Ahora que se están preparando diversos proyectos y planes de gobierno de cara a la entrada de una nueva administración en Quintana Roo, se hace necesario romper paradigmas y viejos esquemas en los que se venían privilegiando los intereses particulares y de grupo y se respondía a necesidades más de orden político, para pasar ahora a un orden en el que el verdadero protagonista y beneficiario de la acción política y de gobierno sea el ciudadano.
En el tema del transporte público, por ejemplo, durante años lo que ha prevalecido es un entorno de protección y favoritismo hacia los sindicatos, lo que no necesariamente ha significado beneficio para sus agremiados y mucho menos para la sociedad a la que supuestamente se sirve.
La problemática de los sindicatos de taxistas en el estado es generalizada y es común. En todos los casos, los líderes sindicales, secretario general y principales allegados se han enriquecido en lo personal de manera ilícita a costa de los socios; han desviado recursos en su mayoría provenientes de las diversas cuotas que pagan los agremiados y se han beneficiado en lo personal sin transparentar las finanzas de las agrupaciones que representan, en la mayoría de los casos ante la pasividad y complicidad de las autoridades en turno.
El escenario se repite en prácticamente todos los sindicatos de taxistas del estado, que se han alejado por mucho del propósito de ser una unión que vigile por el bienestar de los agremiados.
Han servido los sindicatos para financiar campañas políticas, para ofrecer dádivas a políticos y funcionarios en turno; han sido plataforma de aspiraciones políticas y han servido también para, en contubernio con los gobernadores en turno, incrementar de manera desordenada y excesiva la oferta de taxis y otro tipo de transporte público en el estado, generando con ello desorden, caos vial, descontento de trabajadores del volante y conflictos serios con otros transportistas y actores del escenario turístico.
Los llamados ´martillos´, operadores de taxi, carecen de prestaciones de ley, no cuentan con seguridad social ni la posibilidad de fondos para el retiro, y los recursos supuestamente existentes en los sindicatos para defunciones y jubilación han sido desviados en una suerte de peculado.
Los propietarios de taxis no pagan impuestos, no contribuyen a la promoción de sus ciudades, viven en el anonimato y apoyan a este escenario enrarecido y de conflicto con prácticamente toda la sociedad.
La sobreoferta de taxis en todo el estado, el manejo turbio de los sindicatos, la entrega de placas de manera discrecional y arbitraria que es utilizada para pagar favores políticos o para enriquecer a unos cuantos, la falta de servicios de calidad en la prestación de servicios de taxi y el conflicto que mantienen con otras muy diversas organizaciones hacen necesaria la intervención urgente del nuevo Gobierno, no solo para poner orden ante la inminente posibilidad de un estallido social, sino para romper paradigmas y establecer un totalmente nuevo y diferente estado de cosas.
Es indispensable ahora proponer alternativas, que van desde la capacitación y fomento de la competitividad para los taxistas hasta la apertura total del transporte en el estado, permitiendo que personas físicas y morales puedan solicitar concesiones de transporte estatal sin tener que pertenecer a un sindicato y con ello reformar al mismo tiempo de manera integral la Ley Estatal de Transporte.
Quintana Roo es un estado dinámico y ejemplar en muchos sentidos y merece tener nuevos y mejores sistemas de transporte público que incorporen tecnología, que privilegien la aparición de nuevos servicios, como por ejemplo el internacionalmente demandado UBER, entre otros, que considere a los usuarios con capacidades diferentes y sobre todo y de manera especial que coloquen al ciudadano en el centro del escenario como protagonista principal.
Es inadmisible que la gente tenga que invertir hasta cuatro horas de su tiempo al día para ir y venir a sus centros de trabajo. No hemos aprovechado nuestro maravilloso cuerpo lagunar en Cancún, por ejemplo, para incorporar sistemas como los que existen en diversas ciudades del mundo, en donde aprovechando el recurso acuático se han diseñado transportes urbanos rápidos, eficientes, mucho menos contaminantes, que ofrecen un viaje agradable y que al final significan una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
El transporte en Quintana Roo merece un tratamiento integral que sin duda debe incluir andadores, calles peatonales, rescate de espacios públicos, desarrollo de ciclovías en todo el estado, y con ello el fomento de la cultura hacia el uso de la bicicleta y otros esquemas que pongan al usuario en el centro de todo y se reduzca paulatinamente la prioridad que equivocadamente se le ha concedido al automóvil.
El Sistema de Movilidad Integral de Quintana Roo debe ser una prioridad para el desarrollo sustentable.
