Con la premisa de presentar estrategias para lograr una mejor calidad de vida para las familias, la senadora Mayuli Martínez encabeza una agenda legislativa enfocada en impulsar la economía y garantizar la seguridad de los ciudadanos
El trabajo legislativo requiere conocimiento de las necesidades de la población representada y voluntad para encaminar acciones que beneficien a todos los sectores.
Dos décadas en el quehacer político y público respaldan la trayectoria de Mayuli Martínez, chetumaleña de nacimiento que desde el Senado de la República en la LXV Legislatura ha presentado diversas iniciativas; algunas han prosperado, con el aval de los panistas y de otras bancadas; sin embargo, otras se han quedado en el tintero pero no por ella olvidadas, pues la senadora asegura que seguirá pugnando porque se aprueben, a partir del sustento del beneficio que representarían para un gran número de familias que todavía, a dos años de pandemia, siguen resintiendo el impacto de la crisis que generó la emergencia sanitaria.
Particularmente como integrante de la Comisión de Turismo, fue pieza clave para que hoy, Quintana Roo ya tenga una corporación de la Guardia Nacional con enfoque turístico, lo cual servirá para garantizar una mayor seguridad a los destinos del Caribe Mexicano, en tiempos que se requiere que nada empañe la reactivación económica.
LA ENTREVISTA
Ante los efectos negativos desde el inicio de la pandemia, ¿Cuáles fueron las acciones de Mayuli Martínez desde el Senado para apoyar a los ciudadanos que representas?
Conscientes del enorme impacto en las familias mexicanas, presenté una iniciativa para expedir la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, a fin de evitar un daño económico mayor en el país.
Entre otras cosas, establecía la propuesta de apoyar con un Ingreso Básico Universal de $3,207.00 pesos por mes, que corresponde a la línea mínima de bienestar establecida por el Coneval, por parte del Gobierno Federal, para los trabajadores formales e informales que han perdido su empleo, su fuente de ingresos.
Además, apoyar a microempresarios con 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses, a fin de que contaran con la liquidez necesaria para pagar sueldos y no se vieran en la necesidad de despedir trabajadores.
También contemplaba otorgar a las MiPymes un aplazamiento del pago de impuestos y aportaciones de carácter fiscal, durante seis meses sin que causen intereses, ni se impongan multas.
¿Y en términos de apoyo fiscal ante la difícil situación que enfrentaron las empresas de todos los niveles?
En ese rubro, la iniciativa pugnaba por restablecer la compensación universal a efecto de facilitar el pago de las contribuciones y dar mayores beneficios de liquidez a los contribuyentes.
Además, exención de pago de ISR a las personas físicas que tengan ingresos inferiores a 10 mil pesos mensuales y a MiPymes, por el tiempo de la emergencia.
También, reducir los plazos para que la autoridad hacendaria efectuara la devolución de los saldos a favor a los contribuyentes.
Asimismo, establecer un programa emergente de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la banca de desarrollo, con condiciones blandas y otorgar un subsidio del cien por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la gasolina y el diésel a las empresas dedicadas al autotransporte de carga, para garantizar el abasto de productos básicos.
Particularmente en un aspecto importante para Quintana Roo, reducir el IVA en la zona fronteriza del norte y sur del país e instrumentar un programa emergente de inversión pública, que otorgue prioridad en la asignación de obras a proveedores nacionales e incentive la generación de empleo.
TURISMO, CLAVE
En Quintana Roo, como en otras entidades, el turismo es motor de la economía, ¿cuál es la visión del Senado en el panorama de reactivación?
Es innegable que ante el contexto económico y social que vivimos, es urgente definir una política de Estado que permita asegurar a los mexicanos la estabilidad económica, pero, sobre todo, que impulse verdaderamente un desarrollo económico que se traduzca en mayores y mejores beneficios, empleos bien remunerados y en mejor calidad de vida para todas y todos y cada uno de los mexicanos.
Con esa visión, presentamos una iniciativa de reforma constitucional que tiene como principal objetivo reconocer a la industria turística como una actividad prioritaria nacional.
Desde su origen, en la década de los 40, la actividad turística en México ha mantenido un incremento anual con beneficios múltiples y diversos, lo que permite al país no solo obtener divisas, sino también generar empleos, negocios, cuidado al medio ambiente, intercambio cultural, fortalecimiento de relaciones amistosas con otros países, entre muchos otros beneficios sociales.
