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Arturo Medina

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  • Periodista, Director NITU.mx
  • email:arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

Corto circuito

por ahernandez@latitud21.com.mx 2 junio, 2026
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium. 

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un “impuesto oculto” que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar. 

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para “salir del paso” mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de “Justicia Energética” y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente. 

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.   

Corto circuito

por NellyG 1 junio, 2026

 

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium.

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un «impuesto oculto» que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar.

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para «salir del paso» mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de «Justicia Energética» y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente.

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.

 

La cancelación de la Travesía Sagrada

por NellyG 30 abril, 2026

La cancelación de la Travesía Sagrada Maya no es solo un golpe al calendario turístico de Quintana Roo; es un síntoma de una fractura profunda entre la gestión cultural, el marco jurídico y la realidad empresarial. Tras años de remar contra la marea para rescatar una tradición olvidada, hoy los remos se detienen frente a un tribunal. Lo que nació como un esfuerzo por dignificar nuestro pasado se encuentra hoy atrapado en una red de disputas sobre derechos de autor, comercialización y la propiedad de lo inmaterial.

 

El corazón de la disputa

 

Para entender el cese de este evento, y todo el litigio que hoy particularmente envuelve al Grupo Xcaret, debemos mirar hacia la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicada en 2022. Esta legislación, aunque bienintencionada en su origen para evitar el plagio de diseños textiles por marcas extranjeras, ha creado un terreno pantanoso para quienes, en suelo mexicano, buscan difundir la cultura.

El argumento jurídico central que hoy acecha a los empresarios del sector es el concepto de “uso no consentido”. Bajo este marco, cualquier aprovechamiento comercial de elementos que las comunidades consideren parte de su patrimonio debe contar con una consulta previa y un esquema de beneficios compartidos. Sin embargo, surge la pregunta incómoda: ¿Quién es el dueño legítimo de un ritual que fue rescatado del olvido mediante la inversión privada y la investigación histórica?

La ley actual otorga a las comunidades derechos colectivos de propiedad intelectual que son imprescriptibles e inalienables, lo que complica la certeza jurídica para inversiones a largo plazo que utilizan la narrativa histórica como eje central.

 

 

Inversión en riesgo

 

Es imperativo defender a quienes han arriesgado su capital -empresarios serios y comprometidos- que durante décadas han transformado el “producto” maya en una experiencia de clase mundial. No se trata de una simple explotación de símbolos; se trata de una puesta en valor.

Antes de que parques y proyectos turísticos de alto nivel centraran su atención en la Travesía, el ritual era una nota al pie en los libros de historia. Fue el sector privado el que aportó la logística y seguridad para garantizar que cientos de canoeros cruzaran el canal de Cozumel con estándares de seguridad modernos; la investigación académica con la colaboración con antropólogos e historiadores para recrear vestuarios y cánticos con rigor; la promoción internacional para posicionar a la cultura maya en el escaparate global, atrayendo un turismo de mayor poder adquisitivo y sensibilidad cultural.

Cuestionar hoy que no se puede promocionar o usar la cultura maya en estas muestras es desconocer que la cultura es un ente vivo. Si el empresario no puede usar los símbolos de la tierra donde opera -siempre con respeto y dignidad-, entonces se está castigando el sentido de pertenencia y la difusión cultural misma.

Bajo este esquema tendríamos que cuestionar si la cultura está siendo protegida o tomada como rehén.

El riesgo de estos juicios y restricciones es el aislamiento. Si la ley se vuelve tan punitiva que el sector privado decide retirar su apoyo de eventos culturales por temor a represalias legales, el patrimonio corre el riesgo de volver a quedar oculto tras la selva.

El marco jurídico de la Propiedad Intelectual Colectiva debe encontrar un punto medio. La “comercialización de símbolos” no debe verse como un pecado si genera empleos, derrama económica y, sobre todo, si mantiene el interés mundial sobre nuestra región. Los empresarios que han demostrado compromiso social por años no son “piratas culturales”; son aliados estratégicos en la preservación de la identidad.

 

Conclusión

 

Llamamos a la certeza, Quintana Roo no puede permitirse perder la Travesía Sagrada Maya ni otros esfuerzos similares. La autoridad debe ofrecer reglas claras que permitan la coexistencia. Si cerramos la puerta a la iniciativa privada en la cultura, nos quedaremos con un patrimonio intacto, sí, pero invisible y estático.

Es momento de legislar con sentido común: proteger los derechos de las comunidades sin estrangular la libertad de emprendimiento que ha hecho de este estado el motor turístico de México. La cultura maya no es una pieza de museo bajo llave; es un legado que merece ser navegado, compartido y, por qué no, admirado a través de los ojos de quien invierte en su grandeza.

Se sacude el tablero turístico

por NellyG 1 abril, 2026

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

 

El inicio de este 2026 ha traído consigo una sacudida de realidad. Durante años, la narrativa del sector en México se ha dividido en dos dogmas aparentemente inamovibles: Quintana Roo es el rey del volumen, pero Baja California Sur —con el magnetismo de Los Cabos— es el monarca indiscutible del valor y el gasto elevado. Sin embargo, los datos más recientes del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún han venido a romper el cristal de la autocomplacencia.

