Reforma sobre subcontratación

por ahernandez@latitud21.com.mx

Una nueva ampliación del plazo es indispensable, lo habíamos advertido, la prórroga al 1 de septiembre es insuficiente. Empresas privadas y del sector público requieren tener un trato equitativo. De no ampliarse el plazo, miles de fuentes de empleo están en riesgo de perderse.

Hasta el momento, sólo 38 mil empresas -de 90 mil que iniciaron el trámite- han completado el procedimiento de ingreso al Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (Repse), desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistimos en la necesidad de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los legisladores homologuen el plazo de entrada en vigor de la reforma en materia de Subcontratación al 1 de enero de 2022, aseguró el presidente del organismo, José Medina Mora Icaza. 

Durante el Seminario Nacional de Formación 2021, consideró que en apego a lo señalado en la Constitución, no debe existir un trato diferenciado entre las empresas del sector público y el sector privado, por lo que homologar el plazo contribuirá a una correcta aplicación de la ley y la implementación de la reforma, lo que evitará la pérdida de plazas laborales y la extinción de fuentes de empleo necesarias. 

Dijo que desde Coparmex se advirtió con oportunidad que la ampliación concedida al 1 de septiembre no era suficiente, ya que se requería de un plazo mayor.

Hasta ahora, sólo el 44 por ciento de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del Repse, lo que quiere decir que al 56 por ciento de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue.

Esta situación implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal.

No obstante, se tienen estimaciones de que podrían ser más de 250 mil empresas las que requieran tramitar su registro, o de lo contrario podrían, tanto clientes como prestadores, ser sujetos de sanciones.

Por eso, la Coparmex solicita a la STPS que comparta la problemática actual con el Congreso para que se conceda una ampliación razonable del plazo al 1 de enero de 2022 para el sector privado, tal y como fue establecido para el sector público.

Es además de gran importancia que la STPS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expidan los criterios de interpretación de la reforma sobre la aplicación del registro, para que las empresas tengan claridad y certeza jurídica de cuándo se requiere y cuándo no.