Gobierno digital

Sonia Magaly Ayuso Achach

Notario público 75

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(Parte I)

A raíz de la crisis de salud en que vivimos inmersos en la actualidad, derivada de la pandemia provocada por el Covid-19 y en general, a la crisis en nuestras instituciones, que se ha venido gestando por años y años de corrupción y opacidad en el manejo de recursos del sector público, nos han hecho en muchas formas, una sociedad indiferente, que ha normalizado algunas malas prácticas (como la famosa ¨mordida¨) a efecto de evitar sanciones, agilizar trámites y/o para obtener ventajas económicas indebidas, incluso ilícitas.

La aceptación de este tipo de situaciones e inclusive su ¨normalización¨, como ya dije, nos ha llevado a tolerar la tramitología que se nos impone para realizar y desarrollar nuestra vida cotidiana (tanto personal y más aun en las actividades económicas).

En ese sentido, instituciones como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer) han hecho muchos esfuerzos por evidenciar lo estéril e inclusive lo “ridículo” de algunos trámites, que son aderezados con trabas administrativas que sólo suelen ser resueltas, invariablemente, mediante el otorgamiento de una dadiva al funcionario en cuestión, con el objetivo de mejorar las perspectivas para los ciudadanos, agilizando los trámites y abatiendo de esta manera la corrupción.

Y es que con todo respeto, me parece muy iluso creer que la corrupción sólo se dé en las altas esferas de gobierno, con los negocios multimillonarios que ahí se generan al amparo de poder político. Sin embargo, parecen olvidar nuestras autoridades que la corrupción viene desde mucho más abajo que el nivel de secretarías de estado o de gobierno, allá en la oficina más humilde del gobierno municipal en la que se quiera tramitar un permiso o licencia (usted amigo lector, imagine la oficina que se le ocurra, seguramente, existe algún ejemplo de corrupción, que será el aceite que lubrica la enorme maquinaria que es nuestro gobierno). 

Es por ello que es de vital importancia dar el debido seguimiento a la estrategia del “gobierno digital”, la cual tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública, para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.

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