Sonia Magaly Ayuso Achach

El contrato de mandato o de representación, en la actualidad se relaciona con diversos problemas jurídicos, como por ejemplo, las derivadas de las facultades otorgadas dentro de los mismos y por otro lado las provenientes de las diversas apreciaciones y teorías en torno a los criterios a cerca de la irrevocabilidad de los poderes que se otorgan, es decir, en los casos en que el mandato no puede ser revocado ni renunciado cuando en su otorgamiento se hubiera estipulado (artículo 2852 del Código Civil vigente para el Estado de Quintana Roo).

En este sentido es común encontrar que las personas traspasan, transfieren, ceden y renuncian de manera real, definitiva e irrevocable sin reserva ni salvedad y sin limitación alguna en favor de los cesionarios involucrados, todos los derechos y obligaciones de propiedad, posesión y ocupación que le corresponden conforme a la ley de los bienes inmuebles implicados en la transacción, acompañadas invariablemente de poderes generales en sus facultades, pero limitados en cuanto a su objeto, los cuales se hacen de carácter irrevocable.

No hay que perder de vista que la supuesta irrevocabilidad de un poder, se encuentra sujeta, como señala el artículo 2852 C.C. con las obligaciones previamente adquiridas por el otorgante, en este caso dicha obligación deberá acreditarse mediante el contrato correspondiente donde se haya establecido dicha condición y que muchas veces nos encontramos en la realidad que los “poderes irrevocables” que se nos presentan no cumplen con dicho requisito, situación que es causal de nulidad del mismo, al no acreditarse dicho extremo.

En conclusión, podríamos resumir que para garantizar una sana circulación del patrimonio de las personas y en cumplimiento de los fines propios del ejercicio del notariado encaminados a dar autenticidad, certeza jurídica, fuerza probatoria, fuerza ejecutiva y en su caso, solemnidad, a las declaraciones de voluntad de las partes que intervienen en las escrituras públicas otorgadas ante su fe, se debe de establecer criterios mas estrictos para el otorgamiento de este tipo de actos en las diversas notarias del Estado, ya que con ello se aumentan los riesgos por posibles conflictos derivados de la tenencia de la tierra, dotando de fuerza y validez a un acto “per se” inválido, se arraigan en la sociedad malas prácticas y se institucionaliza la evasión de impuestos.

Quedo como siempre a sus órdenes para cualquier duda o comentario respecto de este y otros temas que hemos abordado a lo largo de este tiempo, pongo a su disposición en mi correo donde me pueden contactar: ramador@notaria75qroo.com  o al teléfono (998) 2800615 y (998) 2518083 . 

Hablando legalmente

Sonia Magaly Ayuso Achach

Notario público 75

contacto@notaria75qroo.com

(Parte 2)

El gobierno digital, conocido como e-gobierno, promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que conforman la administración pública, que ofrecen entre otros beneficios los siguientes: 

* Mayor cobertura a los servicios y trámites electrónicos del gobierno, para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a estos a través de medios electrónicos con seguridad y rápidez, sin la necesidad de acudir a las oficinas de manera presencial.

* Mayor transparencia y facilidad en el acceso a la información pública gubernamental. 

* Automatización de trámites y procesos que permitan la respuesta más inmediata a las peticiones o solicitudes de documentos, constancias, actas, archivos históricos, etc., que reduzca los tiempos de espera y la carga de trabajo, para el personal de la administracion pública que les permita realizar y enfocarse en otras actividades más complejas e importantes.

Para lograr las acciones propuestas, en 2005 el gobierno federal emitió el acuerdo por el cual se estableció la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tuvo como propósito apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico.

Sin embargo, hasta la fecha, realmente no ha permeado a toda la estructura y niveles de gobierno, encontrándonos actualmente con cientos, tal vez miles de municipios en el país que no cuentan, por ejemplo, con una página en Internet y aquellos pocos afortunados que sí cuentan con la misma, son meros pizarrones de actividades sociales o muros de la ignominia, donde exponen y desnudan sus pírricos resultados, preocupados más en ensalzar la imagen del político que patrocinan, que ser un verdadero esfuerzo por establecer auténticos canales de comunicación con los ciudadanos, donde se aproveche al máximo el potencial que esos portales pueden alcanzar en lograr múltiples fines, tales como incrementar la recaudación (a traves del cobro de predial, por mencionar el ejemplo de la principal fuente de recursos de una municipalidad), transparentar el uso de los recursos públicos, difundir información estadística y económica, facilitar los trámites, eficientar los recursos (materiales y humanos), etcétera. 

Sonia Magaly Ayuso Achach

Notario público 75

contacto@notaria75qroo.com

(Parte I)

A raíz de la crisis de salud en que vivimos inmersos en la actualidad, derivada de la pandemia provocada por el Covid-19 y en general, a la crisis en nuestras instituciones, que se ha venido gestando por años y años de corrupción y opacidad en el manejo de recursos del sector público, nos han hecho en muchas formas, una sociedad indiferente, que ha normalizado algunas malas prácticas (como la famosa ¨mordida¨) a efecto de evitar sanciones, agilizar trámites y/o para obtener ventajas económicas indebidas, incluso ilícitas.

La aceptación de este tipo de situaciones e inclusive su ¨normalización¨, como ya dije, nos ha llevado a tolerar la tramitología que se nos impone para realizar y desarrollar nuestra vida cotidiana (tanto personal y más aun en las actividades económicas).

En ese sentido, instituciones como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer) han hecho muchos esfuerzos por evidenciar lo estéril e inclusive lo “ridículo” de algunos trámites, que son aderezados con trabas administrativas que sólo suelen ser resueltas, invariablemente, mediante el otorgamiento de una dadiva al funcionario en cuestión, con el objetivo de mejorar las perspectivas para los ciudadanos, agilizando los trámites y abatiendo de esta manera la corrupción.

Y es que con todo respeto, me parece muy iluso creer que la corrupción sólo se dé en las altas esferas de gobierno, con los negocios multimillonarios que ahí se generan al amparo de poder político. Sin embargo, parecen olvidar nuestras autoridades que la corrupción viene desde mucho más abajo que el nivel de secretarías de estado o de gobierno, allá en la oficina más humilde del gobierno municipal en la que se quiera tramitar un permiso o licencia (usted amigo lector, imagine la oficina que se le ocurra, seguramente, existe algún ejemplo de corrupción, que será el aceite que lubrica la enorme maquinaria que es nuestro gobierno). 

Es por ello que es de vital importancia dar el debido seguimiento a la estrategia del “gobierno digital”, la cual tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública, para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.