Hablando legalmente
Sonia Magaly Ayuso Achach
Notario público 75
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(Parte 2)
El gobierno digital, conocido como e-gobierno, promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que conforman la administración pública, que ofrecen entre otros beneficios los siguientes:
* Mayor cobertura a los servicios y trámites electrónicos del gobierno, para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a estos a través de medios electrónicos con seguridad y rápidez, sin la necesidad de acudir a las oficinas de manera presencial.
* Mayor transparencia y facilidad en el acceso a la información pública gubernamental.
* Automatización de trámites y procesos que permitan la respuesta más inmediata a las peticiones o solicitudes de documentos, constancias, actas, archivos históricos, etc., que reduzca los tiempos de espera y la carga de trabajo, para el personal de la administracion pública que les permita realizar y enfocarse en otras actividades más complejas e importantes.
Para lograr las acciones propuestas, en 2005 el gobierno federal emitió el acuerdo por el cual se estableció la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tuvo como propósito apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico.
Sin embargo, hasta la fecha, realmente no ha permeado a toda la estructura y niveles de gobierno, encontrándonos actualmente con cientos, tal vez miles de municipios en el país que no cuentan, por ejemplo, con una página en Internet y aquellos pocos afortunados que sí cuentan con la misma, son meros pizarrones de actividades sociales o muros de la ignominia, donde exponen y desnudan sus pírricos resultados, preocupados más en ensalzar la imagen del político que patrocinan, que ser un verdadero esfuerzo por establecer auténticos canales de comunicación con los ciudadanos, donde se aproveche al máximo el potencial que esos portales pueden alcanzar en lograr múltiples fines, tales como incrementar la recaudación (a traves del cobro de predial, por mencionar el ejemplo de la principal fuente de recursos de una municipalidad), transparentar el uso de los recursos públicos, difundir información estadística y económica, facilitar los trámites, eficientar los recursos (materiales y humanos), etcétera.