Desde AMATUR, la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo, seguimos denunciando y solicitando que se atiendan aquellas barreras u obstáculos que inhiben o afectan la competitividad de nuestros principales destinos turísticos. Una de las que más nos preocupa y ocupa son los constantes obstáculos que enfrentan las unidades de transportación turística con placas federales, particularmente en Cozumel, Nayarit y Los Cabos.
En Los Cabos, parece haber resurgido nuevamente ese interés de las autoridades por aplicar normativas absolutamente inconstitucionales, que establecen ilegalmente que los permisionarios federales para poder circular, deben obtener un permiso del estado. Y sí, existe dicha ley y semejante articulado prohibicionista, emitido en protección del gremio taxista en administraciones anteriores, pero totalmente anticonstitucional, toda vez que ninguna ley estatal puede estar por encima de una ley federal.
Inconstitucionales e ilegales también las inspecciones que autoridades municipales practican a las unidades con placas federales, con la complacencia del personal de seguridad de algunos hoteles, ya que los municipios no tienen injerencia, facultades, ni atribuciones establecidas por ley alguna para ejercer tales prácticas.
Lo que no observan las autoridades de los tres niveles de gobierno, es que estas prácticas amedrentan e intimidan a los turistas, que demeritan la calidad de la experiencia, toda vez que significan incomodidades, retrasos y temores, lo que al mismo tiempo hace que los recursos destinados a la promoción sean un desperdicio.
Eventualmente surgen “adalides” de la justicia, que se aparecen como negociadores en el conflicto, pero que sólo buscan lucimiento personal, protagonismo o afanes políticos.
Lo que necesitamos es que se entienda que el turismo es una prioridad, una alternativa de desarrollo económico y que no se puede atentar ni contra la imagen de los destinos ni contra el confort y satisfacción del turista.
El tema es fácil de entender; las placas federales de turismo fueron establecidas para ofrecer servicios de calidad de carácter internacional a TODOS los turistas, en TODAS las vías de comunicación y lo que se debe privilegiar es el LIBRE DERECHO de todos los turistas a elegir el tipo de transportación que más les convenga. Nuestros representados realizan servicios PRECONTRATADOS, no circulan por la calle, levantando turistas. ¿Es eso tan difícil de entender?
¿Por qué decimos NO al RETUR Q en Quintana Roo?
Es simple, porque para el gobierno será como “cazar en el zoológico” …
El propietario de una casa, una villa, o un condominio que renta en Airbnb, no se registrará en el RETUR Q; prefiere seguir en el anonimato.
Los propietarios de lanchitas sin salvavidas y sin seguros que ofertan sus servicios a Isla Mujeres seguirán haciéndolo sin registrarse en el RETUR Q.
Los “piratas” que ofrecen servicios de transportación clandestina en el aeropuerto y otras instancias, seguirán haciéndolo sin RETUR Q; libremente.
Sólo una campaña multinacional en diversos idiomas que informe a TODOS los turistas del mundo mundial, que, por su seguridad y confort, sólo deben comprar en el Caribe Mexicano en aquellos establecimientos que ostenten el RETUR Q podría hacer que el multicitado registro funcione; mientras esa campaña no exista, que dudo mucho llegara a implementarse por una cuestión de recursos, el RETUR Q será simplemente una herramienta de recaudación; es decir, “cazar en el zoológico” … Al tiempo.