La infografía que hoy analizamos, basada en la Encuesta de Viajeros Internacionales de Inegi, no solo es un gráfico de barras; es un golpe sobre la mesa. En enero de 2026, Quintana Roo se coronó como el estado con el mayor gasto medio por turismo no fronterizo, alcanzando la cifra de 1,563.8 dólares.

 

La incomodidad de los números

No es ningún secreto en los círculos de poder del sector que estas cifras han causado escozor. Se rumora con insistencia que en la Secretaría de Turismo de Jalisco la publicación no cayó nada bien. Y es comprensible: Jalisco, que presume la joya de Puerto Vallarta y una conectividad envidiable, se ubicó en la cuarta posición con 1,206.9 dólares. Una cifra respetable, sí, pero que palidece ante la brecha de más de 350 dólares que le sacó el Caribe Mexicano.

Incluso Baja California Sur, que históricamente ha mirado al resto del país desde la cima del «ticket promedio» gracias a sus villas de ultra-lujo, se vio relegado al quinto puesto con 1,202.3 dólares. ¿Cómo es que el destino que vende exclusividad casi por decreto quedó por debajo de la media quintanarroense? La respuesta no es un error de cálculo, sino una evolución estratégica que muchos se negaban a ver.

 

 

El mito del «All-Inclusive» barato

Durante décadas, los detractores de Quintana Roo han etiquetado al estado como una «fábrica de turistas», un modelo basado en llenar cuartos a base de volumen y pulseras de plástico. Lo que estos números de enero demuestran es que esa etiqueta ya caducó.

La sofisticación de la oferta en Tulum, la consolidación de hoteles boutique de gran lujo en la Riviera Maya y la renovación de la oferta gastronómica y de experiencias en Cancún han logrado algo que parecía imposible: mantener el volumen líder del país y, al mismo tiempo, atraer a un perfil de viajero que está dispuesto a dejar una derrama económica superior a la de cualquier otro rincón de México.

Mientras otros estados se han mantenido en su zona de confort, confiando en su «marca» histórica, Quintana Roo ha entendido que el nuevo turista internacional no sólo busca una cama frente al mar, sino un ecosistema de consumo de alto valor, zonas arqueológicas, espectáculos nocturnos, parques temáticos.

 

Realidad vs. percepción

Es importante recalcar que los datos provienen del Inegi, la fuente oficial por excelencia. Y aunque el propio STARC sugiere tomar la información con cautela debido a que es una aproximación por entidad, la tendencia es demasiado marcada para ignorarla.

El éxito de Quintana Roo no es fortuito. Es el resultado de una infraestructura que no deja de crecer y de una resiliencia que, a pesar de los retos logísticos y de seguridad que a veces acaparan los titulares, sigue siendo el imán principal para el capital extranjero.

Para Nayarit y Yucatán, que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente (1,300.1 y 1,208.4 dólares), el reto es mantener el paso. Yucatán, en particular, demuestra que el turismo cultural y de haciendas puede competir de tú a tú en rentabilidad con los grandes destinos de playa.

 

 

El mercado no tiene favoritos

A los funcionarios y críticos que hoy ven con recelo estas gráficas, habría que recordarles una máxima de los negocios: el mercado es el mejor juez y los números no mienten. Si Jalisco o Baja California Sur desean recuperar el trono del gasto medio, la estrategia no debería ser el cuestionamiento del dato ajeno, sino la reevaluación de su propia oferta.

Hoy, Quintana Roo ha demostrado que se puede ser el líder en cantidad y el líder en calidad. Los 1,563.8 dólares de gasto medio son un mensaje potente al cierre del primer mes del año: el Caribe Mexicano ha dejado de ser sólo «el patio de recreo» del mundo, para convertirse en su principal bóveda de valor turístico. Al final del día, el dinero del mundo está eligiendo el azul turquesa, y contra eso, no hay discurso político que valga.

 

¿La nueva era del INM?

por ahernandez@latitud21.com.mx 6 marzo, 2026
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

Durante los últimos tres años, el sector turístico de Cancún y la Riviera Maya observó con frustración cómo uno de sus mercados más lucrativos se desvanecía. La imposición de visas físicas para los ciudadanos de Brasil en 2022 no solo fue un trámite burocrático; fue un muro que frenó en seco la llegada de miles de visitantes de alto poder adquisitivo, provocando pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares.

Sin embargo, este 2026 marca un punto de inflexión. Con la reciente activación de la visa electrónica (e-Visa) para brasileños, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) parecen haber escuchado finalmente el clamor del empresariado quintanarroense.

La digitalización como

 ventaja competitiva

La implementación de la e-Visa no es solo un cambio de formato. Es un mensaje de modernización. Al permitir que el trámite se realice de forma 100% digital en menos de 48 horas, México elimina la fricción que obligaba a los turistas a viajar cientos de kilómetros hacia un consulado físico en Brasil. 