¿Por qué prioridad nacional?
Por ser una actividad totalmente transversal, con beneficios múltiples y diversos, generador de empleos, oportunidades de negocio, generador de divisas, con la capacidad de poder impulsar la renovación integral de comunidades enteras, es que proponemos que el turismo sea declarado constitucionalmente como área prioritaria para el desarrollo nacional.
La iniciativa contempla impulsar permanentemente al sector, donde el presidente de la República y la Cámara de Diputados deberán mantener una asignación de recursos y de infraestructura e inversión turística de forma progresiva, con asignaciones al alza año con año.
Asimismo, conscientes de que el progreso de nuestro país no se puede limitar a la generación de riqueza lisa y llanamente, es necesario darle herramientas a la población para procurar un desarrollo social que redistribuya la riqueza.
SEGURIDAD EN DESTINOS TURÍSTICOS
Sin embargo, el aspecto de la seguridad es clave, para garantizar el desarrollo de la actividad turística en un ambiente de bienestar, tanto para los visitantes, como para los prestadores de servicios…
Claro; de acuerdo con cifras oficiales, a inicios de 2019 el turismo representaba el 8.7 por ciento del PIB nacional, generaba 10 millones de empleos directos e indirectos y era la segunda fuente de Divisas de México y una actividad en crecimiento anual.
Por todo ello, en febrero de 2019, cuando se aprobó en el Senado la creación de la Guardia Nacional, uno de los puntos que defendí fue que contemplara atender las zonas turísticas de México con una perspectiva especial, que permita la sana convivencia en los destinos y se contrarreste la presencia delictiva.
La propuesta aprobada considera una capacitación policial profesional permanente para responder adecuadamente con agilidad y prontitud ante hechos delictivos, garantizando la seguridad, la atención y la protección de la población y de los turistas. Formación jurídica y en derechos humanos, para prestar apoyo, auxilio y orientación al turista mediante protocolos que garanticen un trato respetuoso y cordial, y que salvaguarden sus derechos humanos, así como sus pertenencias.
¿Qué estrategias incluye esta Ley de la Guardia Nacional, en el enfoque hacia los destinos turísticos, como el Caribe Mexicano?
Contempla la capacitación turística que les permita dominar otros idiomas como el inglés, contar con el conocimiento del patrimonio turístico y cultural de la región turística donde se encuentren, y contar con conocimientos de reglas de trato social, a fin de garantizar una proximidad hacia el turista, transmitirles confianza y seguridad, garantizarles apoyo y auxilio, y brindarles orientación e información que requieran.
De igual manera se contempla una vestimenta con diseño armónico a la zona turística que permita transmitir al turista el mensaje de que es parte del entorno, evitando una visión de alerta y por el contrario transmita confianza, tranquilidad y seguridad. Además, armamento estratégico y discreto para no generar una imagen de alarma y hostilidad en la zona turística, pero efectivo para responder ante cualquier hecho de inseguridad.
Precisamente en este mes, Quintana Roo estrenará este cuerpo especial de seguridad…
Sí, si bien hace dos años mi propuesta fue aprobada de manera unánime por todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, recientemente se convirtió en realidad, con el anuncio del gobierno federal de instalar en la Riviera Maya un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional, el cual entra en operaciones precisamente a partir del 1 de diciembre del presente año. Desde este punto se implementará una estrategia de seguridad para Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, y contará con un grupo de mil 445 elementos.
¿También contemplan propuesta para elevar recursos en este ramo?
Por supuesto; de manera paralela, para reforzar la seguridad en los municipios de México, presenté un exhorto a la Cámara de Diputados para que en 2022 se contemplen recursos por cuatro mil 400 millones de pesos para reforzar la seguridad y reducir la brecha de desigualdad social en los municipios turísticos.
Por un lado, un fondo de 3 mil millones de pesos para el reforzamiento de las corporaciones policiales municipales y adicionalmente, mil 400 millones de pesos para mejorar los servicios públicos de las colonias y comunidades aledañas a las zonas turísticas, como pavimentación, guarnición, banquetas, drenaje, recolección de basura, espacios verdes, alumbrado público, parques de convivencia y áreas deportivas.
¿Esto no representará más gastos al gobierno federal?
