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- Nelly García
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El 1 de junio de 2024 será una fecha histórica para el país. No sólo porque México vivirá una jornada electoral masiva, sino porque, por primera vez, los ciudadanos tendrán en sus manos la elección de jueces, magistrados y ministros. Un giro radical en la impartición de justicia que, en teoría, pone el poder en manos del pueblo. Pero, en la práctica, ¿estamos preparados para ello?
La reforma judicial que llevó a este momento fue un campo de batalla. Entre críticas, debates y resistencia de diversos sectores, el proceso avanzó hasta concretarse, dejando en su camino dudas y escepticismo. Ahora, la maquinaria electoral está en marcha, con 881 cargos en disputa y más de 3,400 candidatos intentando ganar la confianza ciudadana. Desde el 30 de marzo, las campañas han comenzado y los aspirantes tienen 60 días para darse a conocer y convencer a los votantes. Sin embargo, el mayor reto no es para los candidatos ni para el Instituto Nacional Electoral (INE), sino para nosotros, los ciudadanos.
El mayor desafío será la participación. Las encuestas anticipan un desinterés alarmante: la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral. Un número irrisorio si consideramos que lo que está en juego es la justicia misma. Pero, ¿cómo pedir mayor interés cuando los ciudadanos no conocen a los candidatos? Sin partidos políticos que los respalden, sin financiamiento para publicidad y sin la maquinaria de las campañas tradicionales, la mayoría de los aspirantes luchará por hacerse visible en un mar de desconocimiento.
El reto es mayúsculo. Para los votantes, informarse y conocer los perfiles de quienes aspiran a impartir justicia. Para los candidatos, darse a conocer con herramientas limitadas. Para el INE, organizar una elección inédita con menos recursos, menos casillas y un modelo sin precedentes. Y, sin embargo, más allá de las dificultades logísticas y políticas, lo realmente crucial es comprender lo que esta elección significa: el futuro de la justicia en México estará definido por quienes lleguen a esos cargos.
Nos guste o no, el 1 de junio elegiremos a quienes tendrán en sus manos la impartición de justicia en el país. La oportunidad es histórica, pero también el riesgo. Porque si no participamos, si no nos informamos, si votamos sin criterio, el resultado será una justicia débil, ineficiente y quizás más politizada de lo que pretendía evitarse. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad?