Arturo Medina

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• Arturo Medina Galindo
• Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
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En la carrera global por la atracción de capitales, el Caribe Mexicano cuenta con ventajas competitivas envidiables: conectividad aérea de primer orden, infraestructura hotelera de clase mundial y una marca destino imbatible. Sin embargo, en el balance financiero de cualquier corporativo que opera en Quintana Roo, existe un lastre silencioso que amenaza la rentabilidad y frena la llegada de nuevas inversiones de alto valor: el costo y la intermitencia del suministro de energía eléctrica.

Para la industria de la hospitalidad, los centros comerciales y los desarrollos de usos mixtos, el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no es un gasto operativo más; se ha convertido, en muchos casos, en el segundo costo más gravoso para las empresas, solo por debajo de la nómina. En una región donde el termómetro no da tregua y la refrigeración y el aire acondicionado son condiciones de supervivencia del negocio, la política energética se vuelve una variable estrictamente económica.

Cifras que restan competitividad

La península de Yucatán ha padecido históricamente una condición de “isla energética” debido a su distancia de los principales centros de generación del país y a la saturación de las líneas de transmisión. Aunque proyectos recientes como las plantas de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, así como el gasoducto Cuxtal-Mayakan, prometen aliviar el déficit de generación a mediano plazo, la realidad inmediata del empresariado local sigue marcada por tarifas comerciales e industriales que están entre las más altas del país.

Operar bajo la Tarifa de Demanda Industrial en Media Tensión GDMTO o GDMTH en el sureste implica un costo por kilovatio-hora ($kWh$) que erosiona los márgenes de ganancia en comparación con destinos turísticos competidores en el Caribe global o el propio norte de México. A esto se suma el costo oculto pero devastador de los apagones y las variaciones de voltaje. Para un hotel de 500 habitaciones o un centro comercial, un corte de energía no programado implica pérdidas millonarias en equipos quemados, activación de plantas de emergencia basadas en diésel (lo que dispara la huella de carbono) y, lo peor, el daño reputacional ante un turismo de lujo que exige estándares de continuidad impecables.

La urgencia de la transición 

y la generación distribuida

La solución al estrangulamiento energético de la región no puede depender exclusivamente de los presupuestos públicos ni de los tiempos de la burocracia federal. El verdadero motor de cambio radica en la apertura y la certidumbre para la inversión privada en esquemas de sustentabilidad.

Actualmente, el límite legal para la Generación Distribuida —la capacidad de empresas y hoteles para generar su propia energía mediante paneles solares sin necesidad de una planeación compleja de la CRE— está topado en los $500\text{ kW}$ ($0.5\text{ MW}$). Para las dimensiones de la infraestructura actual en Cancún y la Riviera Maya, este techo es completamente obsoleto. Elevar este tope a $1\text{ MW}$ o más, como ha exigido el sector empresarial de manera unánime, permitiría a las grandes propiedades hoteleras y desarrollos comerciales mitigar su dependencia de la red pública, estabilizar sus costos operativos a largo plazo y cumplir con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) que hoy exigen los fondos de inversión internacionales.

Balance editorial: Menos discursos, 

más transmisión

Garantizar la viabilidad económica de Quintana Roo para los próximos veinte años requiere entender que la energía limpia y barata es tan vital como la promoción turística. La iniciativa privada local ha demostrado estar lista para invertir sus propios recursos en infraestructura fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía de última generación (baterías); lo que falta es un marco regulatorio que deje de ver al capital privado como un adversario y lo asuma como el aliado estratégico que es.

El crecimiento vertical de Cancún, el éxito comercial de la Avenida Huayacán y los megaproyectos en Puerto Cancún y la Riviera Maya demandan una red eléctrica robusta y redundante. Si aspiramos a seguir jugando en las grandes ligas del turismo y los negocios, las autoridades deben garantizar certidumbre jurídica para la coinversión en transmisión. De lo contrario, el costo de la luz seguirá ensombreciendo el brillante futuro económico de nuestro estado.  

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El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium. 

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un “impuesto oculto” que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar. 

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para “salir del paso” mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de “Justicia Energética” y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente. 

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.