Para nada; mi planteamiento de utilizar mil 400 millones de pesos para las colonias no representará una carga para el gobierno federal, porque propongo tomarlos del impuesto que pagan los visitantes extranjeros al ingresar al país, es decir, del cobro del Derecho de No Residente (DNR).
De acuerdo con cifras oficiales, la última recaudación lograda en 2018, antes de la crisis económica, ascendió a los 7 mil millones de pesos, se espera que, con la crisis económica superada, se destinen anualmente entre los municipios con destinos turísticos mil 400 millones de pesos, correspondientes al 20% de la recaudación total por DNR.
RECURSOS Y ESTRATEGIAS CONTRA EL SARGAZO
Por otro lado, hablemos del sargazo, ese visitante no grato que ya se volvió recurrente en las costas de Quintana Roo…
Para atender la afectación causada por el recale masivo del sargazo, en 2019 y en el presente año propuse un acuerdo para destinar mil 122 millones de pesos para atender este problema con la participación de los tres órdenes de gobierno.
La propuesta para financiar la estrategia de atención al recale masivo del sargazo en 2022 consiste en integrar una bolsa económica de mil 122 millones de pesos.
También propuse una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para destinar un 25% de la recaudación lograda por el uso, goce y aprovechamiento de playas, de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), y el 15% de los recursos recaudados por el Derecho de No Residente (DNR) que pagan los visitantes extranjeros al ingresar al país.
El daño a varios sectores y a la propia población es innegable…
Por eso propuse modificar la Ley General de Protección Civil, con el objeto de incorporar el fenómeno del sargazo, para que, ante la afectación, sea declarado como una emergencia o desastre natural, y en consecuencia se preste el auxilio a la población, y la entidad afectada pueda acceder a los recursos federales.
Además, puse a consideración del pleno reformar la Ley General de Cambio Climático para incluir el fenómeno del sargazo dentro de la política nacional de adaptación al cambio climático y en la estrategia nacional para enfrentar los efectos de cambio climático; incorporarlo dentro de las acciones contempladas en la participación de los gobiernos municipales, estatales y federal, así como de los sectores social, privado y académico en materia de cambio climático y acceder al Fondo de Cambio Climático previsto en la ley como fuente de financiamiento, para destinar recursos suficientes para la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mitigar, controlar y definir el uso del sargazo.
Mucho se ha hablado de la urgencia de impulsar también el sur de Q. Roo, para que el desarrollo se equipare con la situación de los municipios del norte de la entidad. Particularmente, en el aspecto del IVA a Chetumal, ¿cuál es su postura?
Yo he mantenido una defensa firme de la economía de Chetumal; de hecho, en 2015 cuando ocupaba el cargo de regidora en el Cabildo de Othón P. Blanco defendí la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento. Un año más tarde hice lo mismo como diputada local en el Congreso de Quintana Roo.
Ahora como senadora, en el 2018, 2019, 2020 y 2021, he presentado puntos de acuerdo exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se contemple una disminución del IVA a toda la región fronteriza que abarque la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.
Lamentablemente, con todo el sustento, consideraciones económicas expresadas y acciones realizadas, ni el Ejecutivo Federal, ni la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, consideraron estas propuestas, por lo que la tasa del IVA no se modificó en la Ley del IVA.
Pero sí se hicieron modificaciones, el gobierno federal lo anunció…
A finales de diciembre de 2020 el presidente de la República firmó un Decreto para reducir el IVA en la frontera sur del país de un 16% a un 8%, sin embargo se trata de una determinación limitada a determinadas operaciones de comercio y a un padrón de comerciantes, a un número reducido de municipios que no contemplan el total de la región fronteriza sur, excluyendo y dejando fuera un número importante de actos de comercio, lo que no representa el impulso que requiere la región para un desarrollo económico, ante la crisis económica originada por la pandemia.
Además, los efectos del Decreto están limitados al 2024, y en cualquier momento puede ser modificado o abrogado por el Ejecutivo federal.
Este Decreto no suple el impacto y los beneficios de lo que representó el establecimiento de una taza del 8% en la Ley del IVA, la cual era general, no excluía ni hacía menos, era permanente, no quedaba a capricho del Ejecutivo Federal, daba seguridad y certeza a la población, y sobre todo, la ciudadanía notaba los beneficios en su economía familiar.
