decir, la oposición está obligada a innovar, pues, ausente y dividida, ha sido incapaz de construir un candidato propio, a un año del periodo electoral. Creel fue el primer secretario de Gobernación de la era democrática en México y fue durante seis años un político inclusivo, plural, que tendía puentes: sí es un conciliador. 

Y Monreal tiene la operación electoral más eficaz después de la del presidente, sólo que éste la tiene desde Palacio Nacional. En las elecciones intermedias de 2021, Monreal le arrebató el control de la CDMX al presidente, quien la tenía desde 1997, cuando como presidente del PRD hizo ganar el GDF a Cuauhtémoc Cárdenas. 

En septiembre, también le ganó la mano al presidente para quedarse como jefe de la bancada oficialista, al frente de la Junta de Coordinación Política del Senado (que controla los recursos económicos, materiales y humanos), y colocar en la presidencia de la Mesa Directiva a su alfil, Alejandro Armenta. 

En política no basta con ser querido: hay que ser necesario. Y, en el momento de mayor polarización del país en años, Monreal es el único aspirante que transita tanto en una franja del grupo político en el poder, como en otra franja de la oposición. Que el panista Creel lo haya buscado es un indicio fehaciente de eso. 

Ha construido una candidatura natural que la oposición puede aprovechar. Quienes no lo quieren, deben entender que hay que saber dar un paso atrás para dar luego dos adelante. 

Adaptarse, pues.   

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A. López tiene razón. En el Tribunal Internacional de La Haya hay una acusación de delitos de lesa humanidad en México. La hizo su grupo político contra el Ejército, cuando eran oposición. El mismo Ejército que, al llegar al poder, convirtieron en aliado.

Así que el Ejército pasó de ser acusado (por lo que entonces era “el movimiento” y hoy es la “4T”) de “crímenes de lesa humanidad” a tener la posibilidad de poner un presidente de la República, según la profecía del propio secretario de Gobernación.

Sí: hoy, con “el movimiento” convertido  en “Cuarta Transformación” desde Palacio Nacional, el Ejército es la mayor empresa del Estado. Mueve 300 mil millones de pesos y recibe del Presupuesto 10 veces más dinero que en el gobierno anterior.

Pero en la campaña electoral, el padre de uno de los 43 le reclamó al hoy mandatario su apoyo para que José Luis Abarca fuera alcalde de Iguala. Y la respuesta fue: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.

Cuando el entonces candidato le respondió así al señor Antonio Tizapa, a su lado estaba el abogado a quien La Haya aceptó una denuncia contra el Ejército por “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, amputaciones y decapitaciones”.

El abogado, Netzaí Sandoval, es hermano de Irma Eréndira Sandoval y cuñado de John Ackerman. En 2018 dijo tener “expedientes que acreditan 470 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno”.

El entonces fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, admitió el recurso al afirmar que “debo abrir investigaciones no solamente en casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

Como fiscal de La Haya, Moreno Ocampo aceptó también una acusación presentada desde Venezuela contra el Ejército de Hugo Chávez, por homicidios, desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad privada. Hoy, la ONU procesa a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Hace unos días, el titular de Segob dijo que el expresidente Felipe Calderón “está relacionado con delitos de lesa humanidad”. Quizá lo dijo porque Calderón era presidente cuando el Ejército salió a las calles. Pero con la 4T el Ejército sigue en las calles.

Pero fue uno de los acostumbrados dichos del secretario de Gobernación, que él mismo tiene que desmentir después. Porque el abogado Netzaí Sandoval, su hermana de Irma Eréndira Sandoval y el cuñado Ackerman, ya no pintan en ese grupo político.

Y los militares y la “Cuarta Transformación” son una mancuerna que acaparó, en cuatro años, la planta productiva del Estado: desde la construcción hasta la gestión de aeropuertos, pasando por la distribución de vacunas y recogida de sargazo.

Todo cambió, pues.   

Pura lógica: si el presidente vota en la OEA a favor de que Maduro use el Ejército para cerrar el Parlamento a los diputados opositores, es natural que diga que el Ejército mexicano surgió para perseguir a la oposición.

El dictador venezolano utilizó la Guardia Nacional para impedir la toma de protesta de los diputados de la mayoría opositora a la Cámara, después de que los legisladores oficialistas tomaron ésta por la fuerza.

La represión de Maduro a los diputados opositores llegó al pleno de discusión de la OEA; y todos los países miembros, menos México, votaron en contra. El aviso estaba dado: México pensaba hacer lo mismo.

Al menos el presidente lo corroboró, cuando advirtió que el Ejército mexicano surgió para combatir a los conservadores y fifís, que son dos de las decenas de calificativos con que define a quienes se le oponen.

El dictador Maduro llama a sus opositores majunches y escuálidos, y les echa el Ejército encima: asesinó a cinco mil 94 opositores políticos, “de conformidad con políticas del Estado”, según informó ayer la ONU.

La moción que no aprobó el presidente mexicano contra el uso del Ejército contra los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional en Venezuela, decía:

 “Se expresa el rechazo al evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela; y la ilegal designación por parte del gobierno venezolano de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos opositores Primero Justicia y Acción Democrática”.

De hecho, la utilización del Ejército contra los majunches y escuálidos por parte de la dictadura venezolana es considerada por la ONU “un crimen de lesa humanidad”.

Tras estudiar durante años los informes de una Misión Internacional Independiente en Venezuela, la ONU culpa al Ejército de Maduro de graves violaciones de los derechos humanos.

La ONU señala como responsables directos a Maduro, a su número dos y a la cúpula militar, de matar a cinco mil 94 opositores políticos y detener sin sin órdenes judiciales a otros tres mil 479.

Los militares venezolanos torturan “para extraer confesiones, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a incriminarse a sí mismos a líderes de la oposición de alto perfil”.

Además, a quienes los militares no asesinan, los “someten a estrés, asfixia, golpes, electrochoques, cortes, mutilaciones y tortura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.

Quizá el presidente no valore demasiado sus dichos, pues más que mandatario él parece asumirse como político en campaña. Pero sus gobernados sí deben escuchar bien lo que él dice.

Porque lo que dice es que el Ejército invadirá los espacios que su gobierno no sea capaz de ganar legítimamente.

Tremendo.