Para el entorno de negocios en Cancún, esto significa la reactivación de rutas aéreas; la expectativa de un flujo constante ya está impulsando a aerolíneas como GOL y LATAM a reconsiderar frecuencias directas que se habían perdido, así como el incremento en el gasto promedio, ya que el turista brasileño es reconocido por su alta derrama en compras, lujo y gastronomía, sectores que han sentido el hueco en sus balances anuales.

Pero la visa es sólo la mitad de la ecuación. El verdadero reto reside en la “primera sonrisa” del destino, los filtros migratorios del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).

Los nuevos planes del INM sugieren una reingeniería en la recepción de sudamericanos. Tras años de quejas por tiempos de espera excesivos y protocolos rígidos, la estrategia para 2026 parece enfocarse en la eficiencia tecnológica. La integración de filtros automatizados y una mayor dotación de personal capacitado en hospitalidad son pasos críticos si queremos que el Mundial de Futbol de este año no sea sólo un evento pasajero, sino el escaparate de un México moderno y acogedor.

Aunque Brasil es el estandarte de esta apertura, el foco debe ampliarse. Países como Colombia y Perú, que mostraron caídas en sus flujos hacia el cierre de 2025, requieren una atención similar. La diplomacia migratoria debe caminar de la mano con la promoción turística; de nada sirve una campaña millonaria en Bogotá o São Paulo si el proceso de ingreso en Cancún sigue siendo un cuello de botella.

Estamos ante una oportunidad de oro para recuperar la competitividad perdida frente a destinos del Caribe que aprovecharon nuestra ausencia en el mercado sudamericano. La e-Visa es la llave, pero la gestión eficiente del INM en nuestras terminales será la que asegure que esa llave abra puertas permanentes.

Es momento de que Cancún demuestre que su infraestructura no sólo es de clase mundial en sus hoteles, sino también en sus procesos fronterizos.  

 

A obscuras

por ahernandez@latitud21.com.mx 1 septiembre, 2025
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha brillado por su lamentable inacción y su vergonzosa falta de respuesta. La justificación oficial de “fallas técnicas” por el rápido crecimiento de Cancún, ¿es en serio? o “condiciones climáticas” cuando no ha caído una tormenta de consideración en semanas, se siente vacía frente a la magnitud y frecuencia de los cortes de luz que han afectado tanto a zonas residenciales como a la vital infraestructura hotelera.

La CFE, en su rol de empresa estatal, tiene la obligación moral y legal de garantizar un servicio eléctrico de calidad, pero en Cancún esa promesa se ha desvanecido. La lentitud pasmosa en la reparación de las fallas, la nula comunicación clara con los afectados y la aparente negligencia en el mantenimiento de la red eléctrica son, por decir lo menos, inaceptables. No podemos ignorar el hecho de que la falta de energía eléctrica pone en riesgo la seguridad de las personas, además de generar enormes pérdidas económicas. En un destino turístico de talla mundial, este tipo de fallos no sólo afectan la vida diaria de los residentes, sino que también dañan gravemente la imagen y la competitividad de la región.

Fue necesaria la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama para sacudir la inercia de la CFE. Su llamado público y la subsiguiente presión política finalmente forzaron a la paraestatal a reaccionar. El reciente anuncio de un plan de acción es un paso en la dirección correcta, pero es un movimiento reactivo, no proactivo. La CFE debería haber actuado con profesionalismo y rapidez desde el primer apagón, anticipándose a la escalada de la problemática. Más aún debe crecer al ritmo que sea necesario para no ser nunca sobrepasada. Este episodio demuestra la urgente necesidad de una profunda rendición de cuentas y de una revisión radical en la gestión y operación de la CFE. La luz, un servicio básico y esencial, no puede ser un lujo ni un privilegio en una ciudad como Cancún. El bienestar de los ciudadanos y la prosperidad de los negocios dependen de ello.

VOTO DE CONFIANZA

En un movimiento que refleja un voto de confianza en la continuidad y la experiencia, Javier Olvera fue ratificado al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe. Esta decisión, que se produce en un momento de importantes retos económicos y sociales para la región, consolida un liderazgo que ya ha demostrado su capacidad para articular las demandas y propuestas del sector privado.

La reelección de Olvera no es una casualidad. Su gestión ha estado marcada por una activa participación en temas cruciales, buscando siempre un diálogo constructivo con las autoridades y otros sectores. En un escenario donde la incertidumbre y la necesidad de una voz empresarial unificada son más importantes que nunca, la ratificación de su cargo envía un mensaje claro: el sector empresarial del Caribe apuesta por la estabilidad y la experiencia para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Con la reciente adhesión de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la representatividad del CCE del Caribe se ha fortalecido de manera exponencial. Esta incorporación estratégica no sólo amplía su alcance, sino que consolida su influencia, ya que los afiliados al consejo ahora representan más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado. Con este peso económico y la unificación de los sectores clave, el liderazgo de Olvera adquiere una gran relevancia en la toma de decisiones y en la promoción del desarrollo regional.  

 